La mitad de los ayuntamientos elude el control externo de sus cuentas pese a ser obligatorio
Grandes municipios andaluces presentan la información fuera de plazo, una situación propiciada por las mínimas multas
La presidenta de FEMP, María José García Pelayo (1i), y el secretario general, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda (2i), durante una reunión con comisiones de Vivienda y de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). | Europa Press
Casi la mitad de los ayuntamientos no cumplen con la obligación -recogida en la ley- de rendir cuentas cada año para permitir fiscalizaciones externas. Las irrisorias multas y las diferentes normativas autonómicas contribuyen a esta irregularidad, más que relevante en la Comunidad de Andalucía. Grandes municipios como Sevilla, Marbella (Málaga), Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaén, Badalona (Barcelona), Cádiz o Roquetas del Mar (Almería) no habían presentado sus cuentas de 2023 para su fiscalización en mayo de 2025.
Mientras, entre los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, no habían rendido la cuenta correspondiente a los últimos tres ejercicios los ayuntamientos de El Puerto de Santa María, Jaén, Vélez-Málaga, Mijas, Marbella y Utrera.
THE OBJECTIVE ha analizado en detalle un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en el que se evidencia la escasa colaboración de los ayuntamientos y la poca cooperación de los responsables municipales para hacer visible su gestión. El organismo fiscalizador alerta en su trabajo de que estos incumplimientos son especialmente graves e injustificables cuando se trata de grandes corporaciones.
Pocas sanciones y de escasa cuantía
El organismo fiscalizador destaca que los ayuntamientos con mayor población no solo disponen de medios suficientes para atender sus obligaciones, sino que también son responsables de asistir en la rendición de cuentas a las entidades de menor tamaño. Esto debería obligarles a ser especialmente rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones. Si las multas son mínimas, el número de sanciones es prácticamente testimonial.
La fundación Civio ha hecho hincapié en este aspecto, ya que entre 2012 y 2022, el Tribunal de Cuentas impuso solo diez sanciones por ignorar sus peticiones de información. Apenas «ocho alcaldes y dos interventores han sido sancionados por el Tribunal de Cuentas en los últimos diez años. Los regidores lo fueron por no entregar, de manera reiterada, sus cuentas públicas», señala Civio. Las diez sanciones sumaron un total de 5.253 euros.
En 2023, hasta el 48% de las corporaciones locales no rindieron cuentas en los plazos previstos. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece el 15 de octubre del ejercicio siguiente como fecha límite para la rendición de la Cuenta General al Tribunal de Cuentas.
Normativa heterogénea
La ley de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Andalucía fija plazos distintos para la rendición de cuentas de las entidades locales a sus respectivos Órganos de Control Externo (OCEx). Esta duplicidad normativa, señala el Tribunal de Cuentas, provoca que entidades locales de dichas comunidades puedan cumplir con los plazos autonómicos, pero incumplir simultáneamente la obligación establecida por la normativa estatal.
El organismo fiscalizador independiente destaca en su informe de 300 páginas que el 19% de las corporaciones no había rendido cuentas el pasado mes de mayo. Además de los grandes municipios citados, tampoco se habían sometido al control externo estatal diversos entes supranacionales, entre otros los cabildos de Fuerteventura y El Hierro y las diputaciones de Cádiz, Málaga y Granada.
Ayuntamientos y entes locales
Casi 13.000 entidades están obligadas a rendir cuentas y remitir información -para que sea fiscalizada- sobre contratos, convenios y gestión interna. Andalucía y Castilla-La Mancha registran los peores ratios de rendición de cuentas, mientras que las entidades locales de la Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid lideran el cumplimiento con un 98%, seguidas de Cataluña y Galicia.
Cabe destacar que las regulaciones más rígidas, en las que se condicionan las subvenciones al cumplimiento de rendición de las cuentas por parte de los municipios, contribuyen claramente a mejores resultados. Por esta razón, el Tribunal de Cuentas ha defendido de forma constante la retirada de ayudas a los municipios más informales. También ha abogado porque se retengan los tributos del Estado a las entidades locales incumplidoras.
Otro de los aspectos destacados en el informe tiene que ver con la aprobación de Presupuestos. Apenas tres de cada diez corporaciones locales que rindieron cuentas aprobaron sus presupuestos antes del inicio del ejercicio. Mientras, el 67% prorrogó automáticamente el Presupuesto. Como sucede con el Estado, que lleva sin nuevos presupuestos desde 2023, esta situación debilita la planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera. Además, frena la adopción de medidas necesarias durante el ejercicio, especialmente aquellas orientadas al impulso de la inversión y al crecimiento económico .
Contratos, cuentas y convenios
Mientras, únicamente el 43% de las entidades locales enviaron la relación anual de contratos suscritos en el plazo previsto -febrero de 2024-. A finales de mayo 2025, el 42% seguía sin cumplir con esta obligación, además, el 69 % de las entidades que no cumplieron en 2023 tampoco lo hicieron en 2021 ni 2022.
Al igual que en los niveles de rendición de cuentas, existen importantes diferencias en los niveles de cumplimiento entre las distintas comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana y Canarias presentan un alto nivel de cumplimiento (96%) frente a Castilla-La Mancha (41%), La Rioja (44%) y Andalucía (53%). La remisión de la información de convenios destaca por su bajo nivel de cumplimiento; solo lo hicieron en plazo el 31% de las entidades locales y el 59% lo hizo a 31 de diciembre de 2024.