Abogados españoles llevarán a Bruselas los 'impuestazos' a la vivienda y pisos turísticos
El PSOE propone que británicos, marroquíes y ucranianos tengan que pagar el doble por comprar un inmueble
Una promoción de viviendas de obra nueva en Bilbao. | Efe
La propuesta socialista para «impulsar» el alquiler de viviendas restringiendo las compras por parte de extranjeros y los pisos turísticos plantea serias dudas jurídicas. En primer lugar, incluye un arancel sobre los inmuebles que discrimina a los extranjeros. Aunque el objetivo parece ser limitar las operaciones de firmas inmobiliarias o de inversión internacionales, en la práctica castigará con especial dureza a británicos, marroquíes y ucranianos, que según datos de Idealista son las nacionalidades extracomunitarias que más compran en España, y que deberán pagar el doble que los ciudadanos europeos de materializarse la iniciativa legislativa.
Además, el texto propone que los pisos turísticos tributen al 21%, más del doble que los hoteles, lo que ha generado críticas jurídicas y económicas por su arbitrariedad. Actualmente, los apartamentos están sujetos a un tributo del 10%, idéntico al hotelero, si prestan los mismos servicios que los establecimientos tradicionales, pero la mayoría están exentos al no ofrecerlos.
Los abogados Alejandro del Campo y Esaú Alarcón ya preparan denuncias sobre infracciones de Derecho de la Unión Europea tras haber hecho lo propio con otras normas polémicas como la amnistía concedida por Pedro Sánchez a los líderes independentistas en el pacto de investidura alcanzado con Junts. Cualquier ciudadano puede dar un chivatazo a la Bruselas si sospecha que su país está vulnerando las regulaciones europeas.
En cuanto al impuesto a los extranjeros que quieran comprar vivienda, el PSOE quiere que sea complementario al de transmisión de bienes inmuebles en el caso de los no residentes en la UE. El hecho de que esta nueva carga sea del 100% abre la puerta a que sea considerado confiscatorio. La medida es una evolución con respecto a la prohibición total que propuso el año pasado Sumar para ilegalizar que los extranjeros pudieran hacerse con un inmueble en España, un proyecto que el PSOE tumbó al votar en contra. Alarcón denuncia que imponer un ITP del 100% a los extranjeros «es una barbaridad» que interfiere con principios básicos del bloque comunitario, además de comportar un «efecto disuasorio» porque «nadie va a comprar en esas condiciones».
Por otra parte, la subida impositiva a los pisos turísticos va en la línea de la regulación que ya aprobó la Generalitat catalana con prisas y entre críticas a su inconstitucionalidad y colisión con las normativas europeas, precisamente las mismas dudas que vuelven a aflorar con la fórmula socialista. Este cambio, que impulsaron ERC y el PSC, permitía a los ayuntamientos expropiar licencias sin indemnización en determinados casos, y fue presentado como una forma de liberar pisos para los residentes, aunque las prisas impidieron la elaboración y publicación de datos que lo confirmasen, y desde el sector se incidió en que el porcentaje de Airbnbs sobre el parque residencial total es tan mínimo que difícilmente ayudaría a aliviar la crisis habitacional.
Alarcón ve una «clara discriminación», porque «no puedes dar un trato distinto a la misma actividad», en este caso turística. Hace hincapié en que «se ha perjudicado a las viviendas turísticas respecto a los hoteles». Además, reprocha que la iniciativa se tramite como proposición de ley presentada por el PSOE, lo que considera una forma de ahorrarse el informe del Consejo de Estado y el dictamen del CGPJ en el trámite parlamentario: «Es fraude parlamentario si es un proyecto promovido por el Gobierno».
En dos sentencias de 1990 y 1999, el Tribunal Constitucional dejó claro que no caben en el ordenamiento jurídico imposiciones con carácter confiscatorio, como lo sería un IRPF del 100%. Es evidente que un impuesto a la renta del 100% implica perder todos los ingresos -de ahí su carácter totalmente confiscatorio- y, en este caso, el impuesto a los extranjeros tendría el mismo tipo, aunque su naturaleza es distinta, sí implicaría que un extranjero, por el simple hecho de serlo, tiene que pagar dos casas para poder tener una, lo que podría entenderse o bien como confiscatorio o bien como discriminatorio por razón de procedencia. Si el Congreso aprueba la propuesta socialista, la Comisión Europea recibirá inmediatamente una denuncia, un procedimiento que, como admiten los propios juristas, no garantiza la revisión de la ley y suele ser lento, pero que en ocasiones deriva en actuaciones más firmes.
España es el país europeo con impuestos más altos a la vivienda, lo que la encarece significativamente, aunque con diferencias regionales, ya que las imposiciones en Cataluña son el doble que las de Madrid. En los últimos años, se ha vivido una escalada imparable en el precio de compra y de alquiler por la escasez de oferta y un informe de Idealista ha señalado esta semana que los pisos de segunda mano se han encarecido un 13% en el último año. Ante esta situación, el FMI ha aconsejado a España aumentar la oferta de vivienda y agilizar los permisos de construcción, las mismas reformas que el sector inmobiliario y los expertos llevan años reclamando sin éxito.