Una de las empresas públicas que contrató a Jésica ha duplicado su plantilla en ocho años

La empresa pública Tragsa, salpicada por la contratación de Jésica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, ha disparado su plantilla en los últimos años. Esta entidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, ha duplicado el número de empleados en los últimos ocho años, pasando de 6.456 en el año 2017 a un total de 13.130 trabajadores en 2025.

Así se desprende en una respuesta del Grupo Tragsa a una solicitud del Portal de Transparencia -a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE-, que aparece firmada por su Gabinete de Presidencia. Según el documento, actualmente la filial del grupo cuenta con 6.991 trabajadores fijos y 6.139 temporales, cifras muy por encima de las registradas a finales de 2017, cuando se contabilizaban 3.783 empleados indefinidos y 2.673 eventuales. El mayor pico de contrataciones temporales se produjo en 2023, con un total de 7.152 empleados eventuales. En el caso del personal fijo, el número más alto se ha alcanzado en 2025, prácticamente el doble del mínimo registrado en 2019, cuando la cifra se situó en 3.694. 

El notable incremento de personal ha tenido un reflejo directo en los costes salariales de la empresa. Según los datos correspondientes al ejercicio 2024, la masa salarial del personal fijo acogido al convenio colectivo de Tragsa ascendió a 117,8 millones de euros, lo que representa una media de 22.400 euros brutos por empleado. En el caso de los trabajadores temporales, el desembolso fue aún mayor: 134 millones de euros, con un salario medio de 19.300 euros.

La evolución del personal directivo, sin embargo, se ha mantenido estable en comparación con el resto de la plantilla. La última actualización, correspondiente a 2024, refleja un total de 125 altos cargos en plantilla. Este grupo concentró una masa salarial de 11,6 millones de euros, lo que equivale a una media de 92.800 euros anuales por directivo.

242 empleados sancionados por absentismo, pero Jésica no

Tal y como adelantó este periódico, el Grupo Tragsa ha incoado un total de 242 expedientes disciplinarios por absentismo laboral entre en la última década. Una cifra que equivale a una media de 24 sanciones por año. Solo en 2021, coincidiendo con la etapa en la que Jésica Rodríguez estuvo contratada en Tragsatec, se abrieron 14 expedientes de este tipo.

Jésica trabajó durante seis meses, entre marzo y septiembre de 2021, como auxiliar administrativa adscrita a la presidencia de ADIF, a través de la filial del grupo público. Sin embargo, durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo el pasado 27 de febrero, reconoció que cobraba un salario sin acudir a su puesto de trabajo. A pesar de ello, aún no consta que se le haya abierto expediente sancionador.

Desde la propia entidad aseguran a este medio que actualmente «no consta» ningún trabajador pendiente de sanción por este motivo. Según los datos disponibles, más del 11% del personal del grupo desempeña funciones administrativas, el área en la que también se encuadraba la exnovia del exministro socialista. La joven accedió a Tragsatec en marzo de 2021, tras concluir un contrato anterior con la empresa pública Ineco, y permaneció en el puesto hasta septiembre de ese mismo año. La investigación judicial apunta a que Joseba García, hermano de Koldo García, firmaba sus partes de asistencia para justificar su presencia, aunque él lo negó durante su propia declaración ante el juez.

Las colocaciones de Ábalos y el aviso de la CNMC

Tragsatec y otras tres entidades centradas en los encargos públicos dieron trabajo a las amigas de Ábalos. Jésica Rodríguez consiguió empleo, tras supuestamente dejar en el camino a centenares de competidores, en las públicas Ineco y Tragsatec. En Ineco también estuvo Joseba García, hermano de Koldo García. Mientras, LogiRail incluyó en su plantilla a Claudia Montes, otra amiga de Ábalos y miss Asturias 2017. Por último, entre los fichajes de empresas públicas que realizan encargos de otras entidades está el de Nicole. Esta mujer, amiga íntima de Koldo García, entró en Emfesa, una empresa vinculada a ADIF, en la que también trabajaron Joseba García y un sobrino.

Las labores y la vigilancia de estas empresas, que han servido como refugio laboral de familiares y amigas de Ábalos y Koldo, siempre han estado cuestionadas. Las compañías privadas se han quejado de forma reiterada de que estos servicios, que la ley marca como excepcionales, les dejan sin posibilidad de contratar en determinadas áreas. El pasado diciembre, la CNMC dio a conocer un informe, que previamente le había solicitado el Ministerio de Agricultura, sobre el proyecto de Real Decreto del régimen jurídico de Tragsa y su filial Tragsatec.

La CNMC reconoció que existen objetivos de interés público que pueden justificar la realización de encargos a medios propios. Entre estos señala razones de agilidad, flexibilidad y control. Sin embargo, resaltó el impacto que este tipo de adjudicaciones tiene en la competencia. «Estos riesgos no solo derivan de una potencial pérdida de eficiencia respecto a los fondos públicos empleados, sino también de la reducción del tamaño del mercado de la contratación pública por la posible expulsión de oferentes», señaló en su balance.

Otro aspecto que subrayó fueron los costes. Instó a que las tarifas se ajusten a precios de mercado, «conforme a los costes de un operador eficientemente gestionado». «Se debe evitar que la compensación que reciba el medio propio pudiera suponerle una ventaja económica asimilable a una ayuda pública».

Mientras, el Tribunal de Cuentas, en un informe publicado en 2024 y centrado en los ejercicios 2021 y 2022 de Tragsa y Tragsatec, en la que trabajó Jésica Rodríguez, destacó la excesiva utilización de Tragsa como medio propio, tanto en número de encargos como en el importe económico. Incidió en que sus encargos se han ido distanciando de su actividad inicial y especialización, ampliando de forma importante su atención a otras áreas. Tragsa se hizo con más de 3.000 contratos en los años auditados, valorados en 3.000 millones.