La burguesía catalana empuja a Junts contra el «populismo económico» de Sánchez

22 de enero de 2025.- El Congreso bloquea la convalidación del real decreto del Gobierno para prorrogar el impuesto extraordinario a las empresas energéticas que Moncloa había consensuado con ERC, Podemos, Bildu y BNG. Después de semanas de reuniones PP, Vox, PNV y Junts rechazaron el gravamen, generando desconcierto entre las filas oficialistas. Se rompía nuevamente la mayoría de investidura, pero además, del lado de los socios nacionalistas e independentistas, considerados clave para sacar adelante medidas que no encontrarían apoyo en la derecha. La formación catalana votaba también en contra de una ley ómnibus que incluía subida de las pensiones, prórroga del decreto antiopas y ayudas al transporte. Se instalaba así la idea de que el partido comenzaba a actuar más allá de las tradicionales amenazas para lograr concesiones para Cataluña. Lo hacía con agenda económica propia, alineándose con el mundo empresarial y lejos de las medidas más progresistas y cercanas a la órbita de Podemos o de Sumar.

22 de julio de 2025.- El Parlamento rechaza las medidas planteadas por el comité de expertos que analizó los motivos del corte que dejó sin luz a toda la península ibérica a finales de abril. El famoso decreto antiapagones decae por el rechazo, además de Junts, PP y Vox, de Podemos. Los primeros tres, por considerarlo demasiado intervencionista y por poner en el centro de la responsabilidad a las grandes energéticas; la extrema izquierda, por considerar que no era lo suficientemente ambicioso para acabar con el «oligopolio» de las corporaciones eléctricas. Lo que quedaba claro es que los independentistas no iban de farol y que estaban dispuestos a alinearse del lado de la derecha las veces que fuese necesario, no solo para presionar a Pedro Sánchez –a quien invistieron a finales de 2023– sino también para echar un capote a las empresas.

10 de septiembre de 2025.- El Congreso tumba la propuesta del Gobierno de rebajar la jornada laboral a 37,5 horas, el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Junts volvió a unirse a PP y Vox para rechazar la medida. Un debate bronco en el que la ministra de Trabajo acusó al partido de Carles Puigdemont de no representar los intereses de los independentistas, «sino a la patronal española en sus sectores más reaccionarios». Los catalanes hicieron una cerrada defensa de las pequeñas empresas que –a su juicio– no podrían sostener una medida de estas características. Un discurso similar al de las patronales de Cataluña, como Foment y Pimec, y las españolas CEOE o ATA: no es rentable para el tejido productivo asumir el coste de rebajar las horas trabajadas sin una compensación económica.

Pactos de investidura

18 de septiembre de 2025.- El Parlamento aprueba una iniciativa del PP para derogar la ley de vivienda aprobada en 2023 ante el incremento de la «inseguridad jurídica y la subida de precios en el sector», nuevamente gracias a los votos de Vox y de Junts. El partido catalán apoyaba una iniciativa que –además de las lógicas motivaciones políticas– aunaba el sentir de muchos grandes tenedores, fondos de inversión y empresarios que creen que la normativa ha empeorado el mercado y ha hecho que los propietarios no saquen sus viviendas a la venta, generando tensiones adicionales en un sector ya de por sí con oferta restringida. Si consideramos que esta misma semana (mediados de octubre) volvieron a rechazar una proposición de BNG para recortar la jornada a 35 horas, no parece que estemos ante votaciones aisladas solo para presionar al PSOE. Hay una clara intencionalidad que tiene que ver con rechazar buena parte de las medidas que (en principio) afecten al mundo empresarial… catalán.

En Junts hay decepción con el PSOE por los incumplimientos de los pactos de investidura. Y no solo con los problemas para aplicar la ley de amnistía que impide que Puigdemont vuelva a España con plenas garantías, sino también con una serie de acuerdos que se siguen retrasando, como la transferencia de los impuestos, la singularidad fiscal, el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas e incluso un referéndum de autodeterminación que se incluyó explícitamente en el documento sellado en noviembre de 2023. La sensación que hay en Junts es que el Gobierno ha dilatado esta agenda sin tener voluntad de avanzar en ella y que solo formula promesas vacías cada vez que se acerca una votación importante.

Pero también es verdad que en estos últimos han comenzado una lenta reconciliación con la empresa catalana, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas compañías, pasando por la mayoría de las numerosas patronales de la región. Las históricas relaciones entre la burguesía empresarial y la CiU de Jordi Pujol llevaron a la etapa de mayor progreso industrial de la historia de Cataluña, un periodo que se rompió de manera abrupta con la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017. Hasta entonces, empresas y empresarios de cualquier color político se habían unido en torno a la certidumbre política e institucional que brindaban los convergentes: defensa irrestricta de los intereses comerciales y económicos de Cataluña, pero siempre dentro de los márgenes de la legalidad… y dentro de España.

Empresarios y Junts

El 1-O -y antes de esa fecha, toda la gestión que hicieron primero Artur Mas y luego Puigdemont- hizo saltar por los aires todos los puentes. Tras la declaración de independencia se produjo una fuga de empresas sin precedentes y, a partir de ahí, una caída nunca vista del peso económico de Cataluña.

