Uno de cada tres entes públicos estatales es incapaz de rendir cuentas en plazo legal
Falta de personal, poco cualificado, errores contables y la burocracia provocan retrasos de más de un año
El Tribunal de Cuentas apunta los retrasos en la rendición de cuentas de la Aemet y la Aecid. | Ilustración de Alejandra Svriz
Hasta 35 entidades y agencias públicas estatales presentaron retrasos en la aprobación y rendición de cuentas de los años 2022 y 2023, los últimos fiscalizados. Sin un control adecuado, resulta más fácil que se cometan actos de corrupción o que los recursos públicos se utilicen de forma indebida. De la misma forma, provoca opacidad en la gestión de fondos públicos y la desconfianza de los ciudadanos. La falta de rendición de cuentas puede acarrear, además, multas y sanciones a los entes públicos incumplidores.
Un informe reciente del Tribunal de Cuentas, que ha sido analizado por THE OBJECTIVE, detalla los incumplimientos de hasta un tercio de los organismos a la hora de rendir cuentas y especifica algunas de las causas que generan estos incumplimientos. La precariedad, la falta de medios técnicos y la burocracia frenan, en cierta medida, la aprobación de las contabilidades y la posibilidad de que sean fiscalizadas.
El detalle del informe del Tribunal de Cuentas muestra que el 26% de las entidades del sector público institucional estatal sujetas a presupuesto limitativo (27 de 103) presentaron dificultades para la aprobación y rendición de las cuentas de 2022. El porcentaje aumenta al 30% (31 de 105) en el ejercicio de 2023. Los entes con presupuesto limitativo son los que tienen fijado su gasto máximo y no pueden superar esa cifra.
La Aemet y la Aecid
En julio de 2025, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -con 1.200 trabajadores- todavía no había rendido las cuentas de 2023. En ese momento ya acumulaba 15 meses. Las de 2022 tardó más de nueve meses en presentarlas por falta de medios personales.
El organismo fiscalizador señala que tampoco se había aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2023 del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Este organismo cuenta con una plantilla de 380 personas. La unidad administrativa encargada de la contabilidad contempla ocho puestos de trabajo, de los que cinco se encuentran vacantes.
Por su parte, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tampoco habían presentado las cuentas de 2023 cuando se presentó la nota del Tribunal de Cuentas.
Cuentas fuera de plazo
En cuanto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el órgano fiscalizador señala que ha elaborado sistemáticamente sus cuentas con retraso. La del ejercicio 2022 se formuló en julio de 2023, con un retraso de tres meses, y en septiembre y diciembre de ese año realizó dos formulaciones más. La cuenta de 2023 fue formulada en octubre de 2024, con un retraso de seis meses.
El Tribunal de Cuentas apunta que la principal causa de la dificultad para la aprobación y la rendición de las cuentas en plazo está en la precariedad y movilidad en la ocupación de los puestos del área económico-financiera. Indica que en los servicios de contabilidad de estos entes existe una desproporción entre la responsabilidad e intensidad de trabajo y las condiciones económicas y laborales ofrecidas para la ocupación de estos puestos.
Esta situación ha propiciado una alta rotación en los puestos de jefatura de contabilidad (54% en dos años y 71% en cinco). En ocasiones, los puestos de este servicio, a diferentes niveles, han permanecido vacantes durante meses y hasta años. Incluso ha sido necesario recurrir, destaca, a personal de otras áreas de la organización o al encargo a Tragsa y Tragsatec.
Causas y soluciones
Otras de las causas que pesa en la poca eficacia para rendir cuentas es la falta de cualificación de algunas personas que realizan los cierres. «Esto deriva en errores que se detectan en la auditoría», lo que produce retrasos. Otra de las razones deriva de la complejidad de los sus trámites internos.
El Tribunal de Cuentas ha reclamado al Gobierno ampliar el contenido de los informes de auditoría de cuentas con la indicación de los aspectos sobre los que ha girado el análisis de riesgos y posterior ejecución de la auditoría. Además, ha emplazado a revisar el actual modelo competencial en materia contable, valorando la oportunidad de que la Intervención General asuma un papel más activo en los servicios económico-financieros y de contabilidad de las entidades del sector público institucional del Estado.
Además, insta a dotar de personal debidamente cualificado y adecuadamente retribuido, y de los medios técnicos suficientes para el desempeño de las funciones que les corresponden. Por último, urge a que se vigile el cumplimiento de plazos de rendición de cuentas.