Los afectados por la 'inquiokupación' temen una nueva prórroga del decreto antidesahucios

Preocupación entre los afectados por la okupación y la inquiokupación (inquilinos con contrato legal que en alguna ocasión pagaron la renta, pero que la dejaron de pagar) en España. El año pasado, el Gobierno comenzó a negociar durante el mes de octubre la prórroga del decreto de los desahucios, en vigor ya desde que estalló la pandemia de covid-19. Una medida que, en opinión de los afectados, ha provocado un aumento exponencial de casos de inquiokupación. «Este real decreto prima la vulnerabilidad, o falsa vulnerabilidad, sobre los derechos a la propiedad de los dueños de las viviendas», recuerda Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma, a THE OBJECTIVE.

A mediados de enero, el Pleno del Congreso rechazó el denominado decreto ‘ómnibus’, que incluía 80 medidas que iban desde la subida de pensiones a las ayudas al transporte. También la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables. Pero una semana después, tras varias reuniones y mucho movimiento, el Gobierno consiguió cerrar un acuerdo con Junts para aprobar parte de las medidas que contenía el llamado ‘decreto ómnibus’. Tras pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, salieron adelante en el Parlamento con el voto a favor también del Partido Popular.

Una cuestión que soliviantó a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la asociación mayoritaria de propietarios de viviendas ocupadas, que plantó al PP en varios actos de vivienda. Ahora, la plataforma teme que el Gobierno vuelva a prorrogar esta medida cuya validez finaliza el 31 de diciembre. En el caso de que el Gobierno consiga los apoyos y esta medida salga adelante, sería la séptima prórroga. Una medida que «tendría unas graves consecuencias para el pequeño propietario y para el mercado del alquiler. En los últimos años, desde la aprobación de este decreto, hemos visto como se ha reducido la oferta porque ha provocado inseguridad jurídica y en el mercado», asegura Bravo.

Crecen las inquiokupaciones

Del total de 3.019 atenciones a nuevos afectados por la plataforma en lo que va de año, 560 casos han sido casos de okupación (18,55%) mientras que 2.459 (81,45%) de inquiokupación. En cuanto a los nuevos casos atendidos por esta plataforma, casi el 57,93% (1.749 atenciones) hizo un primer contacto sin haber formulado todavía denuncia y con la intención de recabar información para proceder por la vía penal o civil o bien buscar soluciones extrajudiciales. Por otro lado, de las 1.749 atenciones nuevas sin denuncia, 1.003 (57,34%) mencionan su interés por buscar una fórmula extrajudicial y evitar largos procesos judiciales.

Tal y como contamos recientemente en THE OBJECTIVE, en lo que llevamos de año y con respecto los datos globales del 2024, esta falta de interés por denunciar este tipo de situaciones por parte de los afectados ha experimentado un incremento del 34,53%, según los datos que maneja la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

En lo que llevamos de año, la plataforma ha atendido a 3.019 afectados por esta lacra a través de las diferentes formas de contacto (web, teléfono y correo electrónico) de la misma. Esto supone una atención media de 12,42 casos al día; si no se consideran los fines de semana y festivos del año 2025 —días de descanso para el grupo que gestiona las atenciones— el dato aumentaría a 17,05 casos por día -177 días hábiles hasta día 31 de agosto—.

Destruirá más oferta

Una medida que en el sector de la vivienda también cuestionan. «Puede parecer positivo para las familias vulnerables que ya viven en alquiler, pero supone una sentencia de muerte para aquellas que necesitan encontrar una vivienda ahora», apuntan los expertos. De hecho, esta medida supone una dificultad añadida para que familias con hijos pequeños encuentren alquiler frente a otros perfiles como personas solteras. Los expertos consultados señalan que las enormes complicaciones que encuentran los propietarios para recuperar su vivienda en caso de impago han provocado que en los últimos años sean cada vez más los colectivos que nunca son seleccionados para alquilar una vivienda.

En un contexto en el que la destrucción de oferta de viviendas en alquiler es diaria, resulta más necesario que nunca incentivar a los propietarios para que puedan poner con seguridad más viviendas en el mercado, apuntan otros expertos. Alquiler Seguro cree que esta medida, como ya se ha comprobado durante los años anteriores, supone un «catalizador a la inseguridad jurídica ya existente en este punto, circunstancia que desalienta la puesta en el mercado de inmuebles por parte de los propietarios y, consecuentemente, provoca un efecto directo consistente en una mayor tensión de los precios al existir una menor oferta por la incertidumbre que este tipo de regulaciones implican». Por ello, la Plataforma de afectados solicita la derogación de este Real decreto y que sean las administraciones las que se encarguen de estas situaciones de vulnerabilidad.