Bruselas persiste con el expediente a España pese a fracasar la opa del BBVA al Sabadell
La Comisión Europea considera que la legislación española que incumple la normativa comunitaria

Sedes del BBVA y el Sabadell.
La Comisión Europea ha dicho este viernes que no comenta «operaciones de mercado» para evitar dar un juicio sobre el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En cambio, ha aclarado que sigue adelante con el expediente sancionador abierto contra España por los poderes discrecionales que la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar ese tipo de operaciones, ya que el procedimiento examina la ley y no un caso específico.
Bruselas «no comenta el resultado de ninguna operación de mercado y nunca lo hará», ha zanjado el portavoz comunitario para Servicios Financieros, Olof Gill, en una rueda de prensa al ser preguntado por la OPA fallida.
Además, preguntado por el procedimiento de infracción que el Ejecutivo comunitario inició en julio contra España, el portavoz ha aclarado que «sigue en marcha» en tanto que se inició al considerar que hay legislación española que incumple la normativa comunitaria y no en relación con el caso preciso del BBVA y Sabadell.
«La clave a tener en cuenta es que cuando la Comisión inició el procedimiento de infracción fue en relación con determinadas disposiciones de la ley española que, estimamos, infringe el Derecho comunitario», ha resumido el portavoz, quien ha añadido que con ello, la norma española «afecta a las competencias exclusivas» del Banco Central Europeo.
Además, el portavoz ha insistido en que Bruselas «no comenta casos individuales de consolidación bancaria», pero también ha añadido que es conocido que el Ejecutivo comunitario considera que la consolidación del sector a través tanto de fusiones nacionales como transfronterizas «puede ayudar a mejorar la eficiencia bancaria» y, con ello, mejorar la economía europea y beneficiar a los consumidores en su conjunto.
El pasado mes de julio, los servicios comunitarios enviaron una carta de emplazamiento a las autoridades españolas avisando de las dudas de Bruselas respecto a la transposición de dos normas europeas que en su opinión requieren un cambio profundo y cuestionando también que la intervención del Gobierno en la OPA fuera más allá del interés general.
Con ese paso, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España que abre un periodo de diálogo con las autoridades nacionales para resolver las inquietudes de los servicios comunitarios. De no resolverse el problema y seguir adelante con el expediente, el asunto podría acabar en última instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.