Transparencia obliga a Sanidad a aclarar el boom de estancos en la frontera con Francia

El Consejo de Transparencia fuerza al Ministerio de Sanidad a dar acceso a sus intercambios diplomáticos con Francia por la proliferación de estancos en la frontera. La decisión, recogida en una resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se remonta a finales de 2022, cuando el Gobierno lanzó un concurso para 203 nuevas expendedurías de tabaco en zonas limítrofes con el país vecino, tras un paréntesis de 25 años sin licitaciones en todo el territorio nacional.

Este boom de estancos en la frontera entre Francia y España levantó ampollas no solo entre plataformas y asociaciones contra el tabaco, sino también en el propio Gobierno francés, que el 12 de octubre de 2022 dirigió una carta a la entonces ministra de sanidad de España, Carolina Darias, preocupado por la decisión del Ministerio de Hacienda español de aumentar el número de estancos en la zona fronteriza. Y es que mientras Francia sigue subiendo los impuestos al tabaco con la esperanza de que menos personas fumen, los fumadores no desaparecen, solo buscan alternativas. Y la más fácil es cruzar la frontera, donde un paquete de 20 cigarrillos cuesta entre 5 y 6 euros, y en Francia se paga al doble, rondando los 12 euros.

Es más, desde 2017, las ventas de cigarrillos en el país vecino han caído un 26%. Sin embargo, la tasa de tabaquismo sigue prácticamente igual: 29,2% en 2022 frente al 33% en 2017. Por ello, el Ministerio de Sanidad francés, preocupado por la decisión de España, escribió a su homónimo español con el objetivo de conocer su opinión, ya que este acto choca frontalmente con los compromisos que España adquirió con Europa de reducción del cáncer para 2030. Ahora, el departamento de Sanidad tendrá que mostrar su respuesta y revelar su posición oficial ante la protesta francesa por el tabaco barato en la frontera.

Sanidad rechaza facilitar la correspondencia

El actual Ministerio de Sanidad, capitaneado por Mónica García, se ha negado a facilitar dicha correspondencia tras la petición de un ciudadano español alegando que esas cartas y traslados eran «información auxiliar». Sin embargo, el Ministerio de Salud francés ya facilitó al reclamante la copia íntegra de la carta del ministro francés de Sanidad. Esta contradicción en la actuación del Ministerio, argumenta el reclamante, «debilita la justificación de la inadmisión, ya que, si la carta del ministro francés ya ha sido entregada, no se sostiene su carácter confidencial o la existencia de un perjuicio real derivado de su divulgación».

Además, el solicitante argumenta que los documentos solicitados son de interés público «ya que reflejan la posición del Gobierno español ante una preocupación manifestada por un gobierno extranjero en relación con una cuestión que afecta a la salud pública y a las zonas fronterizas». Con ello, se dirige al Consejo de Transparencia para que «ordene» a Sanidad admitir dicha resolución y proceda a facilitar una copia de la respuesta del Ministerio de Sanidad de España a la carta del ministro francés de sanidad –en el caso de que hubiera respuesta–, así como si se informó del contenido de esa misiva a otros departamentos ministeriales.

Información pública relevante

Tras analizar el argumentario de uno y otros, el Consejo de Transparencia resuelve estimar la reclamación presentada e insta al Ministerio de Sanidad a facilitar al reclamante la información solicitada en un plazo de diez días. «Este Consejo entiende que el
Ministerio de Sanidad no ofreció justificación alguna en la resolución adoptada para inadmitir la solicitud por este motivo, como tampoco lo hizo luego en fase de alegaciones, limitándose a parafrasear al precepto que lo regula y a afirmar que era información auxiliar toda vez que eran comunicaciones intermedias entre departamentos, sin esforzarse en subsumir la información solicitada en el supuesto de hecho del artículo 18.1.b) LTAIBG», se desprende de la resolución.

Además de la –exigida– falta de justificación para acordar la inadmisión de la solicitud, «es indudable» –sigue el texto– «que, en este caso, la información solicitada (del año 2022) al expresar la posición del Gobierno de España con respecto a la del país vecino en un ámbito tan sensible como es la política de control del tabaquismo constituye información pública relevante, vinculada a los fines de la LTAIBG, cuya existencia y disponibilidad no se ha negado en ningún momento», concluye.