El Estado perdería ingresos de hasta el 1,5% por la financiación catalana, según un informe
Podría afectar negativamente al déficit consolidado si las comunidades autónomas no logran mejorar sus saldos fiscales
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
El acuerdo para modificar el sistema de financiación de Cataluña podría suponer un desafío significativo para la sostenibilidad fiscal del Estado central, según advierte un informe de Morningstar DBRS. El documento señala que la transferencia de la recaudación de impuestos clave -como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el impuesto de sociedades– a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) implicaría una pérdida de ingresos para el Estado central estimada entre el 0,4% y el 1,5% del PIB, dependiendo del escenario de aplicación.
Esta merma de recursos limitaría la capacidad del Gobierno central para gestionar el conjunto de las finanzas públicas y podría afectar negativamente al déficit consolidado si las comunidades autónomas no logran mejorar sus saldos fiscales, según recoge Europa Press.
Morningstar DBRS advierte que, aunque en teoría la mejora de los resultados fiscales regionales debería compensar la pérdida de ingresos estatales, en la práctica existe el riesgo de que los déficits autonómicos no se reduzcan. En ese caso, el Estado se vería obligado a ajustar su gasto o a incrementar la presión fiscal para cumplir con los objetivos de déficit.
El informe subraya que la menor influencia del Estado sobre las cuentas regionales podría dificultar la coordinación de políticas fiscales y el control del gasto público, especialmente si otras comunidades autónomas reclaman adherirse al nuevo modelo. La multiplicación de este sistema en varias regiones aumentaría proporcionalmente el riesgo para el equilibrio fiscal nacional.
Además, la reforma requiere modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que implica un complejo proceso parlamentario y la necesidad de consensuar con otras regiones, muchas de las cuales podrían exigir condiciones similares o compensaciones adicionales.
La transición técnica también representa un reto: la ATC deberá reforzar su capacidad para gestionar y supervisar la recaudación, en coordinación con la Agencia Tributaria estatal, para evitar el fraude y la doble imposición. El proceso, que podría iniciarse en 2026, se prevé largo y plagado de incertidumbres.
El informe de Morningstar DBRS concluye que, aunque la reforma podría beneficiar a Cataluña, el Estado central afronta riesgos fiscales y políticos considerables que podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se establecen mecanismos de control y coordinación efectivos.