Las administraciones cada vez pagan más por las licitaciones ante la falta de competencia
Los contratos se disparan un 17% en 2025, incluidos los de emergencia como consecuencia de la dana
Los datos del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, constata a través de su estadística el abuso de los contratos negociados sin publicidad. | Alejandra Svriz
La caída del número de licitadores para hacerse con los contratos públicos está propiciando que las administraciones autonómicas y locales y el Estado paguen cada vez más caro sus contratos con la empresa privada. La falta de concurrencia ha alcanzado máximos, y desde hace meses también aumentan los pliegos negociados sin publicidad, los menos transparentes. Son precisamente estas licitaciones dirigidas las que permiten una menor rebaja de precio. En las adjudicaciones, la rebaja de precio inicial debería ser un elemento clave para la selección del contratista.
La baja competencia en las licitaciones -2,9 aspirantes por cada contrato- se debe en buena medida a la falta de interés de un número muy elevado de empresas. En el caso de las pequeñas, la indiferencia se debe a la burocracia y las escasas posibilidades de competir con las grandes. Determinadas compañías son habituales en la contratación y participan para obtener los pliegos de mayor volumen. La cada vez menor diferencia entre el precio final del contrato y el presupuesto base de licitación beneficia a las grandes compañías. Estas son las que cuentas con más márgenes.
Los últimos datos facilitados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon) y analizados por THE OBJECTIVE muestran una tendencia muy perjudicial para los presupuestos públicos y también para la libre competencia. Así, en el primer trimestre de 2025, la mediana de la reducción económica en el precio de adjudicación de un contrato público en las administraciones se situó en el 3,35%.
Administraciones autonómicas
Sin embargo, cabe destacar el mínimo descuento del precio inicial que se registra en las comunidades, cuya mediana es del 0,25%. Las regiones licitaron solo en el primer trimestre de este año contratos valorados en 9.600 millones. El número de licitaciones rondó los 11.500. Mientras, las facturas tras las licitaciones se redujeron en el Estado -mediana- en un 4% y en las entidades locales, un 5%. La mediana de la rebaja en un contrato público se calcula ordenando las ofertas de menor a mayor y tomando el valor central.
La reducción económica media obtenida en el precio de adjudicación se situó ligeramente por encima del 11%. Este porcentaje se reduce drásticamente en los contratos negociados sin publicidad. La rebaja en este caso supera solo ligeramente al 2% de media. Esta forma de adjudicación, poco transparente, solo está prevista para casos excepcionales. La fórmula se utiliza fundamentalmente para los contratos más importantes económicamente, que solo pueden llevar a cabo determinadas empresas, la mayoría de grandes dimensiones.
La organización contratante es la que se encarga de invitar a los operadores con el fin de establecer las condiciones de contratación. El exceso del uso de estos contratos, muchas veces teledirigidos, obligó en 2015 al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a afrontar el problema. En algunas ocasiones, los negociados sin publicidad superaban a los procedimientos abiertos.
Se disparan las licitaciones
Las licitaciones registradas en diferentes plataformas de contratación durante los tres primeros meses del año ascendieron a
26.755 millones de euros. Esto supone un incremento del 17% con respecto al mismo periodo del año 2024. Este es el segundo dato más alto de la serie de este último lustro para el primer trimestre, detrás del correspondiente al año 2023. Ese año se celebraron elecciones generales y locales en junio. El número de licitaciones ahora alcanza las 47.270 licitaciones.
Este importante incremento viene de la mano de las autonomías y las corporaciones locales, con aumentos superiores al 25% en ambos casos. El sector público local, en concreto, ha registrado el mejor dato de su serie histórica, para los primeros trimestres, con un volumen de 9.332 millones de euros.
También durante el primer trimestre de 2025 se ha vuelto a dar cierta intensidad en la contratación de emergencia como consecuencia de la dana acaecida en la Comunidad Valenciana, con una concentración en los sectores autonómico y estatal. Las adjudicaciones de emergencia se han disparado y tienen como protagonistas al Gobierno valenciano, las localidades de la región afectadas por las inundaciones y también al sector público estatal.
El importe de las licitaciones en términos de presupuesto base de licitación correspondiente a los cuatro últimos trimestres (primero de 2025 y tres últimos de 2024) asciende a 116.936 millones de euros. Esto supone un incremento del 3,40% respecto al total registrado en los cuatro trimestres anteriores. En términos interanuales, el aumento viene determinado por las regiones y los ayuntamientos, que crecen más de un 5%, mientras que el Sector Público Estatal prácticamente permanece estable.
El importe de las adjudicaciones en términos de presupuesto de adjudicación correspondiente a los cuatro últimos trimestres (primero de 2025 y 3 últimos de 2024) asciende a 75.537, millones de euros. Ello implica una leve reducción del 1,26% respecto al total registrado en los cuatro trimestres anteriores.