El pueblo más rico de España exige desbloquear mil viviendas paradas 20 años

A poco más de media hora del centro de Madrid se encuentra el municipio más rico de España. Año tras año, Pozuelo de Alarcón, repite como el municipio con mayor renta per cápita de todo el país. La localidad es conocida por albergar a numerosas familias acomodadas y figuras públicas. Sin embargo, esa situación no hace que sus ciudadanos sean ajenos a la crisis de vivienda actual. Más bien lo contrario, los precios se han disparado en la zona durante los últimos años y por la escasez de oferta. Según los datos correspondientes al mes de abril de la tasadora Tinsa, Pozuelo de Alarcón es uno de los municipios madrileños que ha experimentado más crecimiento en el precio de la vivienda, con una variación interanual del 8,7% nominal y 5,9% real. 

En este contexto de altos precios y escasez de oferta, hay proyectos urbanísticos paralizados en la zona desde hace años para la construcción de más de 7.000 viviendas, una gran parte públicas. Se trata de Montegancedo, ARPO y Huerta Grande. Uno de ellos, Montegancedo, lleva más de 20 años paralizado. Fue entonces cuando se aprobó el plan para construir 1.050 viviendas, un 30% de ellas asequibles/públicas. Pese a ello, un recurso de Ecologistas en Acción hace que hoy el proyecto siga en el aire, en medio de la crisis de vivienda que sufre la Comunidad de Madrid y Pozuelo.

Tal y como ha podido saber THE OBJECTIVE, ha nacido la alianza vecinal #ViveLaCabañaMontegancedo, que pide desatascar este proyecto, lo que podría suponer, a su juicio, mejorar las dotaciones, infraestructuras y zonas verdes en la zona. El plan contempla también la renaturalización de 360.000 m² de zonas verdes para incorporarlas y cederlas al patrimonio municipal. «Pozuelo no es un oasis, hay problemas de vivienda y con todo este retraso en la construcción de vivienda los precios se están disparando y los jóvenes tienen muy difícil quedarse aquí y formar una familia», apunta Carmen Palomino, portavoz de la alianza, en conversación con este diario.

Desarrollo económico y social de Pozuelo

Aunque la alianza vecinal tiene claro que el problema de la vivienda es el principal, pide desatascar estos desarrollos urbanísticos también por otras cuestiones como es la revitalización económica y social de Pozuelo. Este desarrollo y otros, «llevan aparejados una serie de dotaciones y de desarrollo de transportes y de desarrollo de infraestructuras que nos vendría muy bien al municipio», asegura Palomino. Y es que, según lamenta esta vecina, Pozuelo es un municipio que está muy disgregado. Se habla de ‘los 1.000 Pozuelos’: desde la parte norte hasta lo que limita con Carabanchel, es muy extenso. Todo este tipo de crecimientos que implican desarrollos en transporte, infraestructuras y dotaciones vienen muy bien también para cohesionar el municipio.

Las obras de urbanización de la zona comenzaron en 2024, tras más de 20 años de burocracia, pero se paralizaron por las demandas de Ecologistas en Acción y el PSOE, que aseguraban que la urbanización generaba «daño medioambiental» en la zona. Todo ello pese a contar con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado y con todos los informes pertinentes. En este sentido, la vecina defiende que el área residencial, es decir, la zona en la que se quiere construir, es solamente un 15,2% de todo lo que supone el parque forestal de Montegancedo. Además, «se puede hacer una salida directa a la M-40, lo que descongestiona muchísimo toda esta parte de Pozuelo y toda esa zona de Boadilla».

300 viviendas públicas

Mientras, en plena crisis de acceso a la vivienda en toda España y en Madrid en particular, la paralización de manera cautelar de este proyecto urbanístico ha frustrado la construcción de 1.000 viviendas, 300 de ellas de propiedad pública, y el desarrollo social del municipio. Una parálisis denunciada también por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), que considera que es un ejemplo claro de por qué no funciona la política de vivienda en España y por qué la oferta de vivienda actualmente es muy inferior a las necesidades de la sociedad.

Y es que, añaden, en un momento de emergencia de la vivienda, «resulta demasiado fácil recurrir un ámbito y paralizarlo; incluso estando ya en construcción y con un expediente urbanístico que se ha examinado durante dos décadas». Los promotores inmobiliarios urgen un pacto de Estado para sacar adelante en el Congreso la modificación de la Ley del Suelo que garantice la seguridad jurídica de los desarrollos y en especial que no se paralicen de forma total.

El desarrollo del nuevo ámbito de Montegancedo fue suspendido temporalmente en julio del año pasado por decisión judicial, dictando medidas cautelares mientras se resuelve el recurso presentado. Esta acción judicial fue consecuencia de una demanda interpuesta en 2022 por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que argumenta la necesidad de proteger el medioambiente de un terreno clasificado como suelo urbano desde hace 22 años, cuando se aprobó la última revisión del PGOU en 2002. Por ello, los promotores se plantean: «¿Por qué los ecologistas han esperado 20 años para presentar ese recurso contencioso?»