La realidad económica de la financiación singular de Cataluña

El 14 de julio el Gobierno central y la Generalitat aprobaban, en el marco de la polémica Comisión Bilateral (polémica porque se pactan bilateralmente, es decir, a espaldas del resto de las comunidades, asuntos que afectan a todas), las bases de un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, cumpliendo uno de los compromisos que hicieron posible que Esquerra apoyara hace un año la investidura de Salvador Illa.

Como viene sucediendo desde hace ya demasiado tiempo, la noticia ha dividido profundamente más que a la opinión pública, a la opinión publicada.

Están, por un lado, el Gobierno y sus medios afines, que han intentado acallar la alarma que ha suscitado la propuesta argumentando que el nuevo modelo solo pretende «garantizar los recursos necesarios» para que Cataluña atienda a sus legítimas competencias y que, por supuesto, es impecablemente solidario y contempla una aportación «para seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos del resto de comunidades autónomas». La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha rechazado enérgicamente que se trate de un «privilegio» y ha insistido en que el planteamiento es «aplicable» a cualquier otra región que así lo demande, que de hecho todas las comunidades van a recibir más recursos que nunca y que, en cualquier caso, España no se rompe, como proclaman la extrema derecha y la derecha extrema.

Estaríamos, en suma, ante una deseable profundización en el modelo federal que, nos guste o no, late en el pecho de la ambigua y abierta organización territorial del Estado que recoge el título VIII de la Constitución.

Frente a esta posición, se alinean muchos apocalípticos, pero también expertos en absoluto sospechosos de radicalismo, como el catedrático de la Universidad de Pensilvania Jesús Fernández-Villaverde y el inspector de Hacienda Francisco de la Torre. Estos últimos acaban de publicar La factura del cupo catalán, un libro en el que desmontan los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno.

En primer lugar, niegan que la financiación singular sea solidaria porque ningún sistema de concierto lo es. «Casi por definición —denuncian—, un concierto en una región rica reduce la solidaridad de sus habitantes con el resto del país». Y eso en el mejor de los casos, porque «la realidad […] es aún peor: el País Vasco y Navarra —dicen—, a pesar de ser la segunda y tercera regiones más ricas de España, no solo no contribuyen a la solidaridad interterritorial, sino que reciben recursos fiscales del resto de España».

Contrariamente a lo que asegura la ministra Alegría, Cataluña estará mejor financiada que el resto de las comunidades autónomas del régimen común, y esta financiación extra la pagarán los demás contribuyentes.

Tampoco les convence a Fernández-Villaverde y De la Torre la idea de que nos encontremos ante una profundización del deseable modelo federal.

Por último, advierten de que el cupo catalán pervierte el principio de solidaridad. Este, desde los tiempos de la Revolución francesa, se ha venido aplicando a ciudadanos individuales y consiste en tomar una parte de los ingresos de los más ricos para compensar a los más pobres. Ahora, en virtud de complejos motivos cuya raíz se encuentra en remotos y probablemente ficticios eventos históricos, la solidaridad se predica no ya de personas, sino de territorios, con lo que nos podemos encontrar (como de hecho ya sucede en el caso del País Vasco y Cataluña) con la paradoja de que los pobres de una región financian a los ricos de otra.

¿Cuál es la realidad? ¿Nos encontramos ante una tormenta en un vaso de agua o, por el contrario, está una vez más Pedro Sánchez jugando con fuego para mantenerse en la Moncloa?

De todo ello debaten el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de THE OBJECTIVE, Miguel Ors Villarejo, en este nuevo y último episodio de El Gris Importa antes de la tradicional parada biológica de agosto.