Los accionistas de Talgo piden buscar otro inversor tras el 'pufo' de Sidenor 

4 de abril de 2024.- La húngara Magyar Vagon presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta pública de acciones por el 100% de Talgo, cinco euros por acción y un total de 619,3 millones de euros. En esos momentos, la sociedad cotizaba en 4,25 por lo que la propuesta ofrecía una prima del 17%, algo que cumplía las expectativas de los socios mayoritarios (Trilantic) y de los minoritarios que también manifestaron su apoyo a la operación. No obstante, desde un primer momento el Gobierno –encabezado por el Ministro de Transportes, Óscar Puente— se opuso a la venta advirtiendo del riesgo de que el fabricante de trenes cayese en manos de una compañía vinculada al gobierno del ultraderechista Viktor Orbán. Finalmente, la propuesta terminaría siendo bloqueada por el Consejo de Ministros en agosto de ese año utilizando el escudo antiopas y argumentando razones de seguridad nacional por supuestos vínculos con Rusia. Algo que nunca se llegó a demostrar.

14 de febrero de 2025.- Un consorcio liderado por el dueño de Sidenor, José Antonio Jainaga, cierran un principio de acuerdo para comprar el 29,8% de Talgo y asumir el control del fabricante de trenes considerado a esas alturas estratégico por el Gobierno. Se ponía así fin a un año de guerras políticas en las que España bloqueó por tierra, mar y aire la entrada de un inversor extranjero -primero Magyar Vagon y luego de la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons- pese a que sus ofertas eran más atractivas y rentables. El grupo vasco además contó con el apoyo ‘in extremis’ de las fundaciones bancarias BBK y Vital, y del fondo público autonómico Finkatuz, las que se sumaron a la propuesta que Jainaga ya había hecho en octubre. Una operación en la que el plácet de Moncloa fue clave para que Trilantic decidiera aceptar una propuesta con menos garantías que otras que llegó a tener sobre la mesa.

Trilantic aceptó un pago total de cinco euros por acción, con un fijo de 4,15 euros y otros 0,85 a abonar en 2029 si se cumplían determinados parámetros financieros sujetos al cumplimiento del plan de negocio de Talgo en 2027 y 2028. Esto suponía un abono inmediato de 155 millones y otro futuro (y probable) de 31,4. Era una leve mejora respecto de los 0,65 euros de variable presentado una semana antes, aunque quienes vivieron de cerca esos días confirman las fuertes presiones que sufrieron para desechar la propuesta de la polaca Pesa. El consorcio extranjero puso sobre la mesa cinco euros en efectivo y manifestó su interés en comprar hasta el 100%, pero tras los movimientos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con su homólogo polaco, ni siquiera llegaron a presentar una oferta.

Multa de Renfe

El Ejecutivo español respiraba tranquilo porque conseguía un triple objetivo: que el primer inversor de Talgo se quedara en casa, alejar el fantasma de un consorcio extranjero hostil y sellar la paz con el Gobierno vasco, que pudo vender a su electorado la protección de la industrial local. Sin embargo, este principio de acuerdo solo sería el comienzo de una lenta agonía y de un cúmulo de despropósitos que amenazan con hacer descarrilar la operación cuando ya se cumplen cinco meses del pacto inicial. A día de hoy pocos creen que la compra pueda tener éxito, ya que las posiciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las del Gobierno vasco se han enrocado, mientras Jainaga asiste impasible a un conflicto en el que no puede intervenir (ni resolver) por falta de liquidez.

La primera piedra en el camino fue la multa de Renfe a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril. Una penalización de 116 millones que el consorcio instó a renegociar e incluso pidió al Ministerio de Transportes que intercediera para que su compañía pública condonara la deuda. El operador ferroviario se negó en redondo y ofreció la posibilidad de un pago en cuotas para no perjudicar la liquidez del fabricante, pero también para cuidar sus cuentas en un año en el que han perdido 100 millones de euros solo en el primer trimestre. Negociaciones a varias bandas que no llegaron a ninguna resolución y que quedaron pendientes de que la vasca solucionara antes la reordenación de su deuda.

Después de más de dos meses de negociaciones por la multa, el grupo liderado por Jainaga viró su análisis hacia las cuentas de Talgo y ‘descubrieron’ que no pasaban por su mejor momento. Una deuda de más de 400 millones y serios problemas de liquidez obligaban a poner sobre la mesa otros 150 millones de euros para los requerimientos de caja más inmediatos. El consorcio recurrió (otra vez) al Gobierno y a la SEPI para que aportaran esta cantidad y se llegó a un principio de acuerdo (otro más) para que la sociedad pública aportara el capital en forma de préstamo participativo. Esto significaba que si en el plazo establecido no se devolvía el dinero el holding del el Ministerio de Hacienda pasaría a ser el principal accionista de la operadora.

Préstamo de la SEPI

11 de junio de 2025.- Parecía que esta vez el negocio sí que estaba cerrado y que —con el apoyo de la SEPI— sería posible firmar el pacto alcanzado en febrero. Pero todo volvió a saltar por los aires por las dudas de la sociedad pública. Este diario viene publicando casi desde el comienzo de esta operación que Jainaga y Sidenor no cuentan con la liquidez necesaria para pagar su participación en el consorcio y que todas las dificultades que se han argumentado sucesivamente –primero la multa de Renfe y luego la deuda de la compañía– son solo excusas para forzar la entrada del Estado en el capital y cubrir con capital público una cartera de proyectos que supera ya los 4.000 millones. En informaciones del 20 de julio, el directivo ya no ocultaba su exigencia de que era necesaria la implicación del holding estatal “con una participación de al menos el 5%” para dar tranquilidad a la banca y a las futuras negociaciones de la deuda.

