El Gobierno intensifica su campaña contra los pisos turísticos sin aliviar la crisis de la vivienda

En los últimos meses han proliferado los intentos municipales de limitar cada vez más los apartamentos turísticos. Del mismo modo, el Gobierno ha señalado a este sector como culpable del encarecimiento de los precios de la vivienda y el número de licencias que veta a través del nuevo registro estatal ha ido escalando gradualmente, en parte porque algunas solicitudes no cumplen los requisitos o las normativas vigentes, pero también porque su implantación ha sido caótica en supuestos no previstos: por ejemplo, en el caso de inmuebles antiguos, su inscripción se demoró más de un mes sobre el plazo establecido.

Entre las fuentes consultadas existen diferentes versiones sobre el efecto que producen los pisos turísticos en el acceso a la vivienda. Los más críticos creen que estos alojamientos son el principal culpable; sus defensores lo niegan y apuntan a la paradoja de que, en las ciudades donde son más escasos y tienen menos impacto en el mercado inmobiliario, como en Barcelona, paradójicamente es donde los políticos cargan más las tintas contra este sector.

Otros expertos consideran que sí pueden incrementar los precios y alquileres si crecen estos alojamientos de forma significativa, aunque no son el único factor y también impactan la falta de oferta o la prácticamente nula promoción de pisos sociales por parte de las Administraciones durante años. Según Preferente y El País, cuando se lanzó el registro nacional de viviendas de uso turístico impulsado por el Gobierno, se tumbaban solo aproximadamente una de cada diez solicitudes, mientras que en los últimos meses esta cifra se ha elevado a prácticamente la mitad, siendo Madrid la comunidad más afectada.

Durante el mismo periodo, la crisis de la vivienda, una de las prioridades declaradas del Ejecutivo central, no ha hecho sino agravarse y los precios, tanto de compra como alquiler, continúan su imparable escalada siete años después de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa. Según datos del INE publicados hace unos días, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda subió un 12,7% en el último año, con la segunda mano ascendiendo ligeramente más que la obra nueva. En cuanto al alquiler, Idealista apunta que se han disparado un 10,5% en agosto con respecto a hace un año. Ambas cifras siguen en niveles superiores a los de 2008.

Silvia Pastor, directora de Relaciones Institucionales de Apartur, lamenta la forma caótica y con duplicidades burocráticas en que se ha desplegado el registro. Aunque no lo considera negativo per se, pues defiende el control de los pisos turísticos ilegales, aquellos que suelen generar más problemas de convivencia con los vecinos, recuerda que en algunas comunidades ya existían iniciativas similares a nivel autonómico, lo que ha provocado que el registro estatal apenas haya tenido allí incidencia, pero también les ha castigado con una sobrecarga administrativa. Recuerda que la mayoría de titulares de las licencias son «micropymes y pequeños propietarios» y deben presentar un registro autonómico, otro nacional, otro para Hacienda, además del informe sobre los viajeros y el que se exige también a las plataformas. Cree que esta sobrecarga «no tiene sentido» y lamenta que los pisos turísticos se han convertido en «la cabeza de turco» para los políticos en cuanto a la crisis de la vivienda.

Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha y vicepresidente de la Diputación de Lérida es, en cambio, una de las voces más críticas con los apartamentos turísticos. No duda en tacharlos de «plaga» y es partidario de «restringirlos al máximo», puesto que las medidas actuales le parecen «insuficientes» y cree que «aunque no son el único, sí son uno de los factores más importantes que han distorsionado el mercado de la vivienda de forma brutal en los últimos años». Considera que generan problemas en el acceso a la vivienda, en la convivencia vecinal, que fomentan la turismofobia y generan masificación turística: «Han creado un monstruo que hay que controlar y ya llegamos tarde».

El economista y turistólogo Jordi Oller cree que «hablar solo de pisos turísticos y no de quién los comercializa es una forma muy simple de analizar la realidad». Subraya que «no todos los turistas son iguales» por lo que se debe analizar y segmentar y también pensar cuáles pueden ser idóneos para integrarse en nuestra cultura. Por eso reclama más gestión: «¿Tienes un cargo y no tienes soluciones?», reprocha, lamentando que a menudo se coloque a personas sin experiencia en altos cargos de gestión turística, algo que no ocurre en otros sectores a pesar de que esta es la principal actividad económica del país. Además, le parece incomprensible que se excluya de este debate al alquiler de temporada, que «también es alquiler turístico» y mejorar la gestión y la formación en el sector: «¿No decimos que somos líderes en turismo? Tendrían que venir a estudiar de todo el mundo a aprender cómo gestionar el turismo, pero tenemos que enseñar la gestión del viaje desde el inicio hasta el final», apunta.

Pablo Díaz, investigador del grupo Noutur de la UOC, considera llamativo cómo «se ha abandonado la lucha contra la plataforma, antes había más beligerancia con Airbnb», pero ahora el foco político está directamente en los propietarios de apartamentos. Recuerda que algunas ciudades, como Barcelona, «han limitado drásticamente» esta actividad con el objetivo de retirar incluso licencias ya concedidas, aunque el recorrido judicial de la medida está por ver; otras, como Málaga, van a centrarse en las futuras licencias sin anular las existentes, otras dan más poder a las comunidades de vecinos, etc. «Mi teoría es que sí tiene repercusión en los precios de alquiler y venta, pero que no es único culpable ni mucho menos y se le ha tratado culpabilizar, habiendo otros factores como la falta de vivienda publica o los cambios de comportamiento de los ciudadanos», concluye. Según un estudio de la Universidad de Málaga, el precio de los arrendamientos crece en 3,29 euros por metro cuadrado por cada aumento del 10% en las viviendas vacacionales, mientras que otro estudio de Apartur concluyó que en el caso de Barcelona, donde los pisos turísticos suponen menos del 1% del parque residencial total, el efecto ha sido negligible.