Sánchez obligó a la SEPI a entrar en Talgo pese al rechazo de sus técnicos

15 de julio de 2025.- Imanol Pradales comparece ante la prensa tras una larga reunión con Pedro Sánchez para reforzar las relaciones entre el Gobierno vasco, el PNV y La Moncloa de cara a la segunda parte de una incierta legislatura. El Lehendakari se muestra moderadamente satisfecho por los avances conseguidos -como la transferencia al País Vasco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social- aunque no oculta su satisfacción por el desbloqueo de la compra de Talgo. «Hemos encauzado la participación de la SEPI para hacer viable la operación del consorcio vasco y mantener así la actividad y el empleo en Euskadi», indicó sin dar demasiados detalles. Y agregó que «le corresponde al Gobierno dar pasos» para conseguir que «la empresa afronte su futuro en condiciones solventes».

Un acuerdo que en principio implicaba una aportación de 75 millones por parte del Estado, la enésima vuelta de tuerca para intentar salvar una operación que se había complicado más de lo esperado. En febrero, el consorcio vasco liderado por Sidenor se comprometió con Trilantic a comprarle su 29% de Talgo, por 153 millones de euros fijos y otros 31 en variables sujetos al cumplimiento de determinados parámetros financieros. Inicialmente el pacto iba a cerrarse en tres semanas, pero todo se complicó. A la multa de 116 millones de Renfe por incumplimiento en la entrega de trenes -que se aplazó en varios cuotas gracias a la orden del Ministerio de Transportes de Óscar Puente- se sumó la delicada situación financiera de la compañía y los escasos recursos del consorcio, que obligaron a una renegociación con la banca que se quedó pendiente del apoyo del Gobierno central. Un apoyo que siempre contó con muchos detractores dentro del propio Ejecutivo.

24 de julio de 2025.- Talgo envía un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) invitando a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a entrar en su capital a través de una ampliación de capital de 45 millones de euros y un préstamo convertible de otros 30 millones. Operación sujeta a una segunda emisión de convertibles de 75 millones dirigida a Ekarpen (el Gobierno vasco), Clerbil (del dueño de Sidenor, José Antonio Jainaga) y las fundaciones bancarias BBK y Vital. Por primera vez se pone sobre la mesa la posibilidad de que el Estado entre en el fabricante de trenes, una opción de la que se viene hablando desde hace meses, pero que hasta entonces no se había confirmado de forma oficial. Es así como los 75 millones que se comprometió a aportar Sánchez durante su reunión con Pradales pasaron de ser un préstamo a la entrada del holding público con el 7,9% del capital. Participación que podría ampliarse hasta el 12-13% si es que no se paga el crédito.

Entrada de la SEPI

29 de julio de 2025.- El último consejo de ministros del curso aprueba la entrada de la SEPI en Talgo en las mismas condiciones que la compañía propuso una semana antes y solo dos semanas después de la reunión de Sánchez con Pradales. Un tiempo récord si consideramos que la compra lleva cinco meses de retraso. Es así como la entrada de capital público quedaba condicionada a que el consorcio ejecutase la compra de un tercio del fabricante; que participase en la ampliación de capital paralela de 75 millones; así como a la aprobación por las entidades financieras de una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: financiación de 650 millones con vencimiento a seis años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años con extensión automática durante dos años más. Adicionalmente se concederá una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras otros 500 millones.

En principio se despejan las dudas y si no aparecen nuevos inconvenientes se debería poner fin a una telenovela que lleva casi dos años sin resolverse. Sin embargo, este diario ha podido confirmar que el pacto ha generado enormes diferencias en el seno del Gobierno y de la propia SEPI. Dentro del holding se realizaron varias exploraciones e informes que desaconsejan la entrada del Estado en el fabricante de trenes, los que el Ministerio de Hacienda utilizó para evitar el desembolso de recursos en un negocio que -consideran- no ofrecerá ninguna rentabilidad. Desde que se lleva hablando de buscar una solución para Talgo, ha estado sobre la mesa la participación de la Administración central, pero sistemáticamente sus propios organismos han rechazado la entrada. Hasta ahora… cuando una decisión política de Pedro Sánchez ha obligado a cambiar completamente el posicionamiento.

En la última negociación sobre los préstamos convertibles el consorcio vasco quería que la SEPI se hiciera cargo íntegramente de los 150 millones para la refinanciación, algo que el organismo público rechazó. Luego se acordó que abonara al 50%, pero en el holding también dieron marcha atrás paralizando una operación que La Moncloa desbloqueó hace quince días. Pero esto no ha sido el único freno. Desde que en verano del año pasado el consejo de ministros rechazó la opa de Magyar Vagon, Óscar Puente y su equipo han presionado a Hacienda para que entrara en Talgo, primero de la mano de un socio industrial afín que nunca consiguieron, luego en solitario y en la parte final de las negociaciones como apoyo al consorcio vasco. Y en todas las ocasiones la respuesta de los técnicos y de la SEPI fue negativa. Con un análisis casi unánime: demasiados riesgos y pocas posibilidades de recuperar el dinero mediante dividendos o reparto de beneficios.

