La litigiosidad tributaria se dispara: la justicia acepta ya más del 60% de las reclamaciones
Según el IEE, este problema ya supone casi el 21% del total de los ingresos tributarios recaudados en este ejercicio
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. | Europa Press
La litigiosidad tributaria en España está mostrando una tendencia creciente en los últimos años. En comparación con otros países de nuestro entorno, los recursos por supuestos delitos fiscales están siendo excesivos y ello afecta a la seguridad jurídica. Los datos de la propia Agencia Tributaria así lo confirman. El número de reclamaciones fiscales por parte de los contribuyentes, entre los cuales también se encuentran las empresas, se ha situado ligeramente por encima de las 230.000.
Es una estadística preocupante que según el análisis de 17 académicos de Derecho Financiero y Tributario consultados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), arroja una conclusión inequívoca: la existencia de fallos en la Administración, con consecuencias notables por la desincentivación de la inversión empresarial y el consecuente impacto sobre el crecimiento económico y el empleo, lo que por otra parte la OCDE vincula a la moralidad tributaria.
En la actualidad, más de un 60% del total de las liquidaciones tributarias recurridas son estimadas totalmente. Además, aproximadamente más de una cuarta parte de los recursos de reposición fueron estimados totalmente a favor del contribuyente en todo o en parte. Según los datos del último trabajo del IEE sobre el problema de la litigiosidad tributaria en España, del resto de recursos, en torno al 26% fueron considerados en la vía económico-administrativa, y de los desestimados en esta etapa, alrededor del 32%, finalmente fueron estimados en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Es decir, que más de un 60% del total de las liquidaciones tributarias recurridas son estimadas totalmente, lo que refleja -señalan a THE OBJECTIVE el presidente y el director del IEE, Iñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente- «un problema que acrecienta la litigiosidad, ya que recurrir termina resultando favorable al contribuyente en un número muy elevado de casos».
El 21% de los ingresos tributarios
En términos cuantitativos, calculan los expertos consultados por el IEE, «la deuda pendiente de cobro gestionada por la AEAT alcanzó los 40.521,2 millones de euros en dicho periodo, a lo que habría que añadir unos 12.145 millones de euros, como suma de indemnizaciones que ha de afrontar el Estado por sentencias judiciales adversas». Por tanto, la litigiosidad tributaria -apostillan- «supone casi el 21% del total de los ingresos tributarios recaudados en este ejercicio», lo que refleja «la complejidad y el volumen del problema».
En este sentido, abundan los expertos -entre los cuales se encuentran Miguel Martínez Lago, Luis Manuel Alonso González, Fernando Serrano Antón, Valentín Pich Rosell, Begoña García-Rozado, Manuel Lamela, Luis Manuel Rubí, Ramón María Calduch, César García Novoa y Javier Galán Ruiz-, «este fenómeno no constituye un hecho aislado, sino que responde a un problema estructural del sistema tributario español, en el que resalta la complejidad normativa, una normativa dispersa, redacciones ambiguas, frecuentes modificaciones y una falta de cultura colaborativa, en la relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes, que se caracteriza por la desconfianza y la confrontación, en lugar de la cooperación y la búsqueda de soluciones consensuadas».
De las sanciones al empleo eficiente de los recursos
Además -añaden los expertos reunidos por el IEE en la sede de la CEOE-, «la litigiosidad también se ve acrecentada por un esquema sancionador del sistema tributario que supone la imposición casi automática de sanciones cuando se produce una falta de ingreso, sin tener en cuenta la existencia de errores menores sin intención fraudulenta que pudieran eximir de dicha sanción». Finalmente, los plazos de resolución de los recursos administrativos y judiciales son excesivamente largos, a veces superando los diez años.
Los costes económicos, tanto para el sujeto pasivo como para la Administración, son cuantiosos. Los recursos públicos derivados de la elevada litigiosidad tributaria y atención al contribuyente se podrían emplear en la mejor eficiencia del sistema. Un ejemplo -detalla Fernández de Mesa-: si no hubiera tanta litigiosidad, ese dinero, «alrededor de 11.000 millones de euros, supone la mitad del presupuesto de Fomento, bien se podría emplear en ampliar las inversiones en España».
Cinco propuestas
Después de las 17 aportaciones de los diferentes expertos, estos han elevado hasta cinco iniciativas para abordar la elevada litigiosidad tributaria en España, empezando por la simplificación normativa y la claridad interpretativa.
Completan la oferta propositiva el fomento de una relación cooperativa entre Administración y contribuyentes, la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la reforma de los procedimientos administrativos y judiciales, la desvinculación de incentivos de la Agencia Tributaria de las cantidades liquidadas y el establecimiento de mecanismos de responsabilidad sobre actos y decisiones para la Administración y sus funcionarios.