La UE alerta de que España no sanciona las irregularidades en la gestión de los fondos

España no sanciona a los beneficiarios de los fondos Next Generation en el caso de que las empresas o las instituciones cometan irregularidades en la ejecución del dinero recibido. Esa es una de las conclusiones recogidas en la última auditoria del Tribunal de Cuentas Europeo, dada a conocer esta semana en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento en Bruselas, tal y como ha podido saber THE OBJECTIVE.

«Incluso si se recuperan estos fondos -explicó este pasado miércoles Jorg Kristijan Petrovič, miembro del tribunal responsable de la auditoría-, no necesariamente se devuelven al presupuesto comunitario».

«La recuperación de los fondos -detalla Petrovič- solo es posible para unos casos concretos. Y es que la Comisión no puede hacer correcciones para vulneraciones individuales de normas de contratación pública, a menos que sean casos de corrupción y fraude». Esto -determina el tribunal en el balance del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- «dificulta la recuperación». Y ahí es donde está España, porque «no hay sanciones si hay irregularidades». De hecho, ha habido denuncias por parte de la Fiscalía Europea por encontrar problemas en la detección de fraudes con fondos UE en España.

Extraer lecciones del plan

Al Tribunal de Cuentas Europeo no le ha entusiasmado el funcionamiento del Plan de Recuperación y Resiliencia. Desde luego, no lo ven como un modelo a seguir. Este pasado miércoles, la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara convocó una sesión para abordar la rendición de cuentas y transparencia del Plan del Mecanismo de Recuperación (RRF) y extraer conclusiones de las deficiencias de este sistema que dirá adiós el próximo mes de agosto de 2026.

La convocatoria arrancó con la intervención inicial del presidente de la Comisión CONT/BUDG, el alemán Niclas Herbst, que señaló el «momento oportuno» en el que estas reflexiones públicas tienen lugar, dando voz a la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Por cierto, un tribunal que, como ya dejó caer Herbst, fue muy duro en sus evaluaciones, destacando que el despliegue del Mecanismo de Recuperación no aporta apenas información para valorar los resultados y tampoco ofrece datos para conocer los costes reales. Como consecuencia de todo ello -anticipó-, a día de hoy, «no está claro lo que reciben los ciudadanos por su dinero».

Por todo esto -avanzó Niclas Herbst- este tribunal de Cuentas «pide ya a los responsables de la UE que extraigan lecciones de ello a la hora de formular los futuros presupuestos, en función del rendimiento y no de los costes».

Controles insuficientes

El miembro del tribunal responsable de la auditoria del RFF, Jorg Kristijan Petrovič, advirtió ante los eurodiputados del riesgo de la aplicación del Mecanismo de Recuperación, porque ha permitido «el solapamiento con otros fondos europeos». «El RFF cubre objetivos del espectro político, y esto aumenta el riesgo de doble financiación en el mismo horizonte temporal».

Incluyó de nuevo a España al señalar que el Tribunal de Cuentas Europeo ha detectado insuficiencias en el sistema de control para proteger los intereses financieros de la UE. Una valoración sobre cinco países lo demuestra, detalló Petrovič. Por ejemplo, «Croacia aplica el mismo sistema de control que el que emplea para los fondos estructurales. Francia y España se basan solo en sus sistemas de control nacionales». Sin embargo, «Italia y Chequia se basan en una combinación del sistema nacional de control con el sistema de control de fondos estructurales y otros sistemas específicos».

«Sin información de costes reales y de inversión»

Petrovič pidió más transparencia, supervisiones y controles mejores definidos, que además se hagan antes de los pagos. También planteó la exigencia de que el desembolso de estos fondos refleje el avance realizado. La contundencia de Petrovič sobre el Plan de Recuperación fue secundada por otro de los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo: Ivana Maletić.

La exparlamentaria croata afirmó, sin titubeos, que el rendimiento del Plan de Recuperación y Resiliencia no está orientado a los resultados, porque el RFF se centra en el progreso y la ejecución, pero no en los resultados mismos. De ahí que «no veamos muchos resultados reales, y por eso no se puede medir la eficacia. Además -dijo Maletić-, el RFF no da información sobre los costes reales, y así tampoco se puede evaluar el rendimiento de los costes invertidos, ni tampoco podemos saber qué se obtiene de la inversión realizada».

Por otra parte -alertó la auditora-, «no hay visión general sobre quienes son los que reciben los fondos, más allá de ministerios y otro tipo de organismos, cuando el objetivo debía ser, que la lista identificara a los beneficiarios finales fuera del sector público. En definitiva -recomendó-, encontramos una falta de transparencia que no se puede repetir en otros instrumentos».

¿Se puede cambiar el rumbo?

Tras las evaluaciones de Petrovič y Maletić, la eurodiputada española Isabel Benjumea intervino, primero para agradecer el rigor del Tribunal de Cuentas Europeo a la hora de fiscalizar las deficiencias de este mecanismo, «lo que ahora no puede sorprendernos, pues ya algunos parlamentarios venimos denunciando esta situación desde 2022». Y, después, para preguntar ante la Comisión de Control Presupuestario si estamos a tiempo de cambiar el rumbo para no perder los fondos sin ejecutar.

La política española, también miembro de la Comisión de Presupuestos, se preguntó, de manera retórica, si conociendo las deficiencias del RFF tiene sentido reproducir este mecanismo con el Marco Financiero Plurianual por delante. Finalmente, mostró su preocupación porque España no prevé penalizaciones ante casos de irregularidades en la ejecución de los fondos, e interpeló a los auditores para que expliquen cuál es el riesgo para nuestro país por adoptar esa decisión.

Según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF) en junio de 2024, España fue el cuarto Estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2019 y 2023, por detrás Polonia, Rumanía e Italia.