El Secretariado Gitano pide a Sánchez priorizar el fin del chabolismo en el plan de vivienda

Aún hoy, en pleno 2025, más de 24.000 personas viven en España en chabolas e infraviviendas. De todas ellas, la mayoría son del pueblo gitano. En concreto, un 71% de las personas que viven en los asentamientos donde predominan las chabolas. Los árabes ascienden al 24%, frente al 1% de personas árabes en los asentamientos no chabolistas. De ellas, la mayoría son niños que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad y pobreza.

Por ello, la Fundación Secretariado Gitano insta al Gobierno a tomar medidas y que por primera vez se haga efectivo el mandato, incluido en prácticamente todos los anteriores planes estatales de vivienda, de erradicar el chabolismo. Esta semana, la directora general de esta fundación, la exdiputada de Ciudadanos Sara Giménez, ha participado en un encuentro junto a otras entidades sociales y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para transmitirle sus peticiones.

«Estamos en un momento en el que se está gestando el Plan Estatal de Vivienda. Vemos una gran oportunidad para generar un cimiento claro, con efectividad y mandato para que esta realidad desaparezca», ha asegurado Giménez en un encuentro con los medios. «Que se aborde la infravivienda y el chabolismo; es el mejor momento para marcar prioridades, es la dimensión en la que queremos dar visibilidad». La Fundación espera que realmente se aborde esta situación que ya se ha contemplado en los últimos planes estatales de vivienda y que se ha incluido también en la última Ley de Vivienda, pero sin ninguna concreción al respecto.

Condicionalidad e incentivos a las comunidades autónomas

La Fundación Secretariado Gitano insiste en que acabar con el chabolismo y realojar a las personas que viven en estas condiciones es una iniciativa para la que hay fondos europeos, pero que no solo no se han destinado, sino que ni siquiera se han solicitado. «Es una realidad para la que hay fondos, hay fondos Feder y del plan estatal de vivienda, pero las comunidades autónomas no los han dedicado a erradicar el chabolismo. Ni siquiera los han pedido en muchos casos», asegura Giménez, al tiempo que insiste en que «con tener un plan no es suficiente, se necesita un mandato más claro».

«Entendemos la competencia estatal y la territorial, pero tiene que haber un mandato claro a las comunidades autónomas de que tienen que trabajar de manera eficiente de erradicar el chabolismo». Para ello, esta fundación propone dos medidas claras. Por un lado, condicionar la recepción de fondos de las comunidades autónomas en el marco del Plan Estatal de Vivienda para obligar a que una parte de estos fondos se dedique realmente a erradicar el chabolismo. «Hasta ahora no se ha hecho, la buena voluntad no ha ido acompañada de realidad», asegura la directora general de la fundación.

Por otro, «hay que incentivar a las comunidades autónomas para que la parte de fondos dedicada a esto no les descuente o minorice de lo que va a otras cuestiones. Es decir, que se premie y se condicione». La idea de la fundación es que se haga un incremento sustancial de la cofinanciación estatal en las actuaciones subvencionables que tienen como objetivo la eliminación de los asentamientos chabolistas en España. «Los recursos asignados a este objetivo no deben computar como presupuesto del PEV».

Dispersión y seguimiento

Además, defienden que el coste de la asistencia técnica para el diseño de planes eficientes de realojo e inclusión social deba poder ser elegible bien a través de la participación de organizaciones sociales con experiencia en el apoyo a la inclusión social y el acceso a una vivienda digna, bien a través de asistencia propia de la administración central. «Sabemos lo que funciona y lo que no. Hay que hacer acompañamiento social durante el proceso, dispersar a las familias, no crear nuevos guetos», explica Giménez.

El Secretariado Gitano pide también que las medidas destinadas a personas con dificultades económicas incorporen criterios de progresividad en la asignación de las mismas, de manera que se dé prioridad a las personas con menos ingresos y aquellas que viven en chabolas o proceden de realojos, las familias en exclusión social y las que sufren discriminación por motivos étnicos así como las beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.