Las vacaciones, en jaque por el registro del alquiler: el 70% de la oferta puede desaparecer

La previsible retirada de viviendas de uso turístico de las plataformas amenaza las vacaciones de miles de españoles este verano. Los que ya tengan reservado su apartamento turístico a través de plataformas como AirBnb y otros que hagan sus reservas durante las próximas dos semanas pueden ver cómo su alojamiento desaparece del sistema. El 1 de julio entra en vigor la Ventanilla Única Digital (VUD) y el Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico (REAV), con el objetivo de regular los alquileres turísticos y temporales en España. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, busca dotar de mayor transparencia y control al sector, y, como ha ocurrido con otras medidas impulsadas por el Gobierno, se adelanta a la exigencia europea al respecto.

Unas medidas que, tal y como hemos contado en THE OBJECTIVE, están suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para algunos propietarios de este tipo de viviendas que, a pesar de querer realizar todos los trámites y cumplir con esta legislación, se han encontrado con varias trabas en forma de disparidad de criterios y dificultades para realizar el registro en el caso de ciudadanos extranjeros. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) muestra su preocupación ante el impacto que puede generar la aplicación del nuevo sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y del Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico (REAV) que a efectos operativos entrará en vigor a inicios de julio.

FEVITUR ha anticipado a este diario algunos «efectos lesivos y desproporcionados» para el sector y para la economía española en su conjunto. La federación prevé que se produzca la salida del mercado del 70% de la oferta actual de viviendas de uso turístico legalmente inscrita en el Registro de Turismo Autonómico correspondiente. La patronal de pisos turísticos cuestiona la «preocupante arbitrariedad y falta de uniformidad con la que distintos registros de la propiedad están aplicando los criterios para la inscripción de viviendas de uso turístico ya debidamente registradas en los autonómicos».

Disparidad de criterios

Al igual que denunciaba un despacho de abogados especialista en cuestiones turísticas hace unos días, FEVITUR señala que no existe un protocolo homogéneo y que se están dando situaciones dispares en cada territorio, llegando incluso a exigir
trámites suplementarios o negando inscripciones sin justificación suficiente. Esta falta de criterios claros y uniformes «no solo supone una vulneración del principio de seguridad jurídica, sino que deja en indefensión a miles de propietarios y operadores que cumplen estrictamente con las normativas autonómicas».

Por ello, la patronal insiste en que «no puede depender del criterio individual de un registro local la validez de licencias concedidas y reconocidas por las administraciones autonómicas, generando una situación de caos, desigualdad y desconfianza en el sistema». Ante la dificultad de muchos propietarios para registrar legalmente sus viviendas y la previsión de la desaparición del 70% de la oferta actual, la patronal del sector avisa de que esta situación puede dejar a miles de españoles sin vacaciones, ya que muchos alojamientos turísticos desaparecerán automáticamente de las plataformas de comercialización.

¿Peligran las vacaciones?

«Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento, ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y va a desaparecer de las plataformas», explica su presidenta Silvia Blasco. También reitera que esto generará un aumento de la economía sumergida y el repunte de más viviendas ilegales. Esto provocará, según FEVITUR, unas pérdidas estimadas de 8.570 millones de euros para la economía en los meses de julio, agosto y septiembre; y de 5.167 millones de euros más en octubre, noviembre y diciembre.

Blasco añade que este registro supone una duplicidad de la normativa autonómica ya existente. «Las comunidades autónomas ya disponen de sus propios registros turísticos y han desarrollado normativas ajustadas a la realidad de sus territorios», asegura. Así las cosas, la presidente de la patronal de pisos turísticos concluye que el nuevo registro estatal, «lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema».

Los registradores se defienden

Ante el descontento del sector, los registradores se defienden y niegan que los requisitos de los registros sean tan dispares. «Nosotros hemos hecho unos criterios comunes, unas preguntas y respuestas fáciles que están colgadas en el ministerio y  estudios doctrinales con el objeto de que la calificación sea uniforme», apunta Jose Miguel Tabares, portavoz de Registradores en conversación con THE OBJECTIVE. «Lo que puede ocurrir es que las situaciones no son exactamente iguales, es posible que algunos edificios no tengan ningún problema y otros tengan alguna limitación en los estatutos que impida darles el código. Eso provoca que en una misma ciudad hay personas a las que se les rechaza y otras las que se le admite».

El registrador insiste en que los criterios que siguen son definidos y similares: que se trate de una vivienda, que no exista una limitación por el régimen del edificio o por los estatutos de la comunidad de la propiedad horizontal, y que lo solicite alguno de los propietarios. En cuanto al proceder, defiende Tabares, la actuación es básicamente la misma en todos los sitios. «Cuando se hace la petición se concede un código provisional de manera inmediata y luego se concede una resolución elevando a definitivo u otro explicando, en caso de que sea negativo, las razones por las que se deniega. Y tienen un plazo para reclamar».