Los inspectores de Hacienda piden la dimisión de Montero por la voladura de la caja común
Aseguran que la ministra ha sido «incompetente» al pactar con Cataluña esa nueva financiación
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Hernán. | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press / ContactoPhoto
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha pedido este miércoles la dimisión de la ministra María Jesús Montero tras el acuerdo para la financiación de Cataluña que rompe la caja común. Así lo han indicado en una rueda de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid, detallando que exigen que deje su cargo al frente del Ministerio de Hacienda por «incompetente» al permitir que se dé vía libre a una actuación «ilegal e inconstitucional».
Los inspectores de Hacienda han argumentado que el acuerdo rompería principios básicos del sistema tributario español, como la existencia de un único sistema de información, una caja única y una gestión integrada de las retenciones. En su comparecencia, han calificado de “imposible” la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026, al considerarla poco realista debido a la dificultad para conciliar la información entre una base de datos nacional y otra catalana.
Esto, según han explicado, provocaría una caída drástica en la rapidez de las devoluciones en las declaraciones de la renta. “Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales”, han añadido los representantes de la asociación.
Aunque han evitado proporcionar cifras exactas sobre las posibles pérdidas en la recaudación de las arcas públicas, sí han recordado datos de 2022 —los últimos disponibles— para contextualizar el impacto: los impuestos recaudados en Cataluña representaron el 19,35% del total nacional. Ese año, el Estado ingresó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 millones procedían de Cataluña.
Además, el pacto tendría “consecuencias graves” en la lucha contra el fraude fiscal, ya que la separación de las haciendas española y catalana implicaría una diseminación de datos. “Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude”, han incidido, subrayando que esta fragmentación comprometería la eficacia del control fiscal.
Esta no es la primera vez que los inspectores alzan la voz contra el acuerdo. Ya el pasado lunes, 14 de julio, la asociación emitió un comunicado público en el que denunciaba con dureza el pacto bilateral entre el Estado y la Generalitat. En dicho documento, titulado ‘El acuerdo Generalitat/Gobierno presenta un modelo ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad’, los inspectores advertían de que el avance hacia un régimen de financiación singular para Cataluña, que incluye la gestión de la campaña del IRPF por la Agencia Tributaria de Cataluña a partir del próximo año, carece de base legal. “Mientras no se modifique la normativa, estamos hablando de un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución”, rezaba el texto.
En el comunicado, se subrayaba que, si Cataluña asume la recaudación total de impuestos, el resto de comunidades autónomas se verían perjudicadas al recibir menos fondos para servicios públicos, lo que crearía “ciudadanos de primera y de segunda”. Además, los inspectores alertaban de las consecuencias de generalizar este modelo: “Supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria”, y dejaría al Estado sin recursos para funciones clave como el pago de pensiones financiadas con impuestos, los intereses de la deuda pública o la respuesta a crisis como los ERTE durante la pandemia.
La asociación destacaba en su nota que no se ha escuchado “ni una sola opinión positiva o ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos”, atribuyendo el pacto exclusivamente a “un acuerdo político que hizo posible el nombramiento del presidente de la Generalitat”. Esta crítica previa, emitida apenas dos días antes de la rueda de prensa, refuerza la posición de los inspectores, que insisten en que el acuerdo no responde a criterios técnicos, sino a intereses partidistas.