El Gobierno paga 12 millones a la china Huawei por custodiar las escuchas policiales
Estas grabaciones se guardan en servidores OceanStor de la multinacional tecnológica asiática
Pedro Sánchez con Xi Jinping en una imagen de archivo.
El Ministerio del Interior ha adjudicado contratos por 12,3 millones de euros a la multinacional china Huawei para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales. Según consta en la información oficial remitida por el propio departamento y en el portal de contratación pública, se trata de las últimas licitaciones dentro del marco de contratos centralizados entre 2021 y 2025. El encargo contempla la custodia digital del resultado de las interceptaciones ordenadas por jueces y fiscales, y se enmarca en los procesos habituales gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
El sistema utilizado es el OceanStor 6800 V5, una línea de servidores de almacenamiento de alto rendimiento desarrollada por Huawei. Este equipo sirve de soporte para conservar y clasificar las comunicaciones interceptadas legalmente por las fuerzas de seguridad del Estado, en cumplimiento de las Guías de Seguridad TIC elaboradas por el Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. La adjudicación fue tramitada siguiendo los procedimientos públicos establecidos, y puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.
La compra del sistema a la empresa asiática no se ha producido de forma aislada: Huawei ya aportaba apoyo tecnológico dentro de los sistemas de interceptación legal (SITEL). Como publicó THE OBJECTIVE, existe un creciente malestar en sectores de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la continuidad de Huawei como proveedor de sistemas sensibles para los cuerpos policiales y el CNI. Fuentes internas de ambos cuerpos expresaron su preocupación ante lo que consideran una incongruencia estratégica en materia de seguridad, ya que se intenta extremar la precaución con programas extranjeros pero se confían estos datos a una compañía vinculada al Partido Comunista Chino.
El malestar se ha intensificado tras comprobar que Huawei mantiene presencia en sistemas informáticos de alto nivel dentro del Ministerio del Interior, mientras otras potencias occidentales, especialmente en el entorno de la OTAN, han vetado de forma expresa a esta compañía en redes y estructuras críticas.
El modelo OceanStor que ha adquirido España es un sistema de almacenamiento empresarial de alta gama, diseñado para gestionar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad. Dentro de su categoría, sin embargo, destaca por ser más económico que sus competidores occidentales, como Dell EMC, IBM e Hitachi. Esa combinación de prestaciones y precio ha favorecido su expansión en varios países de África, América Latina y también Europa del Este. No obstante, su origen y los vínculos de Huawei con el aparato del Estado chino han sido motivo de alarma recurrente.
En teoría, cualquier sistema computacional, sea del fabricante que sea, puede tener mecanismos de puerta trasera para acceder a los datos, aunque ello también depende de la encriptación de los mismos y de qué tipo de sistema en la nube se utiliza para hacer copias de seguridad. Aun así, Huawei ha insistido en que no participa en espionaje de ningún tipo y no tiene acceso a la información almacenada en sus servidores.
Washington y Bruselas han sido tajantes en su postura. La Administración estadounidense mantiene desde la era Trump un veto total a la participación de Huawei en redes de telecomunicaciones. En 2020, la Comisión Europea recomendó a sus Estados miembros excluir a proveedores “de riesgo elevado” de los despliegues de 5G. Esta advertencia afectaba de forma directa a Huawei, y varios países —entre ellos Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido— han adoptado restricciones explícitas.
Paradójicamente, estas restricciones se han centrado en las antenas de telecomunicaciones y no se han extendido, al menos formalmente, a otras áreas como los servidores de almacenamiento o los sistemas de escucha legal. Esa laguna ha permitido que países como España puedan seguir contratando productos Huawei en sectores críticos, a pesar de las implicaciones que conlleva.
Pedro Sánchez ha sido, dentro de la UE, uno de los líderes más favorables a la presencia de Huawei. Defendió públicamente que no se debía excluir a la compañía por su país de origen, desmarcándose de las líneas más duras de Bruselas. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, ha mantenido una estrecha colaboración con Huawei desde su salida del Gobierno.
El acercamiento diplomático también ha sido visible. El presidente chino, Xi Jinping, ha calificado a España como un socio cercano dentro de la UE, y ha recibido a Sánchez en Pekín. En paralelo, Huawei ha abierto nuevos centros de innovación en Madrid y ha reforzado su plantilla en España, donde es un importante contratista tecnológico de varias Administraciones públicas.
El contraste entre el discurso oficial europeo y la realidad española ha alimentado las dudas sobre la coherencia de la estrategia de ciberseguridad del Gobierno. Mientras algunos países refuerzan el blindaje digital ante posibles injerencias extranjeras, España sigue confiando tareas de máxima sensibilidad a una empresa sobre la que pesan serias advertencias de inteligencia.