ADIF ingresa 25 millones con la venta de 418 viviendas a lo largo de la última década
La ferroviaria posee casi 5.000 inmuebles residenciales, de los cuales cerca de la mitad se encuentran vacíos
Proyecto de ADIF en la Y vasca ferroviaria. | ADIF
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha vendido 418 viviendas entre 2015 y 2024 por un valor total de 25 millones de euros, según datos obtenidos a través de una resolución del Portal de Transparencia del Gobierno a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Las operaciones, realizadas por subasta pública o venta directa, se han distribuido por toda España, con cifras destacadas en provincias como Cádiz (42 viviendas por 3,34 millones), Alicante (37 por 2,33 millones) o Madrid (40 por 2,72 millones).
Las ventas responden a la política de la entidad pública –dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible– de optimizar su patrimonio inmobiliario no esencial, generando ingresos adicionales y reduciendo costes de mantenimiento. Además de su labor como gestor ferroviario, ADIF es propietario de un parque inmobiliario que incluye viviendas, locales comerciales, trasteros y parcelas.
Cuando un inmueble no se adjudica en subasta, puede venderse de forma directa manteniendo como referencia el precio mínimo de licitación, aunque en ocasiones se imponen condiciones adicionales. El siguiente desglose por provincias muestra el número de viviendas vendidas por ADIF y los ingresos obtenidos en cada caso entre 2015 y 2024, según la información oficial facilitada por la entidad:
El documento también aclara que ADIF posee 4.817 inmuebles residenciales en total, aproximadamente la mitad de ellos vacíos. El organismo no ofrece una cifra exacta de viviendas desocupadas ni su ubicación, alegando razones de seguridad para no fomentar la okupación. De hecho, el problema de la ocupación ilegal es creciente: en diciembre de 2024 había 146 propiedades okupadas; en abril de 2025, la cifra había subido a 172, un incremento del 18% en apenas cuatro meses.
El análisis territorial revela que el 75% de las propiedades okupadas por ADIF están en Cataluña y Andalucía: 63 en la primera comunidad y 46 en la segunda. En comparación, Madrid registra siete viviendas okupadas y Castilla y León seis. Según expertos consultados, esta concentración obedece tanto a la mayor presencia de inmuebles del gestor ferroviario en estas regiones como a las políticas más permisivas en materia de ocupación que se han aplicado en Cataluña en los últimos años.
Ejemplos recientes ilustran la situación: esta primavera, varias familias okuparon un bloque de ocho pisos de ADIF en Tarragona que llevaba más de una década abandonado y que antes alojaba a trabajadores ferroviarios. Este caso recuerda que, aunque la Ley 33/2003 permite a las administraciones iniciar un desalojo administrativo, en la práctica el proceso puede ser largo y complicado, especialmente en comunidades con normativa más favorable a los okupas.
El caso de ADIF no es aislado
Al observar el patrimonio inmobiliario de otras administraciones públicas, se puede comprobar que la empresa ferroviaria no es la única con propiedades okupadas. El Ministerio de Hacienda registraba el año pasado 37 inmuebles okupados, mientras que la Seguridad Social administraba más de 4.100 propiedades, con 874 vacías y 179 parcialmente desocupadas, algunas de las cuales han sufrido ocupaciones ilegales.
En paralelo, la Sareb contaba a finales de septiembre de 2024 con 3.443 viviendas okupadas, un tercio de ellas en Cataluña. Estas cifras confirman que la okupación ilegal no es un fenómeno circunscrito a particulares, sino que también afecta al patrimonio inmobiliario de la Administración, planteando un reto adicional en la gestión de bienes públicos.
En este contexto, la venta de activos no esenciales se presenta para ADIF como una vía para reducir el número de propiedades desocupadas, minimizar riesgos y aliviar costes, aunque las cifras muestran que la okupación sigue siendo un problema en expansión para el gestor ferroviario.