Se marcharon la Caixa, Criteria, Banco Sabadell, Naturgy, Abertis, Inmobiliaria Colonial o Cellnex, entre otras, y les siguieron otras 8.000 pequeñas y medianas. Y CiU comenzó una larga travesía por el desierto que empezó con la huida de Puigdemont a Waterloo, siguió con la fundación de Junts en 2020 y dio paso al Gobierno de Quim Torra, que insistió en la independencia y en la vuelta de su líder, y que renunció a recuperar la conexión con el mundo empresarial. En 2020 pierden la Generalitat y les sustituye la ERC de Pere Aragonés. En agosto del año pasado fueron la segunda fuerza, pero insuficiente para evitar el triunfo del PSC, que volvía a gobernar tras veinte años.

Esta convulsa etapa sirvió para que el partido entendiera que no debía olvidar sus orígenes conservadores y que su mayor caladero de votos siempre fue la histórica burguesía catalana. Con ERC acaparando el voto de la izquierda, volver a estas esencias también pasaba por recuperar la confianza del empresariado local vinculado a CiU. Para ello fue fundamental el trabajo de Jaume Giró, conseller de Hacienda entre 2021 y 2022 y miembro de la ejecutiva de Junts hasta septiembre del año pasado. Exdirectivo de Fundación La Caixa y Repsol, suavizó las relaciones con las grandes empresas y con las patronales y, pese a que salió del partido por discrepancias con Puigdemont, logró consolidar una importante complicidad entre el mundo corporativo, el partido y las patronales.

También ha sido clave el acercamiento con Foment, la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre que, con el aval de la CEOE -con poco perfil- de Antonio Garamendi, ha impuesto una agenda proempresa en el mundo independentista. Y es que todos los proyectos que ha rechazado Junts desde comienzo de año no responden a la casualidad. Forman parte de una acabada estrategia electoral y política en la que intenta hacer encaje de bolillos para aumentar su electorado, recuperar la confianza de la burguesía empresarial y presionar a Sánchez para que acceda a sus demandas históricas. Y de momento, la alianza comienza a funcionar en los dos sentidos, ya que desde comienzos de este año las empresas -incluso las grandes- han comenzado a volver a Cataluña. En enero volvió Sabadell y en marzo Criteria y la Fundación La Caixa. Es cierto que debido al nuevo contexto institucional facilitado por el PSC en el poder, pero ha ayudado el compromiso implícito de Puigdemont de no agitar el avispero con la independencia en aras de buscar la normalización.

Opa al Sabadell

Junts también ha sido un actor principal en la opa del BBVA al Sabadell que fracasó estrepitosamente esta semana con apenas un 26% de adhesiones. Ha sido la única formación política que se ha puesto en primera línea, no solo pidiendo al Gobierno central que no aceptase la operación y forzando votaciones en el Parlament sino, como ya informó esta Opa hostil, haciendo un arduo trabajo de campo para asegurarse que los pequeños accionistas y grandes inversores no aceptaran la propuesta del banco vasco. La llamada a defender la catalanidad tuvo en el partido de Puigdemont a su mejor aliado, y muchos creen que su intervención a todos los niveles fue una de las claves para el éxito de la entidad capitaneada por Josep Oliú (representante de la burguesía catalana) y César González-Bueno. Un éxito del que el propio Puigdemont se ha congratulado y que en los cuarteles del partido se ha tomado como una victoria propia.

¿Y ahora, qué? Empresarios catalanes y sus patronales han transmitido a Junts que es muy importante seguir bloqueando las políticas que vienen del entorno de Podemos y de Sumar y que suelen atacar los intereses del mundo corporativo. Y no hablamos solo de la jornada laboral reducida: piden oponerse a potenciales subidas de impuestos a las pymes, aumentos de los costes laborales y ataques a la seguridad jurídica. En definitiva, la «agenda populista» de Pedro Sánchez, que –creen– solo quiere ganar votos entre la izquierda, pero que en nada ayuda a las empresas y a la economía en general. Al contrario, resta competitividad.

Presupuestos y autónomos

En esta clave se entiende su posición esta semana a propósito de la subida de la cotización de los autónomos. En una entrevista, la portavoz Miriam Nogueras, recordó que su partido salió «el primero» a rechazar esta medida y señaló que no entiende que el Gobierno, en el momento en el que está «recaudando más que nunca», haga todo lo contrario a «ayudar para generar más riqueza». Una verdadera declaración de intenciones. La siguiente batalla se librará en la eventual negociación de los Presupuestos generales del Estado (PGE) que el Ministerio de Hacienda quiere presentar antes de que acabe el año. Aquí las prioridades de Junts están claras: conseguir concesiones económicas para Cataluña (que pueda presentar electoralmente en futuros comicios catalanes), pero no incluir ninguna gran subida de impuestos para las empresas ni modificaciones sustanciales en el ámbito laboral.

Una doble vía que será la tónica en los años (o meses) que queden de legislatura. Junts ha entendido que su supervivencia no pasa por mantener a Sánchez en el poder. Es verdad que no les disgusta la situación, pero asumen que el PP puede llegar a La Moncloa más pronto que tarde. Y en este sentido, no se lo pondrán fácil al PSOE. Por un lado, intentarán sacar adelante los compromisos de la investidura y aprovechar todo lo máximo posible, pero por otro protegerán los intereses empresariales y conservadores que le puedan llevar a recuperar la Generalitat en 2028. Y no solo por cercanía con el mundo corporativo catalán, sino que porque son conscientes de que cualquier alineamiento con políticas de izquierdas (como la jornada laboral o la subida de cuota de los autónomos) podría pasarle factura en las urnas. Se aproximan curvas…