Sanidad desconoce cómo las regiones usaron los fondos del megacontrato para la covid

El Ministerio de Sanidad solo adjudicó el 0,7% de los 2.500 millones de euros del Acuerdo Marco que el entonces responsable del departamento, Salvador Illa, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, como informó en exclusiva THE OBJECTIVE este martes. En total, las comunidades autónomas apenas hicieron uso de 18 millones para la compra de material sanitario con el que hacer frente a la covid. Sin embargo, el Ingesa, tras una pregunta de este medio, señala que «desconoce el uso último que cada servicio de salud autonómico habrá dado a los fondos que previsiblemente iba a utilizar en adquirir material para la protección contra la covid-19». 

«Los contratos que se celebran fundamentados en un acuerdo marco se denominan contratos basados. Tras la formalización del acuerdo marco de referencia, los órganos de contratación responsables de la tramitación, gestión y formalización de los contratos basados fueron los servicios de salud de las administraciones autonómicas adheridas al acuerdo marco, en orden a sus respectivas necesidades de abastecimiento, sin que exista un poder coercitivo por parte del Ingesa para que dichas administraciones autonómicas reporten información al respecto», especifica Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –organismo perteneciente al Ministerio de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco de Illa-.

El Ingesa admite que desconoce el uso que las regiones dieron a esos 18 millones pese a que el objetivo único del acuerdo marco, al que se adhirieron las comunidades autónomas y los ministerios de Defensa y del Interior, era centralizar las compras de material sanitario para garantizar el suministro a un precio razonable. Con él se pretendía ahorrar 300 millones de euros al Estado, según informó el Gobierno por entonces, y en concreto se prometió adquirir, en un plazo de dos años, 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares covid-19 (PCR) y kits de extracción. «La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes», explicaba por entonces Sanidad.

Las empresas debían informar al Ingesa

Hasta el momento se desconocía el monto total formalizado con las administraciones. Ahora, el departamento de Sanidad admite que tan solo se adjudicó un 0,7% de los 2.500 millones de euros del acuerdo marco, pero asegura desconocer el monto total finalmente ejecutado en la compra de dicho material. «No se dispone de certeza, puesto que no existía obligación por parte de los órganos de contratación autonómicos de reportar los contratos basados formalizados. Como se indica en dicho Informe de Fiscalización, existe constancia de que se formalizaron contratos por un valor de 18.703.957,64 €», explica la directora del Ingesa, Isabel Muñoz Machín, en el escrito.

Una afirmación contraria a la cláusula 15.4 del acuerdo marco, que señala expresamente que las empresas seleccionadas debían informar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de los contratos con la administración: «Los empresarios seleccionados deberán informar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a los órganos de contratación de los contratos basados del presente acuerdo marco, las demoras o roturas de stock que puedan ocasionarse durante la ejecución de los mismos».

El destino de los fondos no adjudicados

Con respecto al destino de los 2.481 millones (99,3%) restantes que no se adjudicaron a ninguna administración, el departamento de Sanidad asegura que no se ha hecho gasto de ese dinero, sin aclarar dónde ha ido a parar ese presupuesto. «La figura del acuerdo marco no implica obligaciones de gasto, ni para la Administración General del Estado como órgano de contratación, ni para las Comunidades Autónomas como entes adheridos, a diferencia de lo que ocurre con un contrato. Por ello, en ningún momento se produjo gasto alguno por la parte no ejecutada», se desprende de la resolución de Transparencia.

Según explican fuentes expertas al respecto, el acuerdo marco funciona como una estructura de contratación centralizada y voluntaria, con lo cual no implicaba un gasto automático. El dinero no utilizado debe permanecer sin ejecutar dentro del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o volver a los Presupuestos Generales del Estado, dependiendo del ejercicio fiscal y las normas de ejecución presupuestaria. Sin embargo, el Ingesa elude indicar el destino de los fondos no designados.