Sánchez expone al Estado a una indemnización millonaria a BBVA por el veto al Sabadell
La cuantía podría superar los 1.000 millones y duplicar, por tanto, el impacto de los ahorros estimados con la operación
El presidente de BBVA, Carlos Torres, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez expone a que el Estado pague una indemnización millonaria a BBVA por su veto a que fusione el Sabadell una vez tenga éxito con la oferta de adquisición de acciones (opa) hasta 2028, de seguir adelante con la operación y si triunfa la más que probable demanda que presentará en los tribunales. Por el momento, el consejo de administración del grupo vasco, por unanimidad, ha decidido ya continuar adelante con la propuesta tras analizar el impacto de las medidas exigidas por el Consejo de Ministros y está estudiando la posibilidad de llevar a cabo una impugnación ante la Justicia de las mismas.
Las fuentes financieras y jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE explican que previsiblemente BBVA no solo reafirmará su apuesta por hacerse con el Sabadell, sin dar marcha atrás al proyecto, sino que acudirá al Supremo para tumbar la prohibición a la integración de ambos bancos, y reclamará daños y perjuicios económicos. Unas pérdidas patrimoniales que serán cuantiosas y que podrían duplicar, incluso, la rentabilidad de la transacción a medio y largo plazo. Fuentes oficiales del banco no quisieron hacer comentarios al respecto.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha señalado que tiene la posibilidad acudir a la Justicia y presentar un recurso, escudándose en su deber fiduciario con respecto a sus accionistas y al considerar que va en contra de la normativa vigente y de las exigencias del Consejo de Estado. Una normativa que también que está analizando la Comisión Europea para comprobar si las medidas reclamadas adicionales van en contra de la legislación comunitaria para abrir un expediente y llevarlo al Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE). Bruselas ya había amenazado a España si limitaba la compra.
La cuantía que podría tener que asumir el Estado dependerá de las pérdidas patrimoniales que sufrirá BBVA más los intereses de demora y de cuándo haya una resolución definitiva, que podría llegar en cuatro o cinco años. Aún no están claros los ahorros que dejará de tener el grupo vasco si toma control del Sabadell y no puede en tres o cinco años lograrlos todos, no solo por este veto sino por la obligación de que ambos tengan autonomía de gestión. Un término que no ha sido aclarado hasta la fecha y no ha quedado claro tampoco en la imposición gubernamental. A priori, BBVA no podrá cerrar oficinas ni hacer despidos masivos, pero sí de otra índole. Además, podría llevar a cabo una unión de las plataformas tecnológicas, aunque todavía esto no es seguro.
Con la fusión, BBVA esperaba tener ahorros de gastos por un importe de 850 millones anuales a los tres años. En la actualidad, con la intervención de Moncloa, podrían bajar significativamente a mucho menos de la mitad. Por tanto, la indemnización que debería pagar el Estado podría llegar a superar los 1.000 millones de euros, por encima de las sinergias pronosticadas que, además de la indemnización, podrá cosechar a mayores en tres o cinco años, o si otro Gobierno anula las medidas antes, aunque el Sabadell descarta que esto vaya a suceder debido a que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado públicamente en varias ocasiones que no está a favor de la operación.
El banco catalán además confía en ejecutar la venta de su filial británica con el fin de defenderse de la opa. Este martes podría tomar una decisión después de haber recibido propuestas vinculantes. Una de ellas, del Santander, por valor de 2.700 millones de euros. El órgano rector, si decide aceptar alguna de ellas, tendrá que convocar una junta de accionistas para no incumplir su deber de pasividad establecido por la normativa.
Con la transacción podría liberar más de 2.000 millones de capital para elevar la retribución a través de recompras de títulos a sus socios para seducirles y que no acudan a la oferta de canje de BBVA. Un programa que será el punto fuerte de su próximo plan estratégico en solitario, que presentará el 24 de julio, momento el que está previsto que ya se haya abierto el plazo de la opa al decidir BBVA mantenerla. Los inversores siguen apostando por la operación, como anticipaban días antes de que el Gobierno prohibiera la fusión, aunque continúan reclamando una mejora del precio para que se garantice el éxito.