Dos expertos calculan que Cataluña perderá 3.000 millones por fraude con el nuevo cupo

La cesión de la recaudación, inspección y legislación de impuestos a Cataluña tendrá como consecuencia inmediata un aumento exponencial de los costes derivados de la gestión de los tributos. La comunidad se verá obligada, entre otras cosas, a contratar más funcionarios y pagar más si quiere retener el talento. Junto a esto, los servicios se verán deteriorados y las gestiones sufrirán retrasos. También, y más grave, habría un incremento del fraude derivado de la fragmentación de la Agencia Tributaria. La perdida de ingresos podría ascender a 3.000 millones en IVA y Sociedades.

Si no se dispone de información completa y en un tiempo razonable, muchos incumplimientos tributarios quedarán sin detectar. Estas son algunas conclusiones plasmadas en el libro La factura del cupo catalán. Los autores del exhaustivo análisis sobre la financiación autonómica son el economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre y el economista y catedrático Jesús Fernández-Villaverde.

El detalle del libro, analizado por THE OBJECTIVE, muestra las nefastas consecuencias para las regiones de régimen común de determinadas cesiones, y que el «problema de la Generalitat de Cataluña es de gasto, no de ingresos». Según destacan los autores, el coste de recaudación de las diputaciones forales fue en 2023 un 80% superior al de la AEAT. Esto también ocurre en Alemania, donde el coste por cada euro recaudado es casi el triple que en España, según datos de la OCDE.

Lucha contra el fraude

La situación en Cataluña será todavía más problemática, apuntan los autores. La Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña es la más activa del país y cuenta con un porcentaje significativo de funcionarios «que no son oriundos ni tienen arraigo en la región». Junto a esto, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, se ha mostrado dispuesta a subir los sueldos para retener funcionarios. El acuerdo sellado entre el Ejecutivo con la Generalitat prevé un traspaso masivo de empleados.

La financiación singular de Cataluña y el traspaso de la recaudación tendrán un impacto muy negativo en la lucha contra el fraude. La fragmentación supone recortar las vías de información y traspaso de datos. Los retrasos y la falta de información provocarán, entre otras cosas, que muchos fraudes e incumplimientos prescriban. Las consecuencias de la ruptura de la Agencia Tributaria en el aumento ya fueron expuestas por la Asociación de Inspectores de Hacienda en 2024.

Cupo vasco y Cataluña

Para demostrar que la lucha contra el fraude es más difícil con la Agencia Tributaria dividida, De la Torre y Fernández-Villaverde ponen sobre la mesa unos datos incuestionables. En 2022, en España se ingresaron por IVA 91.184 millones de euros: 86.553 millones en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (el 94,92 %), 4.230 en las tres Diputaciones vascas (el 4,64%) y 400 millones en Navarra (0,44 %).

Sin embargo, el consumo interior en el País Vasco representó el 5,41% del total del territorio común del IVA, y en Navarra el 1,55%, porcentajes significativamente superiores —especialmente en el caso de Navarra— al porcentaje de recaudación efectiva del IVA. Si en el País Vasco se hubiera recaudado en la misma proporción al consumo final que en el resto del territorio común, los ingresos habrían sido de 5.032 millones de euros, en lugar de los 4.230 millones efectivamente recaudados. En Navarra, la diferencia es aún más pronunciada: deberían haberse recaudado 1.442 millones de euros, frente a los apenas 400 millones realmente ingresados.

La Hacienda catalana

Este desfase es consecuencia, mayoritariamente, del fraude. Las haciendas forales carecen de medios para controlar a los contribuyentes y en el País Vasco y Navarra es más fácil -debido a la falta de determinada información- engañar al fisco. Por último, los autores destacan que si la brecha en Cataluña -cuando asuma su Agencia Tributaria- fuese igual a la vasca, la caída de la recaudación de IVA sería de 2.700 millones de euros anuales. Si la comparación fuese con Navarra, la cifra se elevaría a 12.500 millones. De la Torre y Fernández Villaverde concluyen que una reducción de 3.000 millones de recorte potencial de IVA sería «una estimación tirando bastante a la baja del coste extra de fraude».

El acuerdo suscrito entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central el pasado lunes recoge la voluntad de desplegar la hacienda catalana. Busca gestionar los impuestos de forma progresiva, como vía para profundizar en su autogobierno en materia de autonomía fiscal y financiera.

Gestión de IRPF

Para ello se prevé impulsar los cambios legislativos pertinentes para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma progresivamente competencias en la gestión del IRPF y la que, en el futuro, se pueda acordar respecto de otros tributos. Las dos administraciones han acordado también intensificar la participación de la ATC en la campaña de renta de 2025 y se han comprometido a analizar la cobertura convencional o legal para que se puedan presentar las declaraciones del IRPF en la ATC. A lo largo de 2026, una vez modificado el marco legal, la ATC podrá comprobar la correcta aplicación en las declaraciones del IRPF de la normativa autonómica, en particular las deducciones aprobadas por el Parlament.