El Gobierno ya ha gastado 85.500 millones extra pese a tener prorrogado el Presupuesto
Convierte en prioridad las partidas de Defensa, que suben solo en 2025 en 6.239 millones, y las de Política Territorial
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. | EP
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha gastado 85.500 millones de euros más de lo previsto en los Presupuestos de 2023, que siguen prorrogados. Solo entre enero y julio de 2025 las modificaciones han superado los 33.000 millones, una cifra idéntica a la del coste de las bajas laborales para las empresas. Mientras, el año pasado el desvío de gasto alcanzó los 52.000 millones, según los datos que suministra la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Los datos del IGAE analizados por THE OBJECTIVE muestran que en 2024 el principal aumento de gasto corresponde a la deuda pública, 25.000 millones, prácticamente la mitad del total. Mientras, el Ejecutivo empleó 1.700 millones extra para el pago de las pensiones y otros 1.000 millones para el pago de funcionarios, asesores y altos cargos. Además, se utilizaron los 3.964 millones incluidos en el Fondo de Contingencia.
En los siete primeros meses de 2025, se han incrementado notablemente las partidas de Defensa –6.239 millones–; las del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática –2.000 millones–, la deuda pública –4.500 millones–, Economía, Comercio y Empresa –1.456 millones– y Vivienda y Agenda Urbana –2.874 millones. Mientras, cae el gasto del Ministerio de Educación, Hacienda o Ciencia, Innovación y Universidades.
Defensa vs. educación
El Ejecutivo ha decidido recurrir a la reasignación de partidas entre ministerios y está dando especial énfasis al incremento de gasto en Defensa. Es un compromiso que España tiene con la Organización del Atlántico Norte. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado junio un acuerdo con la OTAN para destinar el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa.
El artículo 134.4 de la Constitución española prevé expresamente la prórroga automática de los presupuestos del ejercicio anterior en caso de que no se apruebe una nueva Ley antes del inicio del ejercicio económico correspondiente. De esta forma, se permite la continuidad, aunque limitada, de la actividad económica del Estado. Así, se reduce la posibilidad de introducir nuevas políticas de gasto o modificar sustancialmente la estructura presupuestaria.
La prórroga de los Presupuestos
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) analizaba el pasado mayo, en un informe titulado La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado, las implicaciones derivadas de la prórroga. El trabajo resalta que aunque la prórroga es un recurso excepcional que permite al Estado seguir prestando servicios esenciales, «su alcance es limitado tanto en el tiempo como en el contenido». Además, continúa, refleja una subordinación del poder Legislativo ante al Ejecutivo, ya que no requiere la aprobación parlamentaria.
El IEE asegura que la prórroga presupuestaria es un instrumento subóptimo de programación, ejecución y gestión de los recursos públicos. Esto es debido a que restringe la actuación del Gobierno, con impacto negativo en la inversión pública. El estudio –firmado por los catedráticos Juan José Rubio y Santiago Peña así como el profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez– asevera que la prórroga presupuestaria automática supone una evidente limitación de los poderes de control del Parlamento, puesto que permite que el Gobierno siga ejecutando su política, apoyándose en la prórroga del presupuesto del año anterior.
El Ejecutivo impone su ley
Esta prerrogativa del Gobierno, junto con el derecho de veto sobre cualquier iniciativa parlamentaria en materia de gasto público o de disminución de ingresos, le permite imponer su voluntad al Parlamento a pesar de no contar, en principio, con apoyos suficientes en el mismo.
El informe destaca que los ajustes a los presupuestos prorrogados se están materializando, fundamentalmente, a través de decretos leyes, siendo la preeminencia del Parlamento la que debería imperar en la determinación de la cuantía y distribución de los créditos presupuestarios. «En este sentido, es imprescindible que los acuerdos de no disponibilidad de créditos presupuestarios se publiquen en los boletines oficiales correspondientes, pues una regla elemental de transparencia y conocimiento es la publicidad de las normas», subrayan.
En cuanto a los ingresos, la prórroga presupuestaria a la capacidad del Gobierno –o del Parlamento– para presentar iniciativas que supongan el incremento de ingresos mediante nuevos impuestos o la modificación de los existentes. La prórroga no cambia nada con respecto a un ejercicio con presupuesto aprobado. Sin embargo, según señala el trabajo de IEE, «es más probable que, en situaciones de excepcionalidad como la prórroga presupuestaria, se incida en una mala técnica legislativa». Una de las vías que deja abierta la prórroga es el abuso de los decretos leyes para la creación o modificación de figuras impositivas, que podrían tener efectos negativos.