Las ofertas anómalas y el desinterés dejan desiertas el 18% de las concesiones públicas
Muchos de los procesos sin oferta derivan en un contrato negociado sin publicidad, el menos transparente
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. | Europa Press
El 18% de las concesiones públicas licitadas durante 2024 quedaron desiertas. Entre las razones principales están la ausencia de empresas interesadas por la falta de atractivo de los pliegos. Otras de las causas más frecuentes son las ofertas irregulares, en algunos casos con indicios de corrupción, o por incumplimiento de plazos. El último de los motivos tiene que ver con la presentación de ofertas inaceptables. Entre estas están las que recogen una propuesta económica por encima del presupuesto base de licitación o las que no cumplen los requisitos formales.
El último informe sobre Las cifras de contratación pública que elabora por OIReScon, analizado por THE OBJECTIVE, muestra el importante porcentaje de contratos que quedan desiertos. La consecuencia, además de la demora en la ejecución, es que muchas de estas concesiones acaban adjudicándose a dedo.
El artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público permite emplear el procedimiento negociado sin publicidad si una licitación por procedimiento abierto ha quedado desierta. En este caso, las condiciones iniciales del contrato no se pueden modificar sustancialmente, y no se puede incrementar el presupuesto base de licitación, ni modificar el sistema de retribución.
El precio de la licitación
La normativa no permite incrementar el precio de una licitación desierta. Si una licitación queda desierta, el órgano de contratación debe iniciar un nuevo proceso de licitación con las correcciones necesarias, como puede ser una revisión del presupuesto base, pero nunca incrementar el precio en un proceso ya declarado desierto, sea por vía directa o a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
En el momento que se opta por la adjudicación a dedo, el proceso se agiliza, ya que se omite el periodo de anuncio de la licitación. Sin embargo, se limita la competencia, ya que el negociado sin publicidad reduce el número de participantes porque solo pueden acudir las empresas invitadas directamente por el adjudicador.
Las ofertas irregulares, que derivan en una licitación desierta, son definidas en el artículo 167 e) de la Ley de Contratos como aquellas que no correspondan a los pliegos de contratación y que se hayan recibido fuera de plazo. Otras ofertas irregulares son las que muestran indicios de colusión o corrupción o que han sido consideradas temerarias.
Mientras, las ofertas inaceptables, son las presentadas por licitadores que no poseen la calificación requerida. También son inaceptables aquellas propuestas por encima del presupuesto base de licitación. Por su parte, las ofertas inadecuadas son las que resultan insuficientes para llevar a cabo el contrato. Por último, hay miles de lotes que acaban desiertos porque no reciben ofertas. Esto sucede porque el dinero propuesto para llevar a cabo el proyecto resulta insuficiente para los empresarios y porque los requisitos resultan difícilmente asumibles, sobre todo para pequeñas empresas.
La Ciudad de la Justicia
Importantes licitaciones estatales y autonómicas quedan desiertas y es necesario incrementar notablemente el presupuesto o modificar la decisión. En otros casos, la urgencia obliga al procedimiento negociado sin publicidad. Así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que asumir en octubre de 2023 la gestión directa de la Ciudad de la Justicia tras quedar desierta la licitación en tres ocasiones. El Ejecutivo madrileño no logró encontrar empresas dispuestas a asumir las obras y el canon para su gestión.
Tras quedar desierta la licitación en noviembre de 2022, la Comunidad decidió optar por el procedimiento negociado sin publicidad en febrero de 2023. Para ello invitó a diez empresas y dos hicieron ofertas. Sin embargo, volvió a quedar desierto. Lo mismo pasó en el verano de 2023. Esta situación obligó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a asumir la gestión. De esta forma, la urbanización y edificación las llevaría a cabo empresas privadas, pero el dinero saldría de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Mientras, la propiedad de los terrenos y edificios serían públicos desde el primer momento.
Encargos a medios propios
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, recordaba recientemente que la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos. El informe anual de supervisión de la contratación de OIReScon muestra que en 2024, las concesiones representaron un 8,9% del total de la contratación y que un 18% de las licitadas quedaron desiertas.
Las constructoras subrayan que el encargo a medios propios para la ejecución de proyectos es una excepción a los principios de libre competencia y concurrencia en la contratación pública y debe aplicarse de forma restrictiva, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre 2021 y 2023 se produjo un crecimiento del volumen de encargos a medios propios del 115%, de 1.935 a 4.093 millones de euros, concentrándose el 64,2% de los encargos en 10 medios propios estatales, especialmente en Tragsa y Tragsatec.
La excepcional contratación a dedo
Pese a que la contratación a dedo -el procedimiento negociado sin publicidad- es una fórmula regulada como excepcional, resulta más que habitual en los contratos públicos. El análisis llevado a cabo por este medio a partir de los importes de los contratos muestra que desde junio de 2018 hasta diciembre de 2025, con Pedro Sánchez en La Moncloa, una de cada diez adjudicaciones partía de un acuerdo sin publicidad (un contrato a dedo). En toda Europa, este porcentaje se sitúa en un 8% y en algunas naciones del continente esta práctica es testimonial.
En 2015 se abordó el abuso de los contratos negociados sin publicidad, una fórmula excepcional que restringe la participación. Las pymes son las principales afectadas por este procedimiento que limita las ofertas. El negociado sin publicidad es un procedimiento que permite omitir el periodo de publicidad e invitar a los operadores para establecer condiciones. Su excepcionalidad está motivada porque la competencia no puede garantizarse por cuestiones propias del mercado o porque los procesos anteriores no se han podido cubrir.