España reconoce como actividad económica la prostitución pese a la ofensiva del Gobierno

No ha trascendido, a pesar de que en Italia la misma modificación fiscal generó una gran polémica hace apenas tres meses: España ha modificado los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para incluir los servicios sexuales. Hasta ahora, la declaración de los ingresos generados por la prostitución ejercida de manera autónoma se hacía con un epígrafe alternativo, que no detallaba explícitamente la actividad (el 96.99, referido a «otros servicios personales»). Ahora, por indicación de la Unión Europea, la clasificación CNAE incluye una mención específica a la «prestación o concertación de servicios sexuales».

Esto implica que, de manera paradójica, España ha reconocido fiscalmente el trabajo sexual en medio de la legislatura más agresiva contra éste, con el Gobierno de España -a iniciativa del PSOE- impulsando una ley abolicionista y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, posicionándose en contra de la protección de los derechos laborales de esta actividad. El epígrafe 96.99 sigue siendo un cajón desastre que aglutina muchas actividades muy diversas, pero dicha condición aporta la ventaja de ofrecer cierto grado de discreción personal que podrá facilitar su implementación y uso en la práctica.

«Aunque la mayoría de quienes se dedican a esta actividad no declaran, en los últimos años ha habido varias consultas de prostitutas que preguntaban a la Dirección General de Tributos cómo darse de alta en el IAE», explica a THE OBJECTIVE el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, César García Novoa, que abunda: «La Administración contestaba que esta actividad no era lícita y no estaba sujeta al IAE, aunque en la práctica había gente que se daba de alta en ‘otros servicios’ o como ‘masajistas’». También ha habido casos en los que «si existía la mediación de un local, la Agencia Tributaria hacía responsable del IVA a la empresa».

Sin embargo, expone el experto en fiscalidad, «la Unión Europea lleva años diciendo que aunque una actividad no sea legal, esta debe estar sujeta al IVA. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que da igual que la actividad sea lícita o ilícita, que si es una actividad económica, está sujeta a IVA». En este marco, Garcia Novoa considera que se ha «adaptado nuestro ordenamiento a lo que dice el tribunal europeo».

¿Se ha ocultado?

Pero lo ha hecho sin que apenas transcurra a la opinión pública, con una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 14 de enero que pasó sin pena ni gloria. Esto ha hecho creer a las prostitutas que «el Gobierno oculta deliberadamente la nueva modificación fiscal impulsada desde Europa». Así lo sostiene la Plataforma Stop Abolición, que hace activismo por la regulación del trabajo sexual en España.

«Es un paso adelante significativo en la normalización de nuestra actividad», sostiene la plataforma, que insiste en «el brutal silenciamiento» que sufre toda la realidad relacionada con la prostitución, que, a su juicio, está criminalizada. «ONGs como Amnistia Internacional y Human Rights Watch denuncian con nosotros las violencias y graves daños que supone criminalizar nuestra actividad. Todas las organizaciones médicas coinciden en el impacto negativo de la clandestinidad en la evolución de las ETS en la sociedad y sabemos de las trágicas consecuencias de perseguir policialmente la actividad en Francia, Irlanda y Suecia», exponen desde Stop Abolición.

Por otro lado, señalan que en países como Bélgica y Nueva Zelanda «se ha dado voz a las trabajadoras y expertos, y el resultado ha sido un consenso político que no ha tenido vuelta atrás». «¿Qué más hace falta para que el PSOE acepte que el voto del feminismo radical, presa de pánico sexual prefabricado, acarrea unas consecuencias nefastas para la sociedad y para nosotras?», se preguntan las prostitutas.

¿Plus recaudatorio?

La pregunta ahora es si la modificación de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para incluir los servicios sexuales supondrá un plus recaudatorio para la Agencia Tributaria. Y las respuestas son variadas. «Se puede estar lanzando el mensaje de que quien realiza esta actividad debe normalizarla desde el punto de vista fiscal, ya que ya no se puede amparar en que no hay un epígrafe específico, lo que puede generar un plus recaudatorio», sostiene César García Novoa.

Por otro lado, las prostitutas consideran que «no va a haber un plus recaudatorio notable» porque «antes de este cambio ya se cotizaba ampliamente en epígrafes diversos». «El afloramiento fiscal no será importante, pero mejora la claridad de criterios con Hacienda y Seguridad Social», consideran desde la Plataforma Stop Abolición. Lo que parece evidente es que, como zanja García Novoa, «si el plan a largo plazo es ilegalizar la prostitución, no parece una medida adoptada en esa línea».