Problemas de Talgo

De esta manera, la entrada de la SEPI se hará sin la aprobación de los técnicos. Dentro del organismo público se cree que se ha puesto en marcha una operación política para salvar a una empresa privada y además para ponerla en manos de la gestión del Gobierno vasco y de una Sidenor sin liquidez para afrontar un futuro plan de negocios. Un pago político para asegurarse los apoyos del PNV en futuras votaciones y sin ninguna justificación económica que obligará al Estado a dejarse 75 millones en el fabricante de trenes y comprar un 7,9% de su capital. Un montante que podría ir a más si es que la situación financiera de Talgo se complica al hacer frente a una deuda que ha pasado de 400 millones a 650 tras la renegociación, más los 500 millones de avales. La SEPI será uno de los accionistas relevantes, el mayor después del consorcio vasco, por lo que deberá responder incluso patrimonialmente si es que las cosas vienen mal dadas. De momento, son 75 millones, pero nadie descarta que sean muchos más en el futuro.

Y lo peor de todo es que estamos ante una operación que se podría haber solventado con empresas privadas sin ningún tipo de intervención pública, ni vasca ni de La Moncloa. Ya no hablamos de la húngara Magyar Vagon, que fue vetada por sus supuestos vínculos con el Gobierno ruso que nunca fueron demostrados, sino que la oferta de la polaca Pesa, que estuvo dispuesta a entrar en febrero, pero que fue bloqueada antes de concretarse. En los dos casos hablamos de gigantes industriales con capacidad de solventar la cartera de 4.000 millones que acumula y que ni Sidenor, ni el consorcio, ni la renegociación bancaria, ni menos los avales, están en condiciones de cumplir. Tampoco se olvidan de que el Estado tendrá que pagar tras las negociaciones fallidas de un Óscar Puente que bloqueó a todos los competidores con la única excusa de mantener la españolidad de la compañía. Es así como muchos consideran en la SEPI que la fiesta del consorcio en Talgo la terminará pagando la Administración central y, por tanto, todos los españoles.

El caso es que los problemas de Talgo seguirán su solucionarse si es que la SEPI no inyecta una cantidad de verdad relevante. La empresa necesita urgentemente un socio industrial que se haga cargo de sus pedidos y que evite más multas por incumplimientos de contratos. Ahora mismo el fabricante no tiene suelo, ni medios materiales para abordarlos y tampoco tiempo para poner en marcha nuevas capacidades industriales. Los 150 millones que llegarán mediante los préstamos y los 120 millones de liquidez que aportarán los bancos no son suficientes y los 500 millones de avales solo servirán para seguir contratando. Por ello, este diario ya ha advertido que una de las primeras prioridades de la SEPI deberá ser la búsqueda de este socio, una Magyar Vagon o una Pesa que se vuelque en desatascar esta cartera…. Y sin importar su nacionalidad.

Dinero público

Por otro lado, también sobrevuela la posibilidad de que la CNMV termine investigando la entrada de la SEPI y el consorcio vasco como acción concertada. Si se demuestra que trabajan en conjunto -al tener entre los dos el 38% de la compañía- se les podría obligar a hacer una opa por la totalidad de la empresa (el 62% restante) lo que elevaría los costes totales hasta los cerca de 600 millones. Es así como el Estado pasaría de desembolsar 75 millones a el doble o el triple de esta cantidad. Una sospecha que ha intentado zanjar el holding público indicando que su inversión «en estrictos términos de mercado, se efectuará sin participar con ella en ninguna clase de concierto con terceros».

Con todo, lo único positivo de este rescate -dicen los técnicos de la SEPI- es que la suscripción de obligaciones convertibles se ha establecido a un tipo fijo del 10,21% anual, capitalizable y pagadero al vencimiento a ocho años (con eventual extensión a 10 años) en efectivo o con entrega de acciones. Son condiciones similares a los préstamos de la covid a empresas estratégicas que garantizan que se cobren importantes intereses forzando al deudor a adelantar el pago. No obstante, pocos creen que finalmente este montante se termine devolviendo lo que condenaría al Estado a aumentar su participación en una compañía con incierto futuro.

Es así como empieza ahora un largo camino en el que la primera medida será cambiar al equipo gestor para poner un directivo afín al Gobierno vasco y a La Moncloa y así asegurarse el control político y una hoja de ruta se acompase a los intereses del Estado y de sus pactos con el PNV para salvar la legislatura. Aunque para ello haya que contradecir a los técnicos, a sectores del Ejecutivo y a ir en contra de cualquier criterio económico. Todo con dinero público. Como pasó en Telefónica y como pasó en Indra.