El Tribunal de Cuentas acusa al Gobierno de olvidar a los mayores en su plan demográfico

El Tribunal de Cuentas ha advertido que el envejecimiento poblacional, uno de los tres pilares del reto demográfico definidos por la Estrategia Nacional de 2019, quedó prácticamente fuera del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico aprobado por el Gobierno para el periodo 2021–2023 y que contó con un presupuesto de 13.419 millones de euros.

El órgano fiscalizador concluye que la política estatal se centró casi exclusivamente en la despoblación rural e ignoró el impacto del envejecimiento y la movilidad de la población, dos factores clave para entender la transformación demográfica del país, que cuenta con 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (hace 50 años había una persona mayor de 64 años por cada tres menores de 16 años). España está entre los países de Europa con una de las poblaciones más envejecidas: cuenta con más de 9,5 millones de personas mayores de 65 años, y en amplias zonas rurales ese grupo supera el 30% de la población. Estos datos muestran la necesidad de contar con una gestión que garantice la sostenibilidad del Estado de bienestar.

En el informe, aprobado el 23 de octubre de 2025, el Tribunal subraya que aunque el concepto de «reto demográfico» es amplio, el Gobierno lo aplicó en un sentido limitado. «En el marco internacional, el envejecimiento es el reto demográfico más referido y, por ello, la política que lleva este nombre se centra en la promoción de la natalidad y el envejecimiento activo». «En España, en cambio, este concepto se usa para denominar la nueva política pública diseñada para combatir las causas y consecuencias de la despoblación del mundo rural».

Esa orientación, añade el Tribunal, supuso que el Plan 130 —presentado en marzo de 2021 y dotado con un presupuesto transversal estimado en 13.419 millones de euros— se centrara casi por completo en actuaciones territoriales y de infraestructuras, dejando en un segundo plano la dimensión social del envejecimiento. El informe señala que el diseño del plan «no partió de una base cero», sino que se elaboró con la recopilación de actuaciones ya existentes en distintos ministerios, agrupadas bajo el paraguas del reto demográfico. En esa recopilación, «muy pocas de las medidas iniciales fueron diseñadas específicamente para cumplir los objetivos del reto demográfico», lo que se tradujo en una ausencia de iniciativas propias para abordar el envejecimiento de la población.

Tres ejes previstos, uno ejecutado

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (ENRD), aprobada en 2019, establecía que la política demográfica debía atender tres grandes retos: la despoblación, el envejecimiento y la población flotante (la movilidad estacional o pendular entre territorios). Sin embargo, el Tribunal constata que el Gobierno solo desarrolló el primero. De hecho, el informe valora un «impacto alto» de solo 61 medidas, por 4.515 millones de euros (el 34% del presupuesto estimado) y considera un impacto medio o bajo de las medidas restantes.

La ENRD señalaba que «la aplicación de la política de reto demográfico debía centrarse en la despoblación, el envejecimiento y la población flotante». «A este respecto, el Plan 130 solo desarrolló con un alcance suficiente la línea para la lucha contra la despoblación y, por el contrario, no incluyó medidas para los retos de envejecimiento y población flotante». El resultado, según el órgano fiscalizador, fue una política pública desequilibrada, que no abordó la realidad de un país con una de las poblaciones más envejecidas de Europa.

Sin estructura ni indicadores para medir el envejecimiento

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también advierte que la Secretaría General para el Reto Demográfico (SGRD) —órgano encargado de coordinar el plan dentro del Ministerio para la Transición Ecológica— carece de estructura y personal especializado para desarrollar políticas de envejecimiento o cuidados.

El informe apunta que el Miteco «no ha dotado a la SGRD de una estructura organizativa específica para implementar las funciones en materia de envejecimiento, familia, infancia e integración sociolaboral de la inmigración». Aunque el Ministerio alegó que estas competencias se coordinan con otros departamentos, el Tribunal sostiene que «esta carencia limita el pleno desarrollo de los objetivos de la Estrategia Nacional».

A ello se suma la falta de mecanismos de seguimiento. El documento destaca que el Plan 130 no estableció indicadores para medir resultados ni impacto, lo que impidió evaluar sus efectos en el envejecimiento rural. La medida 10.11 del propio plan preveía crear un Observatorio del Reto Demográfico encargado de definir indicadores, pero «a la fecha de elaboración de este informe este observatorio todavía no se había creado».

Un desafío sin respuestas concretas

El Tribunal considera que esta ausencia de enfoque en el envejecimiento debilita la coherencia de la estrategia nacional frente al reto demográfico. En su reconstrucción de la lógica del plan, el informe concluye que las actuaciones se orientaron a «mejorar las condiciones de habitabilidad de los territorios rurales», pero sin abordar las causas demográficas subyacentes, entre ellas la baja natalidad y la longevidad creciente.

El órgano señala además que la falta de coordinación con las comunidades autónomas —competentes en sanidad, servicios sociales y cuidados— ha limitado la eficacia de las medidas. La política estatal ha actuado en «silos ministeriales» y sin un marco común para las políticas de envejecimiento activo o atención a los mayores en el medio rural.

El Tribunal de Cuentas recomienda que los futuros planes frente al reto demográfico incorporen una visión integral que combine despoblación y envejecimiento, con objetivos medibles y recursos humanos adecuados, ya que una política demográfica que ignore a los mayores no puede llamarse completa.