Sánchez se aferra a una norma de la covid para hacer cambios presupuestarios sin control

El presidente del Gobierno comunicó este lunes el compromiso de su Ejecutivo de llevar al Parlamento los Presupuestos Generales para 2026. Las cuentas públicas de 2025 se quedaron en el olvido. Y de hecho, España lleva tres años con los mismos presupuestos que se aprobaron en 2023.

En esta ocasión, Pedro Sánchez ha asumido que el Gobierno los presentará. Una afirmación que el año pasado, casi por estas mismas fechas, concretamente en el mes de septiembre, también hizo en la inauguración del curso político en la sede del Instituto Cervantes. Añadió en aquel momento que, además de confirmar la presentación de los presupuestos de 2025, pocos días después de ese anuncio iba a aprobar el techo de gasto en el próximo Consejo de Ministros.

Ni el techo de gasto ni tampoco los presupuestos de 2025 fueron aprobados. Tampoco ahora se han presentado los objetivos de estabilidad presupuestaria, ni, por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha convocado en el mes de julio, como era habitual, la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, paso previo a cualquiera de estas dos acciones. Según afirmó Sánchez este lunes, descargándose de responsabilidades-, «los fondos europeos son otros presupuestos y otro carril para la modernización de España».

Lo que no detalló el presidente en su comparecencia de fin de curso, bajo el eslogan Cumpliendo, es el que el Gobierno de coalición se sirve de un cambio normativo de los tiempos de la pandemia que se introdujo en los Presupuestos Generales de 2021 como una disposición excepcional. Un cambio que ha habilitado, desde entonces y hasta ahora, con otros presupuestos, como los de 2023 -y sus sucesivas prórrogas-, la posibilidad de acometer modificaciones de crédito de las partidas de los distintos ministerios sin necesidad de pasar antes por el Congreso.

El cambio se ejecutó -explican expertos en cuentas públicas- en la Ley de Presupuestos Generales de 2021. El artículo 9, que atañe a las modificaciones presupuestarias, indica que el Gobierno, a propuesta del titular de Hacienda, tenga la potestad de efectuar transferencias entre secciones, exceptuando, además, las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. Una transformación normativa de extraordinaria importancia, y que está vigente en los Presupuestos de 2023, que es la ley que rige, desde entonces, en las sucesivas prórrogas que el Ejecutivo ha ido extendiendo en esta legislatura.

«La opacidad ilegalizada»

La cuestión es -señala a THE OBJECTIVE el economista Santiago Sánchez López– «que con los presupuestos prorrogados, el Gobierno de Sánchez ha convertido esas modificaciones de crédito en un atajo para cambiar prioridades de gasto de manera arbitraria, al margen del debate parlamentario». 

«Decisiones de calado que se aprueban en Consejo de Ministros, sorteando el control parlamentario y que acaban convirtiéndose en una falta de transparencia inadmisible, porque no hay una memoria pública que ponga negro sobre blanco y que aclare qué políticas pierden recursos, cuáles ganan y con qué criterios». Dicho de otro modo, «es la opacidad legalizada, donde formalmente todo encaja, pero el control desaparece».

Un ataque duro para las inversiones

En mayo de este año, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, presentaron el informe de opinión La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado. Un estudio que contó con la colaboración de destacados expertos como Juan José Rubio Guerrero, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha; Santiago Álvarez García, profesor titular en la Universidad de Oviedo; y Santiago Lago Peñas, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela e investigador sénior en Funcas.

En ese documento, los expertos alertaron de las consecuencias de que el Gobierno renunciara a ejercer su responsabilidad en el ámbito de la aprobación de los Presupuestos, dado que la falta de presupuestos afecta la credibilidad de la política fiscal en sus posibilidades de cumplimiento y consolidación presupuestaria a largo plazo.

Sin dejar atrás, además, -indicaba el Instituto de Estudios Económicos- «las consecuencias económicas que una prórroga presupuestaria tiene en el ámbito de la inversión pública, «afectando directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión, en particular, en infraestructura. Y sabiendo -destaca el estudio del IEE- que, para converger con Europa, nuestras administraciones públicas deberían aumentar su inversión ya, en un orden mínimo de 15.000 millones de euros respecto a los niveles actuales».

Airef revela que el Gobierno no ha hecho nada

Hace un mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también presentaba el Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2025, clave para detectar posibles riesgos de incumplimiento, alertando de las inconsistencias entre el marco fiscal financiero y el nacional.

En ese estudio, la institución que preside Cristina Herrero ya constataba el retraso existente en los primeros pasos del procedimiento presupuestario, como la ausencia de la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, la propuesta de objetivos de estabilidad, la aprobación del límite de gasto no financiero para los Presupuestos, la publicación del informe sobre la situación de la economía española que contiene las tasas de referencia de la regla de gasto nacional y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar la propuesta de objetivos.

Dentro de un ciclo presupuestario normal -recuerda la Airef-, «estos elementos ya se habrían materializado para la fecha de elaboración de este informe». Por lo que, en consecuencia, la Autoridad recomendó al ministerio, en el mes de julio, que inicie «a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios que deben culminar con la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado y que se proceda al establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria». Asimismo, la Airef también recomendó la publicación de información sobre la aplicación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.