El interés por denunciar una okupación baja un 34%, según la Plataforma de Afectados

Crece el desinterés por denunciar un caso de okupación o inquiokupación y aumentan los ciudadanos afectados que se decantan por soluciones extrajudiciales para solucionar este problema. En lo que llevamos de año y con respecto los datos globales del 2024, esta falta de interés por denunciar este tipo de situaciones por parte de los afectados ha experimentado un incremento del 34,53%, según los datos que maneja la Plataforma de Afectados por la Ocupación a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En lo que llevamos de año, la plataforma ha atendido a 3.019 afectados por esta lacra a través de las diferentes formas de contacto (web, teléfono y correo electrónico) de la misma. Esto supone una atención media de 12,42 casos al día; si no se consideran los fines de semana y festivos del año 2025 -días de descanso para el grupo que gestiona las atenciones- el dato aumentaría a 17,05 casos por día -177 días hábiles hasta día 31 de agosto-.

Del total de 3.019 atenciones a nuevos afectados, 560 casos fueron de okupación (18,55%) mientras que 2.459 (81,45%) de inquiokupación. Del total de nuevos casos atendidos por esta plataforma, casi el 57,93% (1.749 atenciones) hizo un primer contacto sin haber formulado todavía denuncia y con la intención de recabar información para proceder por la vía penal o civil o bien buscar soluciones extrajudiciales. Del total de 1.749 atenciones nuevas sin denuncia, 1.003 (57,34%) mencionan su interés por buscar una fórmula extrajudicial y evitar largos procesos judiciales.

Se sienten desamparados

Este dato que muestra que los afectados por la okupación o la inquiokupación cada vez tienen menos interés en denunciar se justifica, a ojos de la Plataforma, «por la falta de una ley antiokupación, por las constantes renovaciones del Real Decreto antidesahucios causante de la inquiokupación». Además, creen que la falta de medidas legislativas del Gobierno para luchar contra este fenómeno está detrás de esta tendencia. «La inacción del Gobierno está creando una verdadera alarma social y un descrédito en el sistema judicial de los afectados por la ocupación, que buscan soluciones extrajudiciales para hacer valer el derecho de propiedad», asegura el portavoz, Ricardo Bravo.

Las estadísticas oficiales revelan que en 2024 se registraron más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento de morada, lo que supone un incremento del 7,4% con respecto al año anterior y la tercera cifra más alta desde 2010. Por otro lado, según se desprende de un informe publicado por idealista en marzo de 2025, el número de viviendas okupadas actualmente a la venta en España asciende a 20.464, lo que representa aproximadamente un 2,6% del total de viviendas disponibles en el mercado.

Recogida de firmas

Por ello, y ante una posible nueva prórroga del decreto antidesahucios que finaliza a finales de este año, la Plataforma de Afectados está intentando llegar a 100.000 firmas en change.org para presentarlas en el Congreso y solicitar una Ley Antiocupaciones: contra el agravio a propietarios y vecinos. Por el momento, la iniciativa lleva cerca de 70.000 firmas. En la petición, se preguntan: «¿Por qué personas mayores no acompañadas, niños, familias de barrios humildes con escasos recursos tienen que aceptar y convivir con mafias ocupas que trafican, amenazan e impiden una convivencia pacífica?».

Además, añaden: «¿Por qué los bancos y fondos de inversión olvidan sus responsabilidades para con las comunidades de vecinos, ignorando las consecuencias que se derivan de la ocupación de sus activos?». Ante esto reclaman una Ley Antiocupas que acabe con estos fenómenos y que «de forma inmediata, se reviertan las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que viven las víctimas de un delito».

Con respecto al decreto antidesahucios, desde la plataforma insisten en que las continuas prórrogas son las culpables del creciente fenómeno de la inquiokupación en los últimos años (inquilinos con contrato normal que dejan de pagar y se declaran vulnerables). La plataforma sigue solicitando sin éxito una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Insisten en que «necesitamos medidas para luchar contra estos fenómenos y para aliviar la tensión en el mercado de la vivienda». No comprenden que, dada la situación, la ministra les siga «negando» y no se reúna con su colectivo.