El 65% del gasto público ya se dedica a partidas sociales y pensiones
El otro gran capítulo que asume el Estado desde hace años es el de los pagos de intereses de la deuda pública
Enma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | Alejandra Svriz
La protección social, básicamente pensiones y otras prestaciones sociales, representa ya el 40,69% del gasto público y el equivalente de 18,4% del Producto Interior Bruto (PIB). Si a estas cifras sumamos el gasto en sanidad —que alcanzó casi el 7% del PIB y un 14,48% del gasto público— y el de educación —que supuso un 4,27 % del PIB y un 9,26 % del gasto total—, el porcentaje se eleva casi al 65%.
Los datos, que evidencian cuáles son las principales partidas de gasto, están recogidos en el libro La factura del cupo catalán, que firman los economistas Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde. Los detalles de este análisis, que parte del acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que permitió a Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat en agosto de 2024, dejan patente la infrafinanciación de una parte de las comunidades autónomas.
Destacan los autores, que presentaron este lunes el libro en la Fundación Rafael del Pino, que la otra gran partida que viene asumiendo el Estado desde hace años son los pagos de intereses de la deuda pública. También subrayan la poca inversión en Defensa, frente a estos grandes desembolsos. Este apenas supone el 2% del total.
El gasto en pensiones
Dentro del gasto público, la principal partida corresponde a las pensiones, que en 2023 supusieron un 28% del gasto total, incluyendo tanto las pensiones del sistema general como las de clases pasivas de los funcionarios. Este gasto no parará de crecer en los próximos años con el desembarco de la generación del baby boom, la más numerosa y con largas carreras de cotización.
Por otro lado, casi todo el resto del gasto social, como sanidad, educación, dependencia y otros servicios sociales lo gestionan las comunidades autónomas. Por esta razón, la distribución territorial del gasto público en España adquiere una importancia crucial que no tiene en otros países.
Envejecimiento y financiación
En España, el envejecimiento no solo afectará a la economía y las finanzas públicas, sino también a la distribución territorial del gasto por tres vías. En primer lugar, porque la sanidad y la dependencia son competencias gestionadas y sufragadas por las comunidades autónomas. Una población más envejecida requiere un gasto mucho mayor en estas áreas. Además, este aumento en el gasto supera con creces los ahorros que se puedan generar en educación debido a la reducción de estudiantes como consecuencia de la caída de la natalidad.
En segundo lugar, porque el principal factor que influye en el déficit y la deuda pública, tanto presentes como futuros, son las pensiones. Cualquier intento de incrementar la financiación de las comunidades autónomas se enfrenta al reto de que existe una prioridad de gasto aún mayor: las pensiones (y gastos asociados, como dependencia). “Sencillamente, no hay recursos fiscales suficientes para cubrir ambos objetivos de forma sustancial al mismo tiempo”, destacan los autores.
¿Más impuestos?
De la Torre y Fernández-Villaverde destacan la recaudación de impuestos que está permitiendo equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y que proviene solo de los contribuyentes de las 15 comunidades autónomas de régimen común, excluyendo a los del País Vasco y Navarra. El problema es que España, según la Comisión Europea, aumentará su gasto público derivado del envejecimiento, es decir entre pensiones, sanidad y dependencia, del 23,9 % del PIB en 2022 al 29 % en 2070, al nivel de los más elevados de Europa, junto con los de Francia o Alemania, que son países mucho más ricos que España.
En los tres últimos años, nuestro panorama fiscal derivado del envejecimiento en 2070 ha empeorado en un 6,6%. La causa final están en los «cambios legislativos», entre ellos la reforma de pensiones impulsada por José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social. “Estos 6,6 puntos adicionales de gasto generados por la reforma Escrivá deberán financiarse de alguna manera. Si se opta por aumentar los impuestos y las cotizaciones, las subidas tendrían que ser muy significativas, lo que supondría un impacto negativo en el crecimiento económico”, destacan.
Para contextualizar, 6,6 puntos del PIB equivalen, aproximadamente, a la recaudación actual del IVA. “Esto implicaría, sin considerar las respuestas de los agentes económicos, duplicar los tipos actuales de este impuesto. Si, por el contrario, se busca evitar dichas subidas, un incremento permanente del déficit público —que, como vimos, ya es considerable, con un 3,52 % del PIB en 2023— que podría derivar en una crisis fiscal aún más grave que la de 2008-2013”.