El Estado tiene 'descontrolados' inmuebles e infraestructuras valorados en 104.000 millones
El Tribunal de Cuentas constata un agujero en la Seguridad Social de 98.000 millones en 2023 y pide medidas
Reunión de Consejo de Ministros en La Moncloa. | Europa Press
La Administración General del Estado (AGE) tiene infraestructuras, bienes e inmuebles valorados en 104.000 millones que no están vinculados a ningún sistema informático de gestión de inventarios. Eso deja a este material inmovilizado fuera de un control exhaustivo, con importantes efectos en el cálculo de amortizaciones. Así lo recoge un extenso informe del Tribunal de Cuentas analizado por THE OBJECTIVE en el que se fiscaliza la Cuenta General del Estado de 2023.
El trabajo destaca que los saldos de las cuentas de inmovilizado cuyo control y seguimiento no se encuentran vinculados a los sistemas CIBI o Sorolla ascienden a 113.711 millones de euros. De esta cantidad, 9.555,5 millones están vinculados a inmovilizado intangible -patentes, marcas registradas, derechos de autor o software-. «La amortización de estos activos se determina sobre la variación del ejercicio, en lugar de calcularse en función del valor contable del bien correspondiente y de su vida útil, como se prevé en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP)», señala.
El Tribunal de Cuentas indica que no están contabilizados valores del suelo de la red de carreteras del Estado, ni tampoco
los de las áreas de servicio. Tampoco lo están otros bienes demaniales cuya titularidad corresponde al Estado, «por carecer la AGE de información que permita su valoración».
Inmuebles de la Seguridad Social
Además, señala que la inexistencia de un sistema de control interno adecuado en la Autoridad Portuaria de Baleares impide acreditar la valoración de determinados saldos de inmovilizado por 66,5 millones de euros. En cuanto a la Seguridad Social, el informe apunta que dispone de aplicaciones informáticas desarrolladas y puestas en explotación con medios propios que no figuran contabilizadas en el epígrafe del «balance de inmovilizado intangible por carecer de una valoración para proceder a este registro».
El organismo fiscalizador apunta como relevante que el proceso para el registro contable, de forma independiente, del terreno y la construcción de los inmuebles de la Seguridad Social no está concluido. Esto ocasiona, según el Tribunal de Cuentas, el incumplimiento de la Norma de Reconocimiento y Valoración (NRV) 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
El valor neto contable de los elementos en esta situación es de 403 millones de euros, y como en 2022, las dos entidades más afectadas son el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por 208,6 y de 153,5 millones, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas indica que «estos importes están infravalorados en una cuantía que no resulta posible determinar, ya que en algunos casos el terreno no está contabilizado». Mientras, en otros casos, los terrenos están contabilizados junto con la construcción, lo que ocasiona la indebida amortización del suelo y, en consecuencia, una disminución de estas valoraciones. Además, destaca, que «el resultado económico patrimonial de 2023 podría estar infravalorado por la posible dotación a la amortización de algunos de estos terrenos».
Deuda de la Seguridad Social
El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2023, pero el Pleno ha manifestado algunas incidencias que ha instado a corregir. Entre estas salvedades figura la sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 3.211,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado.
Además, ha destacado la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación por 1.347, 2 millones de euros que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos. Junto a esto, existe una sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 9.536,3 millones de euros y la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por 2.617,1 millones de euros.
Sostenibilidad del sistema de pensiones
Por séptimo año consecutivo, la Seguridad Social presentó a finales de 2023 un patrimonio negativo de más de 98.500 millones de euros. Este agujero ha sido financiado principalmente a través de préstamos del Estado, que suman un importe acumulado de 116.166 millones de euros. Esta cantidad es equivalente al 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB).
Este asunto preocupa especialmente al Tribunal de Cuentas, que lleva advirtiendo varios ejercicios sobre esta situación. Como han hecho otras instituciones, el organismo ha emplazado a que se tomen medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. También indica que el saldo del principal de la Deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2023, a 1,4 billones de euros, un 5% más que en la misma fecha de 2022.
A la vista de lo señalado anteriormente, el fiscalizador de las cuentas públicas sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y que, además, modifiquen la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera. También se propone la adopción de medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social.