En algunos sectores del Gobierno y de la cartera de María Jesús Montero se cree que el dueño de Sidenor quiere aprovechar el apoyo público –estatal y del Gobierno vasco– para controlar Talgo casi sin esfuerzos financieros. La gran pregunta que se hacen es por qué Jainaga ha seguido adelante si lleva desde octubre del año pasado negociando con el fabricante de trenes y conoce de sobra la situación de la multa de Renfe y los problemas financieros. “Recurrentemente hay una nueva traba que solucionar, cuando al final el único problema es que siempre falta dinero”, dice un directivo del sector que ha seguido en primera persona todo el proceso. Y que cree que sin el apoyo real de la SEPI nunca se podrá cerrar la venta.

En esta línea, la SEPI optó por congelar el préstamo de 150 millones y ofreció al consorcio que pagasen este montante a partes iguales. Y los fondos (no Sidenor) reunieron estos 75 millones, aunque –como denunció esta semana el PNV— el Gobierno se volvió a bajar del acuerdo pocos días después. Desde la sociedad pública consideran que se podría tratar de una ayuda de Estado encubierta que podrían denunciar otros fabricantes como Alstom o CAF y que generaría dudas en la Comisión Europea. En un escenario ideal prefieren esperar a que la empresa tenga verdaderas dificultades financieras, algo que no se produciría probablemente sin el riesgo de real de un concurso de acreedores.

Opciones de Talgo

8 de julio de 2025.- Una posición arriesgada que ha hecho perder los papeles al PNV y a la Lehendakaritza que denunciaron esta semana que el Gobierno estaba torpedeando sistemáticamente la operación. Lanzaron un órdago público, aunque pocas horas después volvieron al redil indicando que se podía alcanzar un pacto “en los próximos días, durante este mes de julio”. Unas palabras que, sin embargo, ya nadie cree en el sector. Ha sido el propio Gobierno vasco el que ha dicho en al menos tres ocasiones, y durante cinco meses, que el pacto estaba cerca y que solo faltaban detalles, pero luego todo se ha torcido. Un juego de ajedrez que ya ha cansado a los accionistas de la compañía, que se han hartado de los juegos políticos que llevan dos años paralizando la sociedad, los últimos cinco meses a la espera de un acuerdo que nunca termina de concretarse.

Estos accionistas minoritarios creen que el acuerdo no se cerrará, por lo que piden que la compañía dé carpetazo al pacto y vuelva al mercado a buscar otro socio. Consideran que en todo este tiempo la empresa ha perdido el foco y que ha ido a peor básicamente porque no termina de aclarar su futuro al calor de una operación que nunca termina de cerrarse. Un periodo en el que además se ha desplomado en bolsa. Esta semana, la cotización de Talgo cerró en los 2,90 euros, un desplome del 32% frente a los 4,25 que valía hace dos años cuando Magyar Vagon se interesó por el fabricante de trenes. Estiman que el mercado ha dejado de considerarles como una alternativa atractiva de inversión en medio de guerras políticas y de sucesivos vetos a inversores extranjeros.

Nuevo socio ¿extranjero?

Por otro lado, advierten de que la firma del preacuerdo expiró a los tres meses, por lo que Trilantic ya tiene manos libres para buscar otra pareja de baile. Técnicamente ya no tiene ningún impedimento legal, aunque las presiones políticas para que espere a Sidenor siguen siendo muy grandes. Estos minoritarios recuerdan también que las ofertas de las empresas extranjeras fueron mucho mejores y que incluían la venta de todas las acciones, además de una solución a largo plazo con capacidad industrial para resolver la cartera de pedidos que se agolpa en Talgo y que amenaza con nuevas penalizaciones en Alemania y Dinamarca. En el sector están convencidos de que con Sidenor no lograrán cumplir estos objetivos y que lo único que les salvaría sería una importante inyección de liquidez de la SEPI… Y de mucho más que 150 millones. Y, por lo que se ha visto, la sociedad pública no está por la labor de hacer grandes dispendios.

Con todo, creen que todavía hay tiempo para girar el timón y buscar otras alternativas. El interés de grupos industriales extranjeros sigue existiendo y si se desecha la vía Sidenor todavía se podría cerrar un buen pacto. En Trilantic no sueltan prenda, probablemente por las presiones del Gobierno, pero en privado no ocultan su decepción por una compra que lleva cinco meses de retraso. Por ello tampoco cierran la puerta a empezar de cero y buscar nuevos horizontes si se termina cayendo la operación pública. ¿Plazos? El Gobierno vasco dice que a finales de este mes debería estar todo cerrado con la SEPI, por lo que si se vuelve a retrasar, en septiembre sería un buen momento para comenzar a contactar con posibles nuevos inversores. ¿Bloqueos del Ejecutivo español? Los accionistas creen que si fracasa la entrada pública no tendrían argumentos económicos para intentar torpedear alguna oferta extranjera. Lo que sí está claro es que el futuro de Talgo se jugará en los próximos días a cara o cruz y que la última palabra no está dicha.