Esperanza en los afectados de la okupación por la propuesta del PP de activar los desahucios

Los afectados por la okupación y la inquiokupación respiran con cierta esperanza tras la aprobación en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja de una propuesta presentada por el PP para adoptar medidas urgentes contra la ocupación ilegal. Con ella, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a luchar de manera contundente contra la ocupación ilegal, derogando toda normativa que la ampare. Entre las cuestiones que figuran en la misma, el Grupo Popular destaca la necesidad de dejar sin efecto la suspensión vigente de desahucios y lanzamientos para garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la Administración pública a los propietarios particulares.

Se trata de una medida excepcional, aprobada por el Gobierno durante la pandemia y que ha sido prorrogada desde entonces. Esta medida está detrás, según muchos expertos del sector y también los afectados, del fuerte incremento del fenómeno de la inquiokupación (inquilinos con un contrato legal que dejan de pagar pasados unos meses). La aprobación de esta Proposición no de Ley, con la abstención de Junts, es «una puerta abierta a la esperanza, puesto que por fin se aborda la okupación de una manera integral y seria», asegura Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación.

En declaraciones a THE OBJECTIVE, Bravo hace hincapié en que esta PNL trata por un lado de la ocupación ilegal según las figuras jurídicas de usurpación y allanamiento, y por otro, del conflicto creciente de la inquiokupación. «El problema que lo causa es el real decreto antidesahucios, y por fin hacen un planteamiento para proteger a los vecinos convivientes que ya viene recogido en la Ley aprobada en el Senado, que tienen paralizada en el Congreso», añade el portavoz de la plataforma.

Protección a los vecinos

En la Proposición no de Ley, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a «mostrar el respeto que merece el grave problema de la ocupación ilegal, evitando relativizarlo o minimizar el drama que sufren miles de ciudadanos, comunidades de vecinos y pequeños propietarios afectados por esta situación». Durante meses, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha restado importancia al asunto con el argumento de que el problema principal en España es el acceso a la vivienda, no la okupación en sí misma.

La PNL también recoge que es necesario «proteger la convivencia vecinal pacífica y respetuosa, dado que la ocupación
ilegal genera deterioro de los espacios comunes, degradación urbana e inseguridad». La Plataforma de Afectados aprecia en esta propuesta un posicionamiento claro del PP a la hora de votar la siguiente prórroga de este Real Decreto que podría producirse a comienzos de año tras pasar por el Congreso. «Vemos que se posicionan claramente en la no renovación de este real decreto, que ya lleva siete años, y en la búsqueda de alternativas para esas familias realmente vulnerables que necesitan ayuda por parte de las Administraciones públicas sin tener que derivar estas responsabilidades en terceros que, en su mayoría, somos pequeños tenedores», añade Bravo.

Falta mayoría

Esta iniciativa parlamentaria no tiene carácter vinculante. Es decir, aunque se apruebe no obliga jurídicamente al Gobierno a hacer lo que en ella se pide. Para que realmente no se prorrogue de nuevo el decreto antidesahucios es necesaria una mayoría en el Congreso. Una mayoría que depende de Junts, siempre crítico con la okupación pero que ha decidido abstenerse en esta PNL presentada por el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El año pasado, el PP finalmente votó a favor del decreto ómnibus del Gobierno, que incluía subida de las pensiones, pero también la prórroga del decreto antidesahucios. Una decisión que soliviantó a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la asociación mayoritaria de propietarios de viviendas ocupadas, que anunció que no asistiría a varios actos del PP sobre la materia.