Del miedo a la calma: Grifols rebaja en 115 millones su provisión fiscal en seis meses

Grifols ha dado un giro notable en su evaluación del riesgo fiscal al reducir drásticamente su provisión para litigios tributarios. A cierre de diciembre de 2024, la compañía biotecnológica había reservado 136,7 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades fiscales en distintas jurisdicciones. Sin embargo, en el informe semestral publicado a 30 de junio de 2025, esa cifra se ha rebajado hasta los 21 millones,  según recoge el informe semestral del laboratorio consultado por THE OBJECTIVE La reducción, de más de 115 millones de euros, representa un descenso del 85% y marca un cambio de tono respecto a la cautela que la firma mostró en ejercicios anteriores.

Este ajuste coincide con un contexto especialmente delicado para Grifols en materia regulatoria. Esta semana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a la empresa y a varios de sus exconsejeros con multas por un total de 1,4 millones de euros. El regulador consideró que había «información inexacta o engañosa» en los informes financieros correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Estas sanciones se suman a las dudas que Gotham City Research sembró a principios de 2024 sobre la transparencia contable de Grifols, señalando precisamente los riesgos fiscales y las operaciones entre partes vinculadas como elementos clave.

Pese a este entorno de mayor escrutinio, la dirección de Grifols considera que su posición frente a las autoridades fiscales es sólida. En el informe remitido a la CNMV, la compañía defiende que la evaluación realizada sigue criterios prudentes y se basa en metodologías aceptadas internacionalmente, como el «importe más probable» o el «valor esperado». La provisión de 21 millones de euros cubriría todas las jurisdicciones en las que opera el grupo, incluyendo España y Estados Unidos.

Varios ejercicios abiertos a inspección

Grifols tiene actualmente varios ejercicios abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales. En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya concluyó revisiones sobre los ejercicios 2014, 2015 y 2016 del Impuesto sobre Sociedades y el IVA de 2015 y 2016. Estas actas fueron firmadas en conformidad y no derivaron en sanciones. Sin embargo, más recientemente, la AEAT ha inspeccionado los ejercicios 2017 a 2019 en relación con el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, y retenciones del IRPF e IRNR correspondientes a 2018 y 2019. En este caso, Grifols firmó las actas en disconformidad y ha presentado reclamaciones.

Las diferencias con Hacienda se centran en criterios de precios de transferencia, es decir, en la forma en que se valoran las operaciones entre filiales en distintas jurisdicciones. También hay discrepancias sobre la deducibilidad de ciertos gastos financieros vinculados a la actividad del grupo. Estos temas son especialmente sensibles y suelen ser objeto de largos litigios, en ocasiones con implicaciones en múltiples países.

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también ha puesto la lupa sobre Grifols. Desde 2020 está revisando el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, con especial atención a las operaciones transfronterizas realizadas por Grifols Shared Services North America y otras filiales con participación estadounidense. Aunque el IRS aún se encuentra en la fase preliminar del análisis, el hecho de que estas inspecciones coincidan en el tiempo con las europeas subraya la complejidad fiscal del grupo.

Además, en junio de 2025, varias sociedades del grupo recibieron nuevas notificaciones de inspección en España para los ejercicios 2020 a 2023, incluyendo el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y determinadas retenciones del IRPF e IRNR. A pesar de este aumento en el número de frentes abiertos, Grifols ha decidido reducir de forma significativa la cantidad provisionada.

La compañía justifica esta rebaja en su confianza en que los procedimientos en curso podrían derivar en devoluciones de impuestos previamente pagados, especialmente si prosperan los Procedimientos Amistosos previstos en el Convenio Europeo para evitar la doble imposición. Además, la firma sostiene que parte de las inspecciones podrían resolverse sin impacto económico o extinguirse por prescripción.

No obstante, la amplitud de la rebaja ha llamado la atención de analistas e inversores. Mientras algunos interpretan la reducción como una señal de mayor seguridad jurídica, otros ven en ella un posible intento de mejorar artificialmente el resultado semestral mediante el alivio contable de provisiones. En un contexto en el que la CNMV ya ha penalizado la calidad de la información financiera, cualquier movimiento contable relevante está siendo observado con lupa.