España, entre los países europeos más vulnerables a ciberataques eléctricos

España figura entre las grandes potencias europeas con mayor exposición al riesgo de ciberataques sobre su red eléctrica. La creciente digitalización de las infraestructuras eléctricas, con sistemas SCADA y tecnologías operativas (OT) conectadas a internet, protocolos inseguros y redes insuficientemente segmentadas, ha incrementado notablemente las posibilidades de intrusión. Estas redes, diseñadas históricamente para priorizar la disponibilidad sobre la seguridad, son especialmente vulnerables a ataques que aprovechan fallos como contraseñas por defecto, servicios mal configurados o protocolos industriales sin cifrar.

A todo ello se suma la progresiva convergencia entre los entornos de tecnologías de la información (IT) y OT, que facilita que un atacante que logre acceso a la red corporativa pueda escalar privilegios y comprometer los sistemas de control industrial. El resultado es un panorama de amenazas en crecimiento que ha situado a las infraestructuras críticas, y en particular las redes eléctricas, en el centro de la preocupación de los organismos de seguridad.

En los últimos años se ha producido un aumento sostenido de los ciberincidentes en sectores estratégicos, generando una creciente desprotección de infraestructuras críticas, un blanco cada vez más interesante para los hackers. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, solo en 2022 se registraron más de 15.000 ciberincidentes en infraestructuras críticas en España, un 43 % más que el año anterior, de los cuales casi dos tercios fueron catalogados de peligrosidad alta o muy alta. El año siguiente, Kaspersky contabilizó más de dos incidentes diarios de alta gravedad, la mayoría de los cuales tenía como objetivo sistemas gubernamentales.

Las campañas de actores estatales avanzados (APT), el uso de ransomware dirigido y herramientas como el malware Industroyer han demostrado que un ciberataque a un sistema eléctrico puede tener consecuencias físicas reales, desde cortes de suministro hasta daños permanentes en equipos clave. Este tipo de amenazas han pasado de ser un tema de ciencia ficción a convertirse en una posibilidad realista y preocupante para los responsables de la seguridad nacional.

En comparación con otras grandes economías europeas, España presenta carencias significativas. Aunque países pequeños del este ya han experimentado episodios graves de ciberataques a sus infraestructuras, entre las grandes potencias del continente, España se sitúa entre los menos preparados. Francia y Alemania, por ejemplo, han desarrollado estrategias nacionales robustas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas, con fuertes inversiones en modernización tecnológica, segmentación de redes OT, implementación de sistemas de detección automatizada y entrenamiento de equipos especializados. Reino Unido ha seguido una línea similar. En España, aunque existen iniciativas públicas y privadas, el nivel de inversión y desarrollo es menor, de modo que la madurez del sistema sigue siendo inferior. La red eléctrica, en particular, cuenta con numerosos elementos heredados que no fueron diseñados pensando en ciberseguridad, y su actualización avanza con lentitud.

Un apagón por ‘hackeo’, improbable pero posible

Un informe publicado por la Revista Ejércitos profundizaba recientemente en la amenaza que representan los ciberataques eléctricos. Destaca que, si bien el escenario de un ataque masivo a la red española sigue considerándose poco probable, no es en absoluto descartable. El documento incide en los efectos físicos que pueden derivarse de una intrusión digital, que son plenamente factibles: desde apagones temporales hasta la sobrecarga de sistemas, sabotajes remotos y daños permanentes en transformadores o interruptores.

En el contexto geopolítico actual, los ciberataques se han convertido en una herramienta habitual entre estados, aunque rara vez se reconozca oficialmente su autoría. Casos como los enfrentamientos cibernéticos entre Irán e Israel ilustran esta tendencia. En este tipo de amenazas, resulta esencial contar con sistemas automatizados capaces de detectar patrones de comportamiento anómalos o actividad maliciosa, algo que en España aún está en fase de desarrollo. Existen proyectos como el sistema CARMEN, impulsado por el CNI, o colaboraciones con empresas como S2 Grupo, pero el despliegue es todavía limitado.

El precedente ucraniano

La posibilidad de que un ciberataque interrumpa el suministro eléctrico no es solo teórica. El caso más conocido es el de Ucrania en 2015, cuando un grupo de atacantes logró infiltrarse en los sistemas de supervisión de varias compañías eléctricas, provocando un apagón que afectó a más de 230.000 personas durante varias horas. El ataque, llevado a cabo mediante el malware BlackEnergy 3, no solo permitió a los intrusos desconectar subestaciones, sino que además paralizó los centros de atención al cliente con ataques de denegación de servicio y eliminó información clave mediante un componente destructivo conocido como KillDisk. Al año siguiente, un segundo ataque más sofisticado volvió a afectar a la capital, Kiev, esta vez utilizando el malware Industroyer, capaz de interactuar directamente con los protocolos industriales de la red eléctrica.

Si un ataque de este tipo se produjera en España, el impacto podría ser significativo. Aunque la estructura de la red y la organización de los operadores difieren de la ucraniana, existen puntos de concentración —subestaciones clave, centros de control regional, conexiones externas vulnerables— que podrían ser blanco de sabotaje. En el peor de los casos, un ataque coordinado podría provocar apagones localizados durante horas, coincidiendo con momentos de alta demanda como olas de calor, lo que tendría consecuencias sanitarias, industriales y económicas. Además, como ha ocurrido en otros países, no se puede descartar la utilización de este tipo de operaciones con fines políticos o como forma de presión en contextos de tensión internacional.

Al retraso de España en la carrera europea hacia la ciberseguridad hay que añadir la inestabilidad inherente de la red española por exceso de renovables y deficiencias de inversión, actualización y mantenimiento: la gravedad de esta situación quedó al descubierto en el gran apagón, cuando otros países pudieron absorber mejor anomalías como la alta actividad solar. Por todo ello, aunque el riesgo de un gran apagón eléctrico provocado por un ciberataque en España sigue siendo bajo en términos estadísticos, su impacto potencial sería muy grave. Fortalecer estas infraestructuras requeriría grandes inversiones sostenidas, actualización tecnológica, formación especializada y una estrategia nacional clara para minimizar un peligro no inmediato pero sí real.