El Gobierno prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas de autobuses

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas de autobuses. De este modo, la ley antitabaco prohíbe vapear en los mismos espacios que fumar, equiparando así la regulación de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado a la del tabaco tradicional.

Además, el texto establece además un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos o deportivos o parques infantiles en el que tampoco se podrá consumir ni tabaco ni sus relacionados, y limita su publicidad y patrocinio.

«España ha sido vanguardia de la lucha contra el tabaco. El tabaco se lleva la vida de 140 personas cada día, 50.000 personas al año. Esta realidad ha cambiado, hay nuevos dispositivos, vareadores, tabaco calentado, bolsas nicotina… y esta ley, por primera vez, va a regular estos productos con rotundidad de la mano de la evidencia científica», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El proyecto del Gobierno busca equiparar el tratamiento normativo de estos productos al del tabaco convencional, extendiendo a estos las mismas restricciones en cuanto a presentación, etiquetado, información al consumidor y publicidad. Esta decisión responde a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada (UE) 2022/2100 de la Comisión Europea, que modificó la Directiva 2014/40/UE en relación con estos productos.

Además, la ley, según ha anunciado García, pone costo a la publicidad y patrocinios de tabaco y derivados, con multas que podrían alcanzar hasta los 600.000 euros. También el Gobierno elimina del mercado los vapers de un solo uso, es decir, los desechables. «Será inflación grave comercializar con ellos», ha señalado la ministra, que también ha anunciado la creación de un Obervatorio para la prevención del tabaquismo, mediante el cual pretenden promover iniciativas y actividades para que se cumpla la ley. Cada dos años, además, elaborarán un informe para conocer la evolución de la ley.

Críticas del sector

La Unión de Empresarios del Vapeo (UPEV), que representa a fabricantes de líquidos para cigarrillos electrónicos, distribuidores y comercios minoristas en España, cree que la nueva ley es «un auténtico atentado contra la salud pública al no eliminar la venta libre
de estos productos ni incluir sistemas de control de acceso y venta de estos productos a menores». Por ello, advierte que la «receta» de la ministra Mónica García va a conseguir doblar el número de menores vapeando e inundar España de productos ilegales y dudosa seguridad.

«Lo que hemos visto en este borrador de la ley es la guinda del pastel de un conjunto de medidas de destrucción masiva que harán de España el mayor mercado negro de Europa para los productos del vapeo», asegura Arturo Ribes, presidente de UPEV. «Lo que nos preocupa es que la ministra lo sabe porque le hemos transmitido a Sanidad varias propuestas para controlar el mercado del vapeo en
España y las ha ignorado todas», añade, lamentando la falta de escucha por parte de las autoridades.

La UPEV se ha mostrado particularmente preocupada por la decisión de Sanidad de sacar adelante este proyecto de ley sin contar con criterio técnico y científico. Y aseguran ser capaces de demostrarlo: desde la asociación se han presentado en varias ocasiones a Sanidad una batería de medidas concretas que garantizarían la seguridad de los vapeadores y controlaría el mercado de estos productos.

Pese a ello, desde el sector han visto cómo a nivel político se ha «menospreciado» todas estas iniciativas y no se ha hecho el más mínimo esfuerzo por incorporarlas. Entre las propuestas de la patronal, destaca la regulación del punto de venta con una frase muy simple: «Mientras se pueda comprar en una tienda de conveniencia, bazar o peluquería un vaper con forma de Bob Esponja, tendremos un grave problema y esta ley no pone solución a la falta total de control de acceso de los menores que desde el sector estamos pidiendo», explica Ribes.

En cuanto a la prohibición de fumar en terrazas, Hostelería de España presentó en julio de 2025 una encuesta realizada por 40dB que indica que el 70% de los españoles prefiere la concienciación frente a la prohibición de fumar en terrazas y que el 56% no considera urgente una medida así. La encuesta también revela un gran temor de que los fumadores trasladen su consumo a las inmediaciones de los locales, lo que generaría un problema de salubridad en el exterior. 

El empaquetado genérico queda fuera de la ley

Lo que ha quedado excluido es el empaquetado genérico, una medida ampliamente reivindicada por las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo, pero sobre la que no ha habido acuerdo entre los socios del Gobierno. No obstante, el departamento que dirige Mónica García deja la puerta abierta a que pueda introducirse después en su tramitación parlamentaria.

El empaquetado genérico también fue excluido del Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. El Ministerio de Sanidad señaló por entonces a THE OBJECTIVE que se retiró «por cuestión de rango normativo». La Mesa del Tabaco, que agrupa al conjunto de la cadena de valor del sector en España, alertaba de que el empaquetado genérico puede provocar la pérdida de hasta 460 millones de euros y de 5.600 empleos; además de disparar el consumo ilegal de tabaco.

Tampoco recogerá la ley el incremento del precio a través del aumento de la fiscalidad en el que Sanidad llevaba meses negociando con el departamento de Hacienda, aunque en este caso no llegó a estar plasmado en ningún borrador. 

Real Decreto del tabaco, en marcha

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad sigue con la tramitación del Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco, y que le está dando algún que otro quebradero de cabeza.

El borrador del nuevo Real Decreto 579/2017, que quiere restringir la presencia de sabores en los cigarrillos electrónicos y pretende limitar la concentración de nicotina en las bolsas de nicotina a 0,99 miligramos, fue enviado a Europa esta primavera y ha recibido dictámenes negativos de seis Estados miembros —entre ellos Suecia, Italia, Chequia, Rumanía, Grecia y Hungría— por considerar que algunas medidas podrían no estar suficientemente justificadas o chocar con la libre circulación de productos dentro de la UE.

Desde España, la CNMC también compartió sus dudas con respecto al Decreto del tabaco de Mónica García. Comparte el fin de proteger a menores, pero detecta déficits en la memoria justificativa: pide evidencia científica adicional para un veto total de sabores y para el 0,99 mg. Además, sugiere valorar si algunas restricciones requieren rango de ley por su impacto, y reclama periodos transitorios que permitan adaptar fórmulas y envases sin destruir tejido productivo.

En este sentido, desde la Unión de Empresarios del Vapeo lo tienen claro: «En vez de tener en cuenta las directrices que propone la CNMC y diferentes países miembros sobre la necesidad de regular con eficacia evitando medidas desproporcionadas y anticompetitivas, Sanidad opta por lo que hacen países como Holanda, México, Venezuela o India donde el comercio ilícito de estos productos —a manos de mafias y cárteles— se ha disparado», asegura Arturo Ribes, presidente de UPEV.