El 'efecto Iberdrola' contagia al Ibex: inversiones congeladas por exceso de regulación

5 de octubre de 2021.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lanza una batería de críticas contra la política energética del Gobierno. En un acto en Bilbao pidió estabilidad regulatoria, el fin del «intervencionismo terrorífico» y eliminar las limitaciones a las inversiones en redes. Era el punto de partida de una serie de cuestionamientos públicos al Ejecutivo de Pedro Sánchez en momentos en que había una buena relación entre las grandes empresas y La Moncloa. Pocos días después confesaba a El País su preocupación por la actualidad política indicando que «con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar», en referencia a las críticas de Podemos a las energéticas por no rebajar la factura de la luz en medio de la crisis económica que había generado la pandemia.

Un mes antes -en septiembre- el ministerio de Transición Ecológica, entonces liderado por Teresa Ribera, había aprobado reducir el recibo que pagaban los ciudadanos mediante un recorte de los beneficios extraordinarios de estas grandes compañías. Una situación que generaba una pequeña rebelión entre las eléctricas que se dirigieron directamente al Gobierno para advertir del daño que esta medida podía causar en las inversiones y en la producción de energía en el sector nuclear, hidráulico o renovable. Las cosas comenzaban a torcerse, pese a que todavía había un sentimiento generalizado de que el mundo público y privado debía remar en la misma dirección para reconstruir la economía tras el batacazo de la covid.

26 de octubre de 2022.- Sánchez Galán vuelve a cargar contra el Gobierno, esta vez contra el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. A su juicio no había ninguna razón para aplicarlo «porque ya estaban pagando muchos impuestos». El directivo anunciaba que recurrirían la tasa que terminaría gravando durante dos años (tras una prórroga) el 1,2% de la cifra de negocio de gigantes como Iberdrola, pero también de Repsol, Endesa y Naturgy. El objetivo era que las beneficiadas por el aumento de los precios de la energía, que se agravó tras la invasión rusa a Ucrania, financiaran medidas para combatir la crisis. Algo que desde el primer momento hizo al sector entrar en guerra con el Ejecutivo (y también a la banca, que tuvo un impuesto similar). Para entonces los puentes con el Ibex ya estaban rotos porque muchos ministros usaron estos impuestos para poner en la diana a las grandes empresas acusándolas de enriquecerse.

Relaciones con el Ibex

Sánchez Galán era la cabeza visible de esta batalla, una posición en la que el directivo de la primera compañía española por capitalización parecía sentirse cómodo. Incluso hay quien quiso situarlo como líder en las críticas a Pedro Sánchez, en ausencia de unas patronales fuertes y que unificaran el descontento de las grandes corporaciones. Sin embargo, la rebelión empresarial no terminó de cuajar pese a que las hostilidades siguieron, y el presidente de Iberdrola siguió siendo un verso suelto que no tenía reparos en defender públicamente los intereses de su empresa.

28 de febrero de 2023.- Para entonces, la pax romana de la pandemia ya había saltado por los aires y las relaciones entre el Ibex, el presidente del Gobierno y su ministra de Economía, Nadia Calviño, eran nulas. Si es que quedaba algún tipo de complicidad, a finales de febrero se dinamitó cualquier tipo de acercamiento tras el anuncio de Ferrovial de cambiar su sede social (que no fiscal) de España a Países Bajos para poder cotizar con mayores garantías en los mercados de Estados Unidos. Se desató la guerra total y las presiones contra las grandes empresas aumentaron, ya no solo con los impuestos extraordinarios a la banca y a energéticas sino que con constantes amenazas de nuevos gravámenes y de cambios en las reglas del juego para evitar que siguiesen «beneficiándose» de la crisis.

22 de febrero de 2024.- En una conferencia con analistas Sánchez Galán vuelve a la carga contra el impuesto extraordinario. Dice que mantenerlo no tenía «ningún sentido» y que España era uno de los países con más impuestos del mundo, con más de 40 tributos y tasas diferentes El presidente de Iberdrola había intentado acercamientos con el Ejecutivo durante 2023 para intentar alargar la vida de las nucleares y reducir el coste de las energéticas, pero sin éxito. Una tregua también marcada por las elecciones de junio del año anterior y que ahora volvía a romperse por las intenciones de prorrogar un gravamen con el que el Ministerio de Hacienda ingresó unos 2.800 millones, pero que finalmente decayó gracias al rechazo de PNV y Junts al plan del Gobierno.

Inversiones de Iberdrola

28 de abril de 2025.- España se queda sin electricidad durante prácticamente todo el día. Sin aclarar completamente cuáles fueron las causas, aunque todos los informes apuntan a una falta de planificación y un exceso de energías renovables en el sistema, en el Ejecutivo señalaron a las empresas privadas e intentaron desligar las culpas de la semipública Red Eléctrica (Redeia). Una batalla dialéctica de muchos meses en la que quedó muy tocada (aún más si cabe) la relación con Endesa, Repsol e Iberdrola, que se sintieron culpabilizadas por La Moncloa. En el caso de Sánchez Galán, recordó que Redeia es la responsable de la operación del sistema eléctrico español y reiteró que la posibilidad de alargar la vida de las nucleares «es la mejor solución económica para mantener el servicio eléctrico en el país», complementada con las renovables. Todo lo contrario al dogma instalado por la ex ministra Teresa Ribera y perpetuado por su sucesora, Sara Aagesen.

