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Economía

CNC y los sindicatos de la construcción pactan una subida salarial del 7,25% hasta 2026 

Piden modificar la Ley de desindexación sobre los contratos públicos e incluir la mano de obra en la revisión de precios

CNC y los sindicatos de la construcción pactan una subida salarial del 7,25% hasta 2026 

Un edificio en construcción.

En plena crisis de la vivienda y con la construcción como único sector que crea empleo, según los últimos datos de afiliación a la seguridad social, la patronal y sindicatos han alcanzado un acuerdo para elevar los salarios. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-FICA han alcanzado un acuerdo en el marco del VII Convenio General del Sector que contempla una subida salarial del 7,25% hasta 2026, además de otras medidas destinadas a reforzar el sistema de pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y favorecer la incorporación de nuevos perfiles al sector.

Según el acuerdo, los incrementos salariales serán del 4% en 2025 -integrando un 3,5% de subida directa más un 0,5% de aportación adicional al Plan de Pensiones- y del 3,25% en 2026, esta subida se divide en un 3% del incremento salarial y un 0,25% adicional destinado también al Plan de Pensiones. Este plan es el primero a nivel sectorial y ya líder en partícipes, tal y como ha asegurado en un comunicado la patronal.

Asimismo, se ha acordado prorrogar la cláusula de garantía salarial para los años 2025 y 2026, que operaría en el caso de que la suma del IPC general de diciembre de ambos años supere el 7,25%, y con un límite del 9,25%, y que se aplicaría a través de una revisión adicional en 2027, que se repartiría al 50% entre incremento salarial y aportaciones al plan de pensiones.

Revisión de precios y contratación pública

Además, patronal y sindicatos se comprometen a formular conjuntamente sendas propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando la «mano de obra» como elemento revisable.

Las organizaciones firmantes subrayan también la necesidad de revisar el actual sistema de adjudicación por subasta, que prioriza el precio frente a la calidad o la inversión en innovación, ya que puede comprometer tanto la viabilidad de las empresas como los salarios de los trabajadores.

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