Illa estudia vetar la venta de pisos a inversores con un informe que avala su constitucionalidad
Un informe del Área Metropolitana de Barcelona sugiere evitar la «venta especulativa» en toda España
Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
El Gobierno de Salvador Illa ha asumido muchas de las propuestas sobre vivienda de sus socios parlamentarios de ERC y Comuns. También con la CUP pactó regular el alquiler de temporada y «blindar» la vivienda protegida. Y ahora ha asumido otra medida de los anticapitalistas que pasa por prohibir la venta de inmuebles a inversores. Si bien el president Illa ha afirmado a sus socios que irá con calma para hacer las cosas bien, tiene sobre la mesa un informe municipal que avalaría el encaje constitucional de este veto a la compra «especulativa» de vivienda.
Según confirman fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE, la Generalitat de Cataluña tiene entre sus prioridades abordar la crisis de la vivienda. Cataluña es una de las comunidades autónomas que ha intervenido más el mercado de la vivienda, topando los precios de alquiler en las zonas más tensionadas y prohibiendo los pisos turísticos en la ciudad de Barcelona. Esta última medida la ha aplicado el alcalde del PSC de Barcelona, Jaume Collboni. Y es precisamente el Área Metropolitana de Barcelona, que preside el mismo Collboni, la que elaboró un informe para garantizar la constitucionalidad de prohibir la venta de inmuebles a empresas e inversores que ahora Illa estudia con detalle.
«Impedir la especulación»
Un informe elaborado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona analizó si era extrapolable en España la medida conocida como «plan Ámsterdam», relativa a limitar la adquisición de inmuebles con el fin de vivir en ellos. El jurista Pablo Feu, autor del informe, sostiene que existen motivos suficientes para justificar esta «medida limitativa» en un contexto de crisis de vivienda y en el que el acceso de la vivienda no está garantizado.
Para sostener esta teoría recurre al artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda, que establece que «los poderes públicos deben crear las condiciones y normativas necesarias para cumplir con este derecho» y que se fijarán «normas para la regulación del uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Base jurídica
El informe también asegura que este veto se puede aplicar tanto a nivel nacional como autonómico y municipal. Y es que la Ley de Vivienda, aprobada en 2023, ya contempla facilitar el acceso a la vivienda a través de medidas como la regulación de precios en zonas tensionadas, la limitación de los aumentos anuales del alquiler al 3% (con excepciones) y la promoción de vivienda protegida.
Según sus autores, el informe ofrece una base jurídica para que todas las administraciones puedan limitar las adquisiciones de inmuebles por parte de compradores que busquen otros fines distintos a vivir en esos inmuebles. Y que solo se aplicaría en aquellas zonas de «vivienda tensionada», una fórmula jurídica amparada por la ley nacional de vivienda.
Excepciones
La medida también tendría excepciones para garantizar su «proporcionalidad». Por ejemplo, se habilitaría que una misma persona comprara una segunda residencia siempre y cuando fuera para uso propio y no para ofrecer como alquiler turístico o de temporada. En la misma línea, se contempla que grandes propietarios puedan comprar un edificio entero con varias viviendas. En este caso, también deberían ir destinados a alquiler de residencia habitual.
El informe también asegura que dicha medida intervencionista cumple con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por lo que se refiere a los requisitos esenciales para restringir el derecho a la propiedad.
Quien fuera líder de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, que es actualmente la vicepresidenta del Plan Estratégico Metropolitano, es quien está llevando las negociaciones para que el resto de administraciones, desde el consistorio de la capital catalana hasta el Estado, pasando por la Generalitat, apliquen estas medidas que avala su informe.
Intervencionismo
Hay dudas, no obstante, sobre si el intervencionismo en materia de vivienda que lidera Cataluña tiene resultados positivos para paliar la crisis. Como informó THE OBJECTIVE, los datos oficiales del Incasòl —organismo encargado de gestionar la fianza de los alquileres y de promover la vivienda pública en Cataluña— muestran una caída interanual del 19,7% en el número de contratos de alquiler de larga estancia en esta comunidad durante el primer trimestre de 2025. También apuntan hacia una reducción del 58% en el saldo de nuevas viviendas incorporadas al mercado del alquiler respecto al mismo trimestre de 2024.
En las zonas declaradas tensionadas, en las que se aplica el control de precios, la contracción del saldo alcanza el 67%. La situación es especialmente significativa en Barcelona, donde en el primer trimestre de 2025 solo se añadieron 423 nuevas viviendas en alquiler, frente a las 1.895 del mismo periodo del año 2024, lo que supone una caída del 77,7%.
Los datos también reflejan que en los cuatro trimestres en los que ha estado vigente la declaración de área tensionada se han incorporado 1.202 nuevas viviendas al mercado, un 38,2% menos que las 1.946 que se sumaron en el trimestre anterior a la declaración.