La ¿calamitosa? economía de la Segunda República

¿Puede considerarse calamitosa la gestión económica de la Segunda República? Lo primero que hay que decir es que seguimos sin disponer de datos precisos sobre la evolución de los precios, los salarios o el paro de la época, por lo que, como Francisco Comín advierte, «sostener cualquier interpretación contra viento y marea no es lo más sensato».

¿Y qué es lo que sabemos? Pues sabemos que la España de principios del siglo XX era uno de los países más atrasados de Europa. Su población de 23,5 millones de personas estaba integrada por unas 12.000 familias de terratenientes, 4,7 millones de clases medias y 17 millones de trabajadores por cuenta ajena que cobraban salarios miserables. Es decir, tres cuartas partes de los españoles vivían en una situación de pobreza extrema.

Esta estructura social solo puede ser una receta para el desastre y la prueba es la enorme inestabilidad social y política que se vivía. Inestabilidad social, porque había conflictos constantes en las fábricas y en el campo, donde eran habituales las ocupaciones de tierras sin labrar. E inestabilidad política, porque en los ocho años que duró la Segunda República, es decir, incluyendo la fase de la Guerra Civil, hubo nada menos que 26 Gobiernos de coalición.

Las reformas republicanas del bienio progresista intentaron ir a la raíz de este malestar atajando las grandes desigualdades y la primera de sus medidas fue la promulgación en 1931 de una Constitución pionera en muchos aspectos. Establecía el sufragio universal, incluyendo por primera vez el derecho al voto de las mujeres. Reconoció libertades fundamentales, como las de expresión, asociación y reunión. Y definió un cuadro de derechos laborales (subsidio de paro, salario mínimo, vacaciones anuales, etc.) que prefigura el actual estado de bienestar.

Pero no se aprobó por consenso, sino por mayoría y, como ha señalado el historiador Julio Aróstegui, fue siempre una Constitución de izquierdas, impuesta por un grupo de españoles sobre otro grupo de españoles.

Por lo demás y gracias a la muy meritoria reconstrucción de series estadísticas que ha llevado a cabo Leandro Prados de la Escosura, sabemos que el periodo que va de 1930 a 1935 no fue un periodo de empobrecimiento. El PIB varió un -0,02%, o sea, no varió.

Tampoco es verdad que la reforma agraria, sin duda la medida estrella del bienio progresista, fuera una pieza de legislación comunista. Era bastante garantista y condenaba los repartos espontáneos de tierras que promovían tanto anarquistas como socialistas. Su gran defecto fue la falta de realismo. El Estado carecía en aquel momento de los recursos necesarios para llevarla a cabo al ritmo que la sociedad demandaba y eso alimentó frustración y violencia.

El abismo entre la realidad y el deseo fue una constante de la Segunda República. Sus dirigentes aspiraban a que el Estado ofreciera unos servicios que era incapaz de sufragar. Ellos mismos eran conscientes y, de hecho, en 1932 introdujeron la llamada «contribución general de la renta», antecedente de nuestro actual IRPF. Por desgracia, la recaudación aumentó solo temporalmente. A partir de 1935 volvió a caer por culpa del fraude de las grandes fortunas.

Otra limitación de la Segunda República fue la falta de formación económica de sus políticos, pero la compensaban con una saludable obsesión por la ortodoxia fiscal y la estabilidad monetaria. Con la excepción de 1934, la Hacienda nunca fue deficitaria. También se atacó con firmeza la inflación heredada de la dictadura.

En suma, la gestión económica de la Segunda República no fue ni radical ni catastrófica. Se adoptaron medidas similares a las del resto de Europa para sacar al país del atraso, hubo ortodoxia fiscal y monetaria y, mal que bien, el PIB se mantuvo.

¿Por qué estalló la guerra, entonces?

Sobre ello debaten el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de THE OBJECTIVE en este nuevo episodio de El Gris Importa.