El 52% de las ofertas de alquiler en Barcelona son de temporada, frente al 15% de Madrid
Dos años después de la ley de Vivienda hay 120.000 pisos menos en el mercado y los precios se han disparado
Una mujer pasando por el escaparate de una inmobiliaria.
Esta semana se cumplen dos años de la entrada en vigor de la ley de Vivienda. Una ley que, a juzgar por la situación de la vivienda en toda España, no ha resuelto ninguno de los problemas del mercado del alquiler que aspiraba a solucionar. De hecho, la oferta de vivienda en alquiler disponible no ha dejado de caer y se ha producido un importante trasvase a alquileres de temporada o a la venta en lugares como Barcelona. En 2024, el total de inmuebles comercializados en España fue de 734.662, una reducción de más de 120.000 viviendas en tan solo dos años. Para este 2025, la previsión es que la cifra siga disminuyendo hasta las 681.920, según un informe del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
Dos años después, la realidad, según este informe, es que la ley de Vivienda ha supuesto un «mazazo» para la oferta de alquiler residencial en Barcelona, según el informe. «Muchos propietarios han huido hacia alternativas que perciben como más seguras», añaden. De hecho, mientras que en territorios como Madrid el 15% de los inmuebles promocionados son arrendamientos temporales, en la provincia catalana este porcentaje se eleva hasta el 52%. Es decir, más de la mitad de la oferta de vivienda en Barcelona se comercializa en modalidad de temporada.
Más vivienda vacía
La ley de Vivienda permite a las autoridades autonómicas declarar zonas tensionadas en sus territorios. Entre otras cuestiones, esta decisión permite limitar los precios del alquiler para evitar que puedan subir al finalizar el contrato de alquiler. Barcelona fue la primera en introducir esta medida en marzo de 2024. El propósito de esta medida era frenar las subidas de precios y promover el acceso a la vivienda. Sin embargo, la oferta de vivienda se ha reducido desde entonces y, pese a las limitaciones de precios, Barcelona se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, con un precio medio que ha pasado de los 1.302 euros a los 1.649 euros desde la aprobación de la ley de Vivienda, según el Observatorio.
Además, y aunque en menor medida, también se aprecia un aumento de la vivienda vacía en esta provincia. Por ejemplo, en el caso de la capital, ha crecido desde el 1,2% que calculaba el Ayuntamiento de la ciudad condal en 2019 hasta el 9,3% actual. Si se compara con ciudades similares, como Madrid (6,3%), se encuentra tres puntos por encima. Así las cosas, no es de extrañar que la presión de la demanda se haya disparado hasta cotas sin precedentes, dibujando una situación de grandes dificultades para que los inquilinos puedan acceder a una vivienda en Barcelona. Hace dos años, cada inmueble que salía al mercado contaba con unos 77 interesados. Pero ahora la cifra se ha multiplicado hasta alcanzar los 341.
Sobrerregulación e inseguridad jurídica
Además, según un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos, España impone una carga más elevada que el resto de países sobre la adquisición de la vivienda, la tenencia y la enajenación de la misma. Es decir, la vivienda está más gravada en España en las tres fases de la vida de la misma, compra, tenencia y posterior venta. Esto supone una mayor presión fiscal sobre los hogares y las empresas y también afecta negativamente al mercado inmobiliario.
A esta mayor tributación hay que añadir la carga que introduce la sobrerregulación que afecta al mercado inmobiliario y en especial la que se produce «mediante los controles de precios, que ha generado inseguridad jurídica y una retirada de inmuebles del mercado», según el IEE. De hecho, el estudio La fiscalidad de la vivienda en España. Una propuesta de mejora’ asegura que uno de los elementos que están detrás de la escasez de oferta en el mercado inmobiliario es precisamente esa sobrerregulación que vive el sector y su negativo impacto sobre la inversión en vivienda.
En este sentido, la Ley 12/2023 que introduce el control de precios del alquiler en zonas tensionadas es un claro ejemplo, «como es el caso de Cataluña, que demuestra que esta medida es ineficaz y contraproducente, especialmente para los colectivos más vulnerables, ya que reduce la oferta de vivienda en alquiler», según el estudio. Así, consideran en el IEE que este tipo de controles de precios en los alquileres «generan inseguridad jurídica y retiran inmuebles del mercado, siendo en la práctica un impuesto implícito sobre la actividad».