La OCDE sitúa a España entre los cinco países desarrollados sin un plan contra la corrupción

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) señala en su último informe, publicado este jueves 19 de junio, que España es uno de los cinco países desarrollados que carece de un plan estratégico concreto para prevenir y combatir la corrupción. A pesar de que cuente con instituciones que asumen funciones parciales en torno a este asunto, como la Oficina de Conflictos de Intereses, el Consejo de Transparencia o el Tribunal de Cuentas, no existe una estrategia integral que gestione en su totalidad este asunto.

El primer gráfico del escrito ofrece una radiografía del desempeño que el país ha tenido en seis áreas concretas. Cada una de las áreas se evalúa a partir de dos dimensiones, que son la regulación (las normas que el país ha establecido en base a la normativa de la OCDE) y la implementación (si se ha aplicado a nivel práctico y si esa aplicación ha sido efectiva o no).

Lo seis ámbitos analizados son la estrategia de anticorrupción del país, la gestión del riesgo de corrupción y auditoría, los conflictos de intereses, la transparencia de la información pública, la financiación política y la transparencia de la información pública.

En términos generales, la OCDE destaca de España su normativa puntera y buena ejecución en transparencia y conflictos de intereses, superando los 70 puntos en ambos casos, y quedando por encima de la media de países analizados. Sin embargo, en el apartado de ‘Áreas de mejora’, destacan la ausencia de una estrategia anticorrupción nacional, un lobbying (actividad de influencia) que no está regularizado ni fiscalizado y quizás la más destacable de las tres: una gran brecha entre la teoría y la práctica, principalmente en auditoría interna y financiación política.

El segundo gráfico clasifica a los países de la OCDE según el porcentaje de criterios cumplidos. En este caso, los datos de España están muy por debajo de la media, encontrándose en el extremo inferior de la tabla. Concretamente, se muestra al país con un 0% en ambas dimensiones (regulación e implementación) y comparte puesto con Canadá, Islandia, Irlanda y Noruega.

Países como Letonia, México y Lituania superan el 80 % en regulación y rondan o sobrepasan el 60 % en implementación, demostrando que un marco estratégico sólido y aplicado es posible dentro de la OCDE. “De media, los países de la OCDE cumplen el 45 % de los criterios relativos a la calidad del marco estratégico y el 36 % en cuanto a su implementación. Sin embargo, España no cuenta con una estrategia nacional anticorrupción”, reza el informe.

Gestión de riesgos de corrupción y auditoría

España sobresale en la regulación de la gestión de riesgos de corrupción, cumpliendo el 92% de los criterios, superando el promedio de la OCDE del 67%. Las regulaciones españolas definen el control interno (IC) y la auditoría interna (IA) según estándares internacionales y establecen responsabilidades gerenciales. El marco de gestión de riesgos aborda explícitamente los riesgos de integridad pública y exige planes de integridad. Sin embargo, en la práctica, España solo cumple el 37% de los criterios, ligeramente por encima del 33% de la OCDE, y no recopila datos de las organizaciones del presupuesto central para monitorear la implementación de la gestión de riesgos.

Lobby

España tiene un desempeño bajo en la regulación y práctica del lobbying. Cumple solo el 25% de los criterios de regulación y un 0% en la práctica, mientras que el promedio de la OCDE es del 38% y 35% respectivamente. Aunque existen regulaciones sobre los períodos de incompatibilidad para funcionarios que dejan sus cargos, no hay regulaciones específicas sobre el lobbying ni un registro de lobbistas. Actualmente, España está desarrollando legislación para regular los grupos de interés y crear un registro de lobbying para aumentar la transparencia.

Conflicto de interés

España es un país con un alto rendimiento en la práctica de la gestión de conflictos de interés, cumpliendo el 89% de los criterios, superando significativamente el promedio de la OCDE del 40%. En cuanto a la regulación, España cumple el 78% de los criterios, también por encima del 76% de la OCDE. Las regulaciones detallan las incompatibilidades y las situaciones de conflicto de interés para los funcionarios públicos, y se exige la presentación de declaraciones de intereses a miembros del gobierno, parlamento y altos funcionarios al asumir o renovar sus cargos. La Oficina de Conflictos de Intereses verifica estas declaraciones y emite recomendaciones cuando se detectan casos. Sin embargo, esta obligación no se aplica a los miembros de los órganos más altos del poder judicial ni a los titulares de cargos de alto riesgo.

Financiación política

España cumple el 80% de los criterios de regulación de la financiación política, superando el promedio de la OCDE del 73%. Las regulaciones establecen sanciones, prohíben contribuciones de empresas públicas y extranjeras, y exigen informes financieros públicos de los partidos políticos. En la práctica, España cumple el 57% de los criterios, un porcentaje similar al 58% de la OCDE. El Tribunal de Cuentas supervisa la financiación de partidos y campañas. A pesar de que todos los partidos han presentado cuentas anuales a tiempo en los últimos cinco años, no todos lo han hecho con las cuentas electorales en los últimos dos ciclos, y los informes financieros de todos los partidos no están disponibles públicamente.

Transparencia de la información pública

España es uno de los países con mejor desempeño en transparencia de la información pública, cumpliendo el 89% de los criterios de regulación y el 81% en la práctica, superando los promedios de la OCDE del 67% y 62% respectivamente. Las regulaciones otorgan a todos el derecho de acceso a la información y establecen plazos para procesar solicitudes. En la práctica, gran parte de la información gubernamental, como legislación, presupuestos, resultados electorales y agendas, es accesible en sitios web oficiales. Sin embargo, el registro de empresas y las declaraciones de bienes e intereses de los miembros del poder judicial no se divulgan públicamente.