Fedea pide repensar «de inmediato» la reforma de pensiones porque disparará el gasto

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pide reconsiderar «de inmediato» la última reforma de pensiones porque «agrava» los problemas de sostenibilidad mediante una serie de medidas que, según sus previsiones, aumentarán «considerablemente» el gasto «sin acompañarlas de actuaciones compensatorias adecuadas, ni de ingreso ni de gasto».

En un trabajo de Alfonso Sánchez, Ángel de la Fuente y Miguel Ángel García en el que se analiza el impacto de la reciente reforma de pensiones utilizando una versión revisada de su modelo de simulación del sistema público de pensiones, Fedea estima que la reforma generará un «importante» incremento del gasto en pensiones, que superará el 18% del PIB en torno a 2050, y volverá a hacerlo, aunque en menor medida, al final del horizonte de proyección, que se cierra con una tendencia al alza que podría llevar a un nuevo máximo en 2070 ó 2080, según recoge Europa Press.

El grueso del incremento del gasto, explica Fedea, proviene de la primera fase de la reforma, que contempla la revalorización de las pensiones con el IPC, pero también contribuyen de forma «significativa» las medidas de la segunda fase de la reforma, especialmente a partir de 2050, advierte.

Esta segunda fase de la reforma incluía subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción, desde 2027, a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.

Mientras que Fedea calcula que el gasto en pensiones alcanzará el 18,5% del PIB para 2050 como resultado de la reforma de pensiones en su conjunto, los ingresos subirán, pero mucho menos: solo llegarán al 10,35% del PIB para entonces. El déficit básico del sistema contributivo (antes de transferencias del Estado) se disparará así a niveles superiores al 8% del PIB a partir de 2050, estima Fedea. «Si a esto le añadimos el hecho de que nuestra situación actual en términos de déficit y deuda del conjunto de las administraciones públicas no es particularmente boyante, resulta difícil evitar la conclusión de que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones de lo que el actual Gobierno propone», subraya su informe.

Un sistema de pensiones «excesivamente generoso»

Para Fedea, el mejor punto de partida para diseñar una política «razonable» de pensiones sería el reconocimiento «explícito» de que el sistema español resulta «excesivamente generoso» en relación con sus recursos y con el crecimiento esperado de la economía española. En concreto, Fedea afirma que, dada la actual esperanza de vida tras la jubilación (21,2 años a los 65 años) y la evolución esperable en el futuro de esta variable (4,9 años adicionales en 2050), de los niveles de productividad y ocupación y de la relación entre la población jubilada y la que está en edad de trabajar, «las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten los salarios y los tipos existentes de cotización».

Fedea critica que el Gobierno pretenda resolver el problema ofreciendo «un cheque en blanco» con cargo a la Administración General del Estado. «Nos tememos que eso solo creará las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en inasumible y, mientras tanto, podría dejar un espacio insuficiente para otras prioridades, como empieza a apreciarse en las carencias cada vez más visibles en los servicios públicos por falta de inversión, desde la sanidad hasta el transporte ferroviario, pasando por los servicios de prevención y extinción de incendios», argumenta Fedea.

Para la Fundación, sería necesario buscar un equilibrio «más razonable» entre el gasto en pensiones y el margen fiscal reservado a otras necesidades. Este equilibrio, precisa, podría plasmarse en una revisión del mecanismo de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), «cuya condición de activación debería fijarse en términos de un límite máximo razonable al déficit básico del sistema de pensiones (incluyendo clases pasivas), en lugar de la poco transparente y excesivamente laxa condición actual».

En opinión de Fedea, habría que reducir la actual tasa de prestación (el cociente entre la pensión y el salario medio) hasta niveles similares a los observados en otras economías europeas. «Para avanzar en esta dirección será necesario adoptar medidas de contención del gasto en pensiones que habrán de extenderse tanto a los pensionistas presentes como a los futuros, afectando por tanto no sólo al cálculo de las pensiones iniciales sino también a su revalorización», sostiene.

En estas medidas, añade, deberían incluirse la extensión gradual del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral (sin permitir descartes), junto con un «endurecimiento» de otros parámetros del cálculo de la pensión y el acceso a la misma, así como la recuperación del factor de sostenibilidad o el establecimiento, una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria de 67 años, de un nexo automático entre la edad legal de jubilación y la esperanza de vida «en buena salud», con las excepciones necesarias para aquellas ocupaciones que no lo permitan por su dureza física.

«Restringir» el blindaje ante el IPC de las pensiones

En cuanto a la actualización de las pensiones, Fedea propone restringir «el blindaje total» ante la inflación a las prestaciones mínimas, estableciendo para las demás un límite máximo de pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de la vida «que deje un cierto margen de maniobra en este ámbito».

En todo caso, Fedea cree muy probable que estas medidas sean insuficientes y que resulte necesario inyectar recursos adicionales al sistema. Una parte de estos recursos, plantea, podría conseguirse mediante la emisión de deuda a devolver cuando la pirámide poblacional se normalice en alguna medida, pero dado el «ya muy elevado» nivel de endeudamiento, considera que el margen existente es «muy limitado».

Otra posible fuente de recursos adicionales, agrega el organismo, sería una subida de las cuotas sociales, pero entiende que no conviene abusar demasiado de esta posibilidad.

Recargo adicional en la cuota estatal del IRPF

Finalmente, Fedea cree que puede ser necesario recurrir a aportaciones complementarias de recursos procedentes de la caja general del Estado. En tal caso, advierte de que sería esencial asegurar que, «a diferencia de lo que ha sucedido hasta el momento», tales aportaciones sean transparentes para los ciudadanos y que su coste se reparta de una forma equitativa entre todos.

Para los expertos de Fedea, una buena opción que habría que considerar sería la de financiar tales aportaciones, o al menos su incremento futuro, mediante un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF, «que es seguramente el impuesto más equitativo» que tiene España. «El recargo ayudaría mucho a visibilizar los costes reales y de oportunidad del sistema de pensiones, que ahora el ciudadano difícilmente percibe, lo que podría hacer algo más sencilla políticamente la introducción de medidas de control del gasto», sostiene Fedea.

A medio y largo plazo, Fedea pide considerar «seriamente» la posibilidad de adoptar un modelo de cuentas nocionales, como el sueco, con una rentabilidad nocional ligada al crecimiento del PIB o la masa salarial agregada, todo con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema.

Finalmente, Fedea defiende que todo esto debería complementarse con una revisión «a fondo» de la normativa sobre jubilación, que permita compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo remunerado mediante fórmulas flexibles para la prolongación voluntaria de la vida laboral.