Hacienda oculta las cuentas abandonadas con las que ha ingresado 200 millones desde 2018

El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, oculta los detalles de las cuentas bancarias y títulos abandonados por los ciudadanos. Gracias a estos fondos, el Estado ha ingresado 199,7 millones de euros solo entre 2018 y 2023. El artículo 18 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) establece que corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en entidades financieras respecto de los cuales el titular no haya ejercido derecho alguno sobre ellos en el plazo de 20 años.

Tras este período, el dinero pasa a ser propiedad del Estado. Antes de esto, el banco debe asegurar que no hubo movimientos y avisar al titular con al menos tres meses de antelación. Las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados están obligadas a presentar ante la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente, dentro del primer trimestre de cada año, una declaración con la relación las cuentas abandonadas.

Las actuaciones sobre saldos abandonados en 2023 -último año disponible- supusieron un ingreso en metálico para el Estado de 13 millones. La declaración de abandono de valores afectó a 4.666.959 títulos, con un valor nominal de casi 15,4 millones. La mayor cifra recogida en las memorias de la Dirección General de Patrimonio del Estado, analizadas por THE OBJECTIVE, tiene lugar en el año 2000. Los ingresos superaron en ese ejercicio los 62 millones.

Desde principios de año, la Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre las cuentas bancarias que no registran movimientos en las últimas dos décadas. La medida tiene como objetivo combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, poniendo en el punto de mira las cuentas abandonadas.

El destino de las cuentas abandonadas

Los saldos son transferidos al Estado y acaban financiando acciones del Real Patronato sobre Discapacidad. El patronato es el encargado de promover la prevención, rehabilitación e inserción social de las personas con discapacidad en España. Depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Las cuentas abandonadas suelen pertenecer a personas ya fallecidas que no dejaron testamento. Un titular puede también dejar de usar una cuenta si no necesita domiciliar la nómina o facturas, o si la cuenta se heredó y ya no tiene utilidad para el cliente. 

Si bien Hacienda detalla en las memorias de la Dirección General de Patrimonio las actuaciones realizadas y los importes retenidos, oculta toda la información relativa a las cuentas bancarias afectadas y las entidades vinculadas a estas. Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a la que ha accedido THE OBJECTIVE, en la que además queda patente que no se expiden certificaciones a los titulares de las cuentas que han sido declaradas en abandono.

Opacidad de Hacienda

El organismo independiente que vela por la transparencia en el sector público se posiciona en este caso a favor de Hacienda y desestima la petición de información del ciudadano. El Ministerio de Hacienda se había negado a facilitar los datos requeridos por el ciudadano, ya que alegó que era necesaria la reelaboración y una labor de anonimización.

«(…) Es un hecho que la información sobre saldos y depósitos abandonados se recibe en una pluralidad de centros, y que no hay un formato homogéneo. Las comunicaciones se presentan, con carácter general, en las Delegaciones de Economía y Hacienda correspondientes a la provincia en la cual las entidades financieras tienen su sede social», señala el ministerio.

El departamento que dirige Montero alega que la petición trata de un supuesto de reelaboración de los previstos en el art. 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ya que se solicita un documento que no existe hasta el momento. «A ese respecto, el documento o informe que habría que elaborar tendría que contener un conjunto o selección de datos agrupados en un formato en el que actualmente no se encuentra disponible la información».

Hacienda señala que la solicitud puede entenderse abusiva conforme al artículo 18.1.e) de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y según los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya que para ser atendida, requeriría un tratamiento la gestión de los empleados públicos. Por último, argumenta que dicha información se encuentra protegida por el deber de reserva al que están sometidas las entidades financieras.