La burocracia dilata hasta dos décadas la comercialización de las viviendas protegidas

El desarrollo de proyectos y la comercialización de viviendas protegidas sigue en niveles mínimos. Detrás de esta situación que deja sin oportunidades de vivienda a muchas familias que no pueden acceder a los inmuebles del mercado libre están la burocracia y el reparto competencial. En algunos casos, la comercialización de las promociones se dilata hasta dos décadas. Estas demoras hacen, además, que se disparen los costes debido al mantenimiento extra y el aumento de precio de los materiales.

El Tribunal de Cuentas ha desarrollado un trabajo, que ha analizado THE OBJECTIVE, en el que fiscaliza la actividad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). En este informe quedan patentes algunas de las causas por la que el mercado de vivienda protegida no funciona.

Según el informe, tanto el reparto competencial entre las diferentes administraciones territoriales como las exigencias legales aplicables a la tramitación de dichas actuaciones figurarían entre las causas de tales demoras, comprometiéndose con ello la eficacia de los resultados pretendidos, además de dar lugar a que se produzca un incremento global de los costes de las actuaciones. Los costes estimados a finales de 2024 fueron un 18% superiores a los previstos dos años antes, a finales de 2022.

Desplome de la vivienda protegida

Uno de los datos que destaca el informe del organismo fiscalizador es que entre 2000 y 2010 se construyeron de media anual 56.813 inmuebles protegidos. La cifra promedio se redujo a 8.551 entre 2018 y 2023. Esta situación evidencia una deficiente gestión en los últimos años del suelo público y el mínimo impulso de la vivienda protegida. En cualquier caso, también se constata un drástico descenso de edificación de vivienda libre.

El Tribunal de Cuentas apunta que en las actuaciones en fase de desarrollo urbanístico hay «plazos de ejecución muy dilatados que distancian más allá de lo razonable el momento de aparición de las necesidades de vivienda y su satisfacción». En este sentido, también el Observatorio del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) apuntaba recientemente que el número de nuevas viviendas terminadas está por debajo de la creación neta de hogares.

Esto ha provocado un déficit de vivienda nueva de 375.000 unidades en 2022 y 2023. A este déficit habría que añadir el previsto para 2024 y 2025, que superará las 225.000 unidades adicionales. Así, en solo cuatro años el desfase acumulado se situará en 600.000 viviendas nuevas.

El papel de Sepes

Sepes tiene asignado un papel relevante en el impulso del alquiler a precios asequibles. Con dicha finalidad había recibido del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a 31 de diciembre de 2024, más de 1.500 millones de euros para financiar actuaciones residenciales con una previsión de 16.800 viviendas.

El Tribunal de Cuentas destaca que en la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización ninguna de las actuaciones reguladas por el Convenio Mivau-Sepes para las viviendas protegidas a precio asequible había concluido.

Operación Campamento

Desde el inicio de las actuaciones, han transcurrido más de 20 años en la Operación Campamento en Madrid y más de 14 en Parque Central de Ingenieros y Cuartel y Maestranza de Artillería de Valencia. Mientras, en el caso del Regimiento de Artillería de Sevilla han sido 16; 26 en Can Escandell en Ibiza; y 18, en Buenavista Residencial en Málaga.

En cuanto a su situación urbanística: para la Operación Campamento en Madrid está pendiente de aprobar el Convenio que regule el desarrollo de la actuación y el proyecto de urbanización; en la actuación Parque Central de Ingenieros en Valencia, la más avanzada, están pendientes de finalizar las obras de urbanización; en el Cuartel y Maestranza de Artillería de Valencia, está pendiente de aprobar el proyecto de urbanización; en las actuaciones Regimiento de Artillería en Sevilla y Can Escandell en Ibiza están pendientes de ejecutar las obras de urbanización

Conclusiones y recomendaciones

El Tribunal de Cuentas señala que Sepes ha cumplido en general los requisitos legales en convenios, contratos y gestión patrimonial, sin perjuicio de que se han identificado deficiencias como la falta de reuniones de las comisiones de seguimiento previstas, la no adaptación de convenios antiguos a la Ley 40/2015, y la existencia de parcelas sin destino definido.

El organismo fiscalizador recomienda reforzar la planificación de las operaciones urbanísticas con estudios de demanda y plazos realistas, intensificar la coordinación con las administraciones implicadas y diseñar un plan que permita dar salida en un tiempo razonable al stock de inmuebles sin vender, garantizando que las viviendas públicas lleguen en condiciones adecuadas a los ciudadanos que las necesitan.