España pierde un 80% de los mineros del carbón mientras se disparan las importaciones
El metal y las tierras raras centran ahora el interés de las compañías, mientras que el resto de los minerales retroceden
Imagen de archivo de una mina de carbón.
España ha perdido en trece años más del 80% de sus trabajadores del carbón. Según el último dato de afiliación a la Seguridad Social, apenas 875 personas figuran actualmente en el régimen especial de minería del carbón, perdiéndose miles de puestos de empleo en la última década. Esta caída del 84% en este periodo refleja el cierre progresivo del sector, empujado por decisiones políticas, convenios medioambientales y estrategias empresariales que, según los expertos, han desdibujado la realidad laboral de las explotaciones que aún siguen activas.
El principal motivo de esta caída es la prohibición de la minería del carbón a gran escala en España. Actualmente, solo se permiten trabajos muy concretos como el cierre técnico de explotaciones antiguas o exploraciones de recursos como el grafito, bajo permisos especiales. No obstante, en la práctica, esos permisos suelen ser utilizados para continuar extrayendo a mayor escala por falta de fiscalización de las autoridades, como denuncian varios especialistas y pudo comprobarse en el reciente accidente de la mina de Cerredo.
Las autoridades, según coinciden distintas voces del sector, no fiscalizan adecuadamente el uso real de estos permisos. Armando Pereira, consultor internacional en seguridad minera, advierte que el número actual de mineros no refleja fielmente la actividad real en el subsuelo. Según explica, muchas empresas mineras recurren a la subcontratación para evitar clasificar a sus trabajadores como mineros, lo cual implicaría mayores costes laborales debido a las buenas condiciones del convenio minero, especialmente en lo que respecta a la jubilación anticipada. «Las empresas prefieren contratar compañías externas. Hay gente que trabaja en la mina, pero como van por contratistas, no están considerados oficialmente como mineros. Esto genera varios problemas a nivel de seguridad, porque muchos de estos trabajadores no están capacitados como mineros», asegura Pereira, que subraya también la falta de investigación y control por parte de las autoridades competentes.
En la misma línea, Ramón Hervás, experto en seguridad minera, señala que muchas de las empresas que operan hoy dentro de explotaciones mineras “no cotizan en el régimen especial de la minería”. Según detalla, empresas del sector de la construcción que cuentan con maquinaria pesada son contratadas para realizar trabajos en minas, pero sus trabajadores no se contabilizan oficialmente como mineros. «Si sumamos todos esos trabajadores que desarrollan tareas dentro de una explotación, pero no están en el régimen minero —como los de servicios, construcción o logística—, el número real sería fácilmente el doble del que reflejan las estadísticas», apunta.
Hervás se remite a la memoria minera publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2023, donde se recoge que hay 30.239 trabajadores ocupados en actividades mineras en general. Sin embargo, puntualiza que esta cifra incluye todo tipo de minería —no solo la del carbón—, y engloba desde personal técnico hasta empleados de empresas de servicios auxiliares. Aun así, destaca que las compañías más grandes, aquellas con más de 500 empleados, son muy pocas a nivel nacional y apenas concentran 6.000 trabajadores.
Para Pereira, el problema no solo es cuantitativo, sino también cualitativo. «Las empresas mineras, al trabajar con empresas subcontratadas, se benefician de reducir costes y esquivar los beneficios laborales del convenio minero. Muchos de los trabajadores que hacen tareas subterráneas —como camioneros, hormigoneros, topógrafos o técnicos— no son clasificados como mineros, aunque lo sean en la práctica. Eso distorsiona los números y reduce la protección laboral y la formación en seguridad», denuncia. Además, recalca que «esto pasa también en otros países, pero aquí las autoridades no hacen correctamente su trabajo de supervisión». Mientras tanto, la paradoja se agrava: aunque se ha cerrado casi por completo la minería del carbón en España, la demanda de este combustible fósil no ha desaparecido. Fuentes sectoriales alertan de que la importación de carbón extranjero se ha disparado en los últimos años, procedente de países como Sudáfrica y apuntan además al menor control ambiental y laboral que existe en los países exportadores.
Otro factor que explicaría el desplome de las cifras oficiales de mineros es el auge de las subcontrataciones. Según él, las empresas no tienen interés en mantener a sus empleados bajo el convenio de minería del carbón, que incluye beneficios sociales costosos, por lo que externalizan el trabajo a otras compañías que emplean a personal sin clasificación como mineros. Se necesitan ingenieros de minas, geotécnicos, geólogos, topógrafos o técnicos necesarios para la mina, y más personal que trabaja allí sin estar clasificado como minero.