Hafesa, beneficiada por el PNV, tuvo de CEO a un inspector de la Diputación de Vizcaya

Hafesa, la empresa de hidrocarburos que logró beneficios con la Hacienda vasca, tuvo al frente de la compañía durante casi cuatro años a Bruno Álvarez, que es inspector de la Diputación de Vizcaya en excedencia y que trabajó para dicho organismo durante casi un decenio (entre 1998 y 2008). Según consta en los registros de la empresa, Álvarez fue nombrado apoderado de la petrolera el 21 de agosto de 2019 y fue cesado el 1 de febrero de 2023.

Como adelantó THE OBJECTIVE, precisamente a finales de 2023 y principios de 2024 se logró que se prorrogaran los impuestos especiales y de IVA (impuesto sobre el valor añadido) por valor de 225 millones de euros, y que van desde 2019 y se posponen hasta 2030. Una realidad que, según fuentes especializadas en materia tributaria, se consideraría un «trato de favor» porque aunque es legal, este grupo cuenta con su presidente y su principal operadora imputados por un presunto fraude de IVA en el sector de hidrocarburos por valor de 154 millones de euros. Además, la prórroga del impuesto especial es muy controvertida porque permite a la empresa contar con mayor margen para operar frente al resto de operadores, al contar con un depósito fiscal propio, con las ventajas que eso implica.

Según fuentes internas de la compañía, la función de Álvarez durante su paso por la empresa fue «la de representar al administrador [es decir, del presidente Alejandro Hamlyn] y, por ende, actuar de facto como el CEO de la compañía». A finales de agosto de 2019, sustituyó a José Norberto Uzal. Este, que previamente ocupó el papel de Álvarez, es otro de los imputados en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional y recientemente presentó un escrito acusando a la competencia y a guardias civiles de estar detrás de la denuncia de la compañía.

Los aplazamientos de pago se dan en un mercado en el que los márgenes son reducidos (pese a la alta facturación) y donde la Diputación ha tenido un papel clave para ayudar a este grupo petrolero -cuyo presidente sigue en Dubai tras haber plantado a la Justicia en hasta dos ocasiones el pasado mes de mayo- a oxigenar su tesorería. «Es una barbaridad, esto la Agencia Tributaria (AEAT) te lo prohíbe», indica a este diario un especialista en impuestos de hidrocarburos al observar los documentos en posesión de este periódico en los que está reflejada la prórroga sucesiva de los tributos y cuya garantía se especifica «vagamente».

Según ha podido saber este medio, hay «enfado» en la Diputación de Vizcaya tras conocerse esta información, pero se mantiene el apoyo a la petrolera. Mientras tanto, en el País Vasco, las fuerzas de la oposición ejercen presión sobre este «trato de favor» a Hafesa. El PP ha dicho que el aplazamiento de deuda de 225 millones de euros «huele muy mal». Por otro lado, EH Bildu y Elkarrekin Podemos cargaron contra el aplazamiento de la deuda a una empresa enjuiciada por fraude y pidieron explicaciones. De momento, los jeltzales mantienen silencio y critican a los que arremeten contra su gestión.

Pero no es el único perfil llamativo que ha tenido la empresa. Así, y según publicó este medio, un exagente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba a sueldo del Grupo Hafesa. Su nombre es Javier Frutos y fue uno de los hombres que participaron en la cita que fue objeto de la grabación publicada por THE OBJECTIVE en la que la emisaria del PSOE solicitó pruebas contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cambio de pactos con la Fiscalía. La relación laboral con este exagente se prolongó durante un periodo de seis meses, entre enero y junio de 2024, para que hiciese un análisis de riesgo y seguridad en México, porque la petrolera tenía intención de operar en ese mercado.

Por último, Álvarez, según recoge el diario El Correo, implicó en 2011 a la cúpula de la Diputación de Vizcaya como la responsable de algunas irregularidades. Aseguró que las decisiones arbitrarias eran habituales en un juicio en la Audiencia de Bilbao contra el exjefe de la Inspección, Juan Ramón Ibarra, que se enfrentaba en ese momento a 11 años de cárcel. Al poco tiempo, Álvarez dio el salto al sector privado.