24 de septiembre de 2025.- Iberdrola presenta su Plan Estratégico 2025-2028 con 58.000 millones de euros en inversiones en todos los territorios en los que opera y con 4.400 millones destinados a España. No obstante, este montante -al menos 1.000 millones- se queda en el aire a la espera de las condiciones finales que imponga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de retribución. Es decir, se desbloqueará si el regulador sube sustancialmente los peajes que se le pagan al operador por usar sus redes. Del mismo modo, la compañía también vigila lo que pasará con la vida de las nucleares y serán más activos en la medida en que se pueda lograr un pacto favorable para el sector.

Este plan se conocía solo dos días después de que el Ministerio de Economía publicara el dato de inversión extranjera directa del primer semestre, con una caída del 60% hasta los 8.476 millones de euros. El mayor bajón en 16 años y el segundo peor volumen desde 2014, solo por debajo del desplome producido durante la pandemia. Pese a que hablamos de empresas foráneas, el dato de corporaciones españolas que invierten en proyectos dentro del país -desde economías con una fiscalidad más laxa- también cayó brutalmente: un 78%. Las grandes compañías locales han recortados sus inversiones, lo que sumado al bajón extranjero nos deja lejos del récord de 36.000 millones del año pasado.

Proyectos congelados

Y no estamos ante dos hechos aislados. No es una buena noticia que suspenda sus inversiones la empresa que más desarrollo ha hecho en renovables en el país y cuyas infraestructuras son utilizadas por La Moncloa para felicitarse en foros internacionales de «la apuesta» de Sánchez por la transición energética. Pero tampoco es una buena noticia lo que este periódico lleva meses advirtiendo: el hastío de las grandes empresas por las trabas para la inversión y un marco regulatorio enrevesado y oneroso que desincentiva cualquier proyecto de largo aliento.

El Gobierno se ha defendido indicando que las cifras dicen lo contrario y, en efecto, los niveles de inversión extranjera se mantenían, aunque con la inversión interna dando síntomas de debilidad: un 1,7% de alza en 2024, más de cuatro puntos menos que el 5,9% de mejora de la inversión pública. Las decisiones sobre dónde invertir se resuelven con años de planificación y -en el caso de Iberdrola- tomando nota de todo lo que lleva pasando en España en el último lustro, por lo que ahora solo conocemos el resultado de análisis en los que se lleva meses trabajando. Algo que -de manera más discreta- también han hecho otras corporaciones.

Y es que Iberdrola no es la única empresa que ha pausado sus proyectos. Un puñado de corporaciones del sector energético, pero también de las infraestructuras, la construcción e incluso de la tecnología están a la espera de que se despeje el horizonte regulatorio para tomar decisiones. Llevan meses analizando el comportamiento del Gobierno y avisando del aumento de los impuestos, de las tasas extraordinarias, del encarecimiento de la regulación laboral, de las trabas burocráticas y de la poca confianza del Ejecutivo y de sus socios de coalición con las grandes empresas. Y ahora congelan inversiones a la espera de la evolución regulatoria.

Incertidumbre política

Tampoco ayuda la incertidumbre política, los casos de corrupción que cercan el entorno del presidente del Gobierno y la sensación de cierto hartazgo institucional. No nos olvidemos que la mayoría de las grandes empresas del Ibex, en especial las energéticas, la banca y las constructoras tienen gran parte de sus negocios fuera de España y no sería difícil volcarse en mercados como Estados Unidos, Brasil o el resto de Europa si en España no encuentran las condiciones adecuadas para desarrollar sus negocios. Por ello, es ahora -ante el fin de ciclos inversiones comprometidos con anterioridad- cuando todo comienza a quedar en el aire. Y así podría estar varios meses hasta que se aclare el panorama.

Las energéticas piden certidumbre en asuntos como la retribución de los peajes eléctricos y la vida de las nucleares, y las constructoras piden mejoras en el sistema de contratación para evitar que licitaciones se queden desiertas y no se favorezca exclusivamente a entidades públicas. Tampoco gusta el exceso de intervencionismo de La Moncloa en operaciones como la opa del BBVA a Sabadell o la entrada en empresas públicas como Indra, Telefónica y Talgo. No son decisiones que se hayan tomado de la noche a la mañana, sino que son meditadas. Ahora dejan la pelota en el tejado del Gobierno, que debería mover ficha, aunque muchos dudan de que finalmente termine haciendo guiños a la gran empresa ya que -creen- la deriva populista en la que ha entrado Sánchez y sus intereses electorales estarán por encima de los corporativos. Veremos.