Red Eléctrica ficha al independentista de ERC que pilotó la desnuclearización catalana

Red Eléctrica de España (REE), a través de su matriz Redeia, ha renovado recientemente su consejo de administración con varios nombramientos que no han pasado inadvertidos. Entre ellos destaca el de Albert Castellanos Maduell como nuevo consejero independiente, con la misión de reforzar el perfil económico-financiero y regulatorio de la compañía en un contexto de transición energética y descarbonización. La designación ha generado debate por la trayectoria del economista, profundamente vinculado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido del que es militante desde 2005.

Castellanos fue uno de los hombres fuertes del expresidente catalán Pere Aragonès. Ocupó el cargo de secretario general de la macroconsejería de Vicepresidencia y Economía, y se mantuvo como figura clave en el área económica y de las exportaciones (director de la Agencia Catalana para la Competitividad de la Empresa) incluso cuando Aragonès ascendió de vicepresidente a president y decidió promocionar a la desconocida Natàlia Mas al frente de la macroconsejería de Economía. Aunque Mas contaba con un currículo brillante, cometió errores políticos como negar la fuga de empresas de Cataluña tras el proceso independentista, utilizando comparaciones parciales que minimizaban el impacto frente a Madrid.

Menos mediático, Castellanos fue durante años la mano derecha de Aragonès, y desempeñó un papel relevante en la elaboración de planes estratégicos del Govern. Desde hace más de una década ha sido un defensor activo de la viabilidad económica de una Cataluña independiente, participando en charlas, debates y artículos sobre la república catalana. También presidió un casal de ERC, lo que refuerza su perfil como militante comprometido más allá del ámbito técnico.

Estrategia de reindustrialización sin nucleares

Durante su paso por el Govern, estuvo implicado en la ejecución de políticas vinculadas al cierre progresivo de las centrales nucleares en Cataluña, una línea que se ha mantenido en los planes energéticos del socialista Salvador Illa. En este marco, impulsó proyectos para transformar económicamente zonas como Ascó o Vandellòs (Tarragona), afectadas por el cierre de las plantas. Sin embargo, estas políticas han sido objeto de críticas. Según diversas fuentes, Cataluña arrastra un déficit energético que ronda los 10.000 millones de euros anuales. En un año, Cataluña ha tenido tres directores de Energía, siendo los dos últimos un expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear y un especialista en energías renovables. Los empresarios han pedido extender la vida útil de las nucleares, mientras que las renovables sufren lentitud burocrática y resistencias tanto de grupos ecologistas como locales, como ocurrió con el polémico parque eólico de Roses.

Tras la debacle electoral de Aragonès en 2024, cientos de republicanos perdieron su puesto en el Ejecutivo autonómico, pero un año antes, Castellanos fue nombrado presidente de la Asamblea de las Regiones de Europa, un foro de cooperación interregional de 25 países. Aunque las puertas giratorias están a la orden del día en exmiembros del Consell Executiu catalán, la repentina retirada del expresident tras perder gran parte del apoyo electoral mermó las salidas institucionales de quienes formaron parte de su equipo. Castellanos es considerado hombre de confianza del indultado Oriol Junqueras, que ha recuperado peso interno en el partido frente al sector crítico liderado por Marta Rovira. Aun así, el control de Junqueras no es absoluto: en su feudo barcelonés, por ejemplo, su candidata perdió recientemente las primarias.

Este nombramiento se enmarca en una tendencia creciente: la presencia de perfiles independentistas en órganos de dirección de empresas estratégicas públicas. Ya ocurrió en RTVE, donde fueron designados Miquel Calçada “Mikimoto” y Sergi Sol, afines al independentismo, y en otras compañías como Indra. Ahora, Redeia, presidida por Beatriz Corredor —que no cuenta con experiencia previa en el sector energético, pero percibe un salario anual de más de medio millón de euros— suma a su consejo a un ex alto cargo de la Generalitat. La dependencia parlamentaria de Junts y ERC está afectando la calidad de la democracia en España, una tendencia analizada por The Economist en octubre de 2024 en el artículo Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia española.

Un independentista… y una exministra

Junto a Castellanos, también ha sido designada Natalia Fabra, experta en regulación energética. José María Abad, considerado cercano al Partido Popular, ha sido reelegido su cargo. También Arancha González Laya, exministra de Exteriores de Sánchez, estará entre los nombramientos a confirmar el próximo 30 de junio.

En un contexto de crisis energética, con un apagón nacional reciente aún sin aclarar, estas decisiones pueden leerse bien como una estrategia para centrarse en criterios técnicos o, al menos en parte, para responder a equilibrios políticos. La necesidad de reforzar la seguridad del sistema eléctrico podría generar dudas sobre el perfil de consejeros que pueden ser vistos como politizados.

Albert Castellanos, al margen de su filiación política, cuenta con una formación sólida y una trayectoria técnica respetada. Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) con máster en Economía Pública por la Universidad de York (Reino Unido), ha defendido modelos de colaboración público-privada y ha sido una de las voces más pragmáticas dentro de un Govern que, en ocasiones, optó por políticas económicas más populistas, como la legislación en materia de vivienda o de apartamentos turísticos, que generaron controversia en el mundo empresarial. En todo caso, su inclusión como “independiente” en una empresa nacional estratégica no deja de reflejar la influencia creciente de los partidos nacionalistas en la estructura del Estado. La pregunta es si este tipo de equilibrios es compatible con la eficacia y neutralidad técnica que exige la gestión energética en un momento tan delicado.