Alarma entre los inspectores de Hacienda: la cesión fiscal a Cataluña no será reversible
IHE pide la dimisión de la ministra María Jesús Montero por su incompetencia en la gestión de la financiación singular
Salvador Illa saluda a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reaccionado, como cabía esperar, a las decisiones anunciadas por la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat de Cataluña. Este miércoles, y desde la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, IHE ha alertado de las negativas consecuencias que la financiación singular provocará tanto para los ciudadanos catalanes como para el resto de los españoles.
Además de un incremento del fraude, problemas en los planes de control, mayores dificultades en la lucha contra las tramas del IVA o, problemas de deslocalización de empresas, entre otros, IHE sostiene que cualquier paso que se dé para consolidar la plena soberanía fiscal de Cataluña «será irreversible, por muy pequeño que sea el camino andado».
Los inspectores mantienen, por «experiencia con el traspaso de otros impuestos, como el IRPF o el IVA», que «el camino que se anda siempre es irreversible en el ámbito tributario». Además. «no habrá formación política que llegue al Gobierno que sea capaz de echar atrás cualquier transferencia fiscal, por mínima que sea, porque normalmente los políticos no tienen capacidad y dependen de partidos minoritarios y nacionalistas».
«Una ministra incompetente»
Esta seria advertencia fue uno de los mensajes enviados este miércoles por los tres representantes de IHE: su presidenta, Ana de la Herrán, y los inspectores José María Peláez y Antonio Morales. En un encuentro con los medios, el primer punto fue la petición de dimisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Para los inspectores, los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña son «gravísimos y sin precedentes», porque supondrán de forma gradual la implantación de una Agencia Tributaria Catalana, que recaude y gestione todos los impuestos, empezando en el año 2026 por el IRPF. Esto conlleva «la desaparición del Estado y el paso a un modelo confederal asimétrico, que deja en desventaja al resto de comunidades autónomas».
Critica IHE que ante esta situación, «María Jesús Montero ha sorprendido con su silencio; no ha querido reunirse con los inspectores de Hacienda; no ha sido capaz de ofrecer argumentos técnicos ni jurídicos solventes ni tampoco ha dado explicaciones a los trabajadores de Cataluña, con este cambio del sistema de financiación por la puerta de atrás».
La mediación de Gascón
De hecho, y según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, que tradicionalmente se celebra en el mes de julio con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades, salvo País Vasco y Navarra, se ha retrasado hasta después del verano.
Suficientes motivos -entienden estos inspectores- para que Montero deje de ser ministra por su absoluta «incompetencia» y, asuma de una vez por todas las responsabilidades de su cargo. Cuestión aparte es la del secretario de Estado, Jesús Gascón, también inspector de Hacienda, de carrera, y que de momento no ha contestado a los requerimientos por escrito hechos desde IHE.
No obstante, según fuentes de Hacienda consultadas por este medio, Gascón, presente en la Comisión bilateral celebrada el pasado 15 de julio en Barcelona, podría haber sido quien hubiera logrado rebajar las aspiraciones impresas el año pasado, como llave entonces para la investidura de Salvador Illa.
«La gente no quiere trabajar en Cataluña»
Los inspectores de Hacienda observan ahora que el documento actual es más impreciso, poco concreto, lleno de vaguedades y habla de periodos transitorios, porque, en el fondo de la cuestión -señalan-, una cesión de este tipo, más allá de que es «inconstitucional» y una «voladura del sistema actual», «no se puede llevar a cabo, y menos en un año, para gestionar el IRPF».
Explican que el reconocimiento de la Agencia Tributaria se debe a más de 30 años de perfección de aplicaciones informáticas que cruzan datos para efectuar el control de todos los impuestos. Centenares de aplicaciones y muchas horas de formación para poder actuar sobre la gestión, recaudación, aduanas e inspección. Actuaciones que, en el caso del IRPF, no se podrán ejecutar en 2026 «por falta de personal, ya que la gente no quiere trabajar en Cataluña y porque los inspectores -subrayan- no van a disponer de esa información allí».
Esto «producirá un deterioro de los servicios prestados por la agencia a los ciudadanos». Y también «aumentará el tiempo de devolución del IRPF». Además, «se incrementará el nivel de fraude y la evasión fiscal, disminuirá la seguridad jurídica y, en general, el modelo ‘singular’ hará más